La tarde del 7 de junio de 2017, ingresaron al sistema del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) -único organismo encargado de entregar las concesiones de marca comercial a nivel nacional -dos curiosa solicitudes formales: Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, buscaba convertirse en marca registrada.
Los expedientes 1899836 y 1896538, cuya copias posee EL UNIVERSAL, detallan que Diana Espinoza Aguilar, paraje sentimental del llamado “Narco de Narcos” buscaba que el IMPI le entregara la concesión de la marca “Rafael Caro Quintero” para comercializarla en productos de entretenimiento, actividades deportivas y cultuales, programas de entretenimiento en radio y televisión.
Además de publicaciones impresas, artículos de oficinas, materiales de construcción y hasta en adhesivos y fotografías.
Por estas solicitudes, la pareja del capo pagó 5 mil 702 pesos.
“Marca atenta contra la moral”
Cuatro meses después, el 26 de octubre de ese año, en respuesta a sendas solicitudes, el IMPI, le respondió a Diana Espinoza el impedimento legal a entregar estas solicitudes por dos cuestiones: porque reproducía el nombre de una persona y no presentaba el consentimiento expreso para su registro, y porque la marca propuesta reproducía el nombre de Rafael Caro Quintero, quien se indicaba era considerado por el gobierno mexicano como uno de los narcotraficantes más poderosos de los ochentas, por lo que “atenta contra la moral y a las buenas costumbres”.
“El signo propuesto incurre en la prohibición prevista en el articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial puesto que reproduce el nombre de Rafael Caro Quintero, quien es considerado por el gobierno mexicano como uno de los narcotraficantes más poderosos de la década de los 80, por lo que resulta ser una denominación cuyo contenido ideológico atenta contra la moral y a las buenas costumbres”.
“Caro ya es una persona pacifica y no realiza actos en contra del orden púbico”
En respuesta, Diana Espinoza entregó al IMPI, una carta poder firmada por el mismo Caro Quintero el 6 de abril de 2018, en donde le daba “a mi señora” su autorización y consentimiento para explotar su nombre e imagen:
“Yo, Rafael Caro Quintero, otorgo mi pleno consentimiento y autorización expresa a mi señora Diana Espinoza Aguilar, para que pueda usar, explotar y comercializar mi nombre e imagen, así como para que pueda tramitar y obtener el registro como marca y/ o cualquier otra figura jurídica para la protección de mi nombre “Rafael Caro Quintero” ante cualquier autoridad y en cualquier país que a su interés convenga”.
“Asimismo, manifestó que la presente autorización y consentimiento no contraviene ni lesiona mi esfera de derechos jurídicos y personales”.
Además, Diana Espinoza señaló que Caro Quintero ya había sido juzgado y condenado por su actuar y había purgado una sentencia en centros penitenciarios del país, por lo que, afirmó, no existe actualmente delito por le que tenga que ser juzgado, “es decir, dicha personas no se encuentra oculta o evitando cumplir alguna condena pendiente, no es buscado por la autoridad para sancionarlo”.
Aseguró que el “Narco de Narcos” ya era una persona pacifica y no realizaba actos en contra del orden público y en contra de la moral o buenas costumbres
“No podemos estar prejuzgando a una persona por una actividad delictuosa de su pasado, tanto que fue castigado conforme a las leyes mexicanas y sancionado por la sociedad, al convertirse en figura pública, pero no quiere decir que por tales hechos cometidos sea castigado social y públicamente, y asediar su vida actualmente, pues de ser así se estarían violando sus derechos y garantías consagrados en la Constitución”.
“Ya ahora actualmente es una persona pacifica no realiza actos en contra del orden público o a la moral, mucho menos de las buenas costumbres”.
Espinoza Aguilar manifestó que de no entregarla la concesión de marca, se estaría condenado a que los derechos civiles de su pareja se encuentran violados o que “está prófugo de la justicia, cuando no lo es”.
Tras esto, el 24 de septiembre de 2018, el IMPI le solicitó a Diana Espinoza el pago de la tarifa de servicios para seguir con el trámite, sin embargo, ya no hubo contestación y desde el 19 de noviembre de 2019, el organismo público consideró la solicitud como abandonada.
