Durante más de 20 años Jesús Hernández Alcocer operó litigios y negocios ganándose fama de ser un abogado que, por las buenas o por las malas, conseguía lo que quería. La presencia de Hernández Alcocer en cualquier lugar era notoria debido a su vestimenta: tirantes, corbata y pañuelo coordinados. Así se le conoció en las altas esferas del poder en las que se codeó con jueces, magistrados, ministros, políticos, jerarcas de la Iglesia católica y empresarios.
Sus atuendos, según quienes lo conocieron, incluían una pistola de oro incrustada con brillantes. Su gusto por las mujeres jóvenes y hermosas tampoco pasaba inadvertido.
El restaurante Suntory de la colonia Del Valle, en el sur de la ciudad de México, fue el lugar que le sirvió como oficina para realizar “tratos” en
los que, de entrada, ponía el arma sobre la mesa para advertir que su misión era solucionar a toda costa un conflicto.
los que, de entrada, ponía el arma sobre la mesa para advertir que su misión era solucionar a toda costa un conflicto.
Aunque es conocido por estar vinculado con diversos asuntos que se ventilan en juzgados de la Ciudad de México, donde ejerció su influencia, su nombre no aparece en los registros judiciales.
Fraude procesal
De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, Hernández Alcocer tiene dos cédulas profesionales. Una, expedida en 1974 con el número 0304950, lo acredita como licenciado en ciencias políticas egresado de la UNAM. La otra fue emitida apenas en 2017, con el número 10700616, que lo acredita como licenciado en derecho egresado de la Universidad del Distrito Federal.
Donde sí aparece su nombre es en el oficio número SIEDF/0374/2012 emitido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la extinta Procuraduría General de la República de fecha 18 de abril de 2012.
El documento se refiere al caso por el que Hernández Alcocer era conocido antes de su detención: el fraude millonario por el que el ahora fallecido obispo Onésimo Cepeda fue denunciado.
Hernández Alcocer aparece como probable responsable junto con el obispo y personalidades como el entonces ministro Sergio Armando Valls Hernández, también ya fallecido, los magistrados federales Manuel Baraibar Constantino y José Pablo Villalba; el magistrado electoral José Alejandro Luna Ramos; el abogado especializado en propiedad intelectual, Alejandro Luna Fandiño, y el empresario Jaime Matute Labrador.
Hernández Alcocer aparece como probable responsable junto con el obispo y personalidades como el entonces ministro Sergio Armando Valls Hernández, también ya fallecido, los magistrados federales Manuel Baraibar Constantino y José Pablo Villalba; el magistrado electoral José Alejandro Luna Ramos; el abogado especializado en propiedad intelectual, Alejandro Luna Fandiño, y el empresario Jaime Matute Labrador.
Todos fueron denunciados por Arthinia Internacional, S.A., por fraude procesal de 130 millones de dólares que supuestamente intentó cobrar Onésimo Cepeda mediante un pagaré, por la misma cantidad, firmado el 28 de abril de 2003 por Olga Azcárraga, expresidenta del Consejo Directivo de la empresa.
En la denuncia, la empresa indicó que Azcárraga nunca recibió el dinero y que en realidad Cepeda, quien era confesor de la mujer, y su asesor Jaime Matute le pidieron firmar un papel en blanco que posteriormente hicieron pasar por el pagaré con el que pretendían quedarse con los activos de Arthinia que constaban de 24 pinturas, entre las que se encontraban obras de Rufino Tamayo, Modigliani, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Pablo Picasso, Frida Khalo, Leonora Carrington, Francisco Goitia, Oskar Kokosha, Marc Chagall y Goya.
En la denuncia, la empresa indicó que Azcárraga nunca recibió el dinero y que en realidad Cepeda, quien era confesor de la mujer, y su asesor Jaime Matute le pidieron firmar un papel en blanco que posteriormente hicieron pasar por el pagaré con el que pretendían quedarse con los activos de Arthinia que constaban de 24 pinturas, entre las que se encontraban obras de Rufino Tamayo, Modigliani, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Pablo Picasso, Frida Khalo, Leonora Carrington, Francisco Goitia, Oskar Kokosha, Marc Chagall y Goya.
Hernández Alcocer fue señalado como uno de los abogados que operaba a favor de Onésimo Cepeda, quien falleció en enero pasado.
“En compañía del abogado Alejandro Luna Fandiño, se apersonó otro sujeto conocido como ‘abogado’ –sin serlo– de nombre Jesús Hernández Alcocer, quien dentro del litigio utiliza a diversos abogados; sin embargo, acude a los litigios, pero es conocido por tener una gran ‘audacia’ para lograr sus ilegales cometidos, tan es así que presumiblemente cuenta con diversas indagatorias por dicho delito y el de usurpación de profesión, además del delito de extorsión”, señaló la compañía en su denuncia.
“En compañía del abogado Alejandro Luna Fandiño, se apersonó otro sujeto conocido como ‘abogado’ –sin serlo– de nombre Jesús Hernández Alcocer, quien dentro del litigio utiliza a diversos abogados; sin embargo, acude a los litigios, pero es conocido por tener una gran ‘audacia’ para lograr sus ilegales cometidos, tan es así que presumiblemente cuenta con diversas indagatorias por dicho delito y el de usurpación de profesión, además del delito de extorsión”, señaló la compañía en su denuncia.
Sin embargo, en el oficio antes mencionado, el entonces titular de la SEIDF, Irving Barrios Mojica, autorizó el no ejercicio de la acción penal contra los coacusados.
Su falta de credenciales para ejercer como abogado, al menos hasta 2017, la atestigua una persona que lo enfrentó en un proceso judicial constatado por Proceso: “Abogado no es, nunca fue. Lo conocí, claro. Y quién no lo iba a conocer si se dedicaba a andar amenazando a la gente” en los procesos legales, comentó la contraparte de Hernández al solicitar el anonimato por razones de seguridad.
Otras personas lo percibían como un hombre soberbio, con mucho poder, a veces afable en su trato, pero también grosero.
“El Padrino”
En el Poder Judicial de la Ciudad de México, Hernández Alcocer es muy conocido entre jueces y magistrados. Incluido, en el entorno del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), el magistrado Rafael Guerra. Algunos de esos funcionarios lo llaman “Padrino” debido al apoyo que recibieron de su parte ante miembros de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal para recibir el espaldarazo de éstos en los
nombramientos que otorga el Consejo de la Judicatura local.
La denuncia de la empresa Arthinia, hace 10 años, describe que Hernández Alcocer tenía, desde entonces, innumerables relaciones en el Poder Judicial tanto local como federal y en las procuradurías capitalina y federal.
La denuncia de la empresa Arthinia, hace 10 años, describe que Hernández Alcocer tenía, desde entonces, innumerables relaciones en el Poder Judicial tanto local como federal y en las procuradurías capitalina y federal.
“Acudió junto con el obispo a diversos restaurantes como se acreditará con los testimonios conducentes donde ambos señalaban que ‘…ya habían comprado dos de tres magistrados…’ que nosotros se las persignábamos y que el ministro Valls y un senador de la República, de nombre Federico Döring, con quien Jesús Hernández Alcocer tiene una estrecha y añeja amistad de negocios, los habían ayudado”, describió la empresa.
Proceso consultó al hoy diputado local en la Ciudad de México Federico Döring para conocer su postura sobre esta mencionada amistad con Hernández Alcocer, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
La empresa denunciante también refirió la predilección de Hernández Alcocer por el Suntory.
La empresa denunciante también refirió la predilección de Hernández Alcocer por el Suntory.
“Resulta indiciariamente evidente que el día de la resolución fueron fotografiados por el periódico denominado El Universal, al salir a festejar los tres; es decir, el obispo, Alejandro Luna Fandiño y Jesús Hernández Alcocer, del restaurante denominado Suntory en la colonia Del Valle”, consignó.
“Se hace evidente, con la participación de Jesús Hernández Alcocer de la clara posibilidad de la existencia del ilícito de cohecho puesto que ambos sujetos activos (Cepeda y Matute), por conducto de los ‘dineros y amistades’ hacen gala de su impunidad.”
Hernández Alcocer es relacionado de manera insistente con el magistrado preSin sidente del TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, quien fue consultado al respecto, pero rechazó hacer algún comentario.
Hernández Alcocer es relacionado de manera insistente con el magistrado preSin sidente del TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, quien fue consultado al respecto, pero rechazó hacer algún comentario.
El declive
Su suerte cambió el pasado 25 de junio cuando fue acusado de balear a su esposa, Yrma Lydya Gamboa Jiménez, de 21 años, dentro del restaurante Suntory, provocando su muerte.
Hernández Alcocer y su chofer, Benjamín “H”, fueron vinculados a proceso el pasado 30 de junio por el delito de feminicidio y permanecerán sujetos a prisión preventiva de oficio en el Reclusorio Norte durante, por lo menos, los próximos cuatro meses, término concedido por el juez de control para realizar la investigación complementaria.
Antes de la audiencia, Hernández Alcocer manifestó sentirse mal y solicitó asistencia médica. Llegó en silla de ruedas a las salas de oralidad del Reclusorio Oriente, a donde fue trasladado. Alegó padecer de males crónico-degenerativos. Atrás dejó la imagen de altivez que proyectaba en los juzgados.
Pese a que el homicidio de la cantante Yrma Lydya ocurrió frente a varias personas, la defensa argumentó que unas personas pretendían extorsionar a la joven y que en la escena un tercer sujeto le disparó.
Pese a que el homicidio de la cantante Yrma Lydya ocurrió frente a varias personas, la defensa argumentó que unas personas pretendían extorsionar a la joven y que en la escena un tercer sujeto le disparó.
La fiscalía local imputó a Hernández Álvarez –de 79 años– porque según los testigos mató a su acompañante y posteriormente un escolta que se encontraba dentro del restaurante lo contuvo y ayudó a que se le detuviera casi de inmediato.
Luego de ser vinculado a proceso, el defensor de Hernández Alcocer solicitó permitirle llevar su proceso en libertad debido a su edad y padecimientos médicos.
Luego de ser vinculado a proceso, el defensor de Hernández Alcocer solicitó permitirle llevar su proceso en libertad debido a su edad y padecimientos médicos.
embargo, quienes lo conocieron alguna vez no lo retratan como el hombre viejo y enfermo que se presentó a la audiencia de vinculación.
Damián Saith, abogado integrante del equipo de defensa de Hernández Alcocer, comentó a Proceso que ya apelaron la vinculación a proceso y, de manera paralela, están aportando datos de prueba en la investigación complementaria para acreditar la inocencia de su cliente.
Explicó que la muerte su esposa y ahora el proceso penal que enfrenta mantienen al hombre en un estado depresivo y con temor por su vida dentro del reclusorio.
“(Está) muy mal de salud, muy delicado y muy enfermo. Está muy preocupado de que en cualquier momento lo vayan a querer matar”, dijo el abogado mediante un cuestionario que se le hizo llegar por escrito.
“(Está) muy mal de salud, muy delicado y muy enfermo. Está muy preocupado de que en cualquier momento lo vayan a querer matar”, dijo el abogado mediante un cuestionario que se le hizo llegar por escrito.
“Está muy deprimido, muy triste, muy desconcertado y a veces confundido, de verdad no puede creer que esté pasando esto.”
“Está muy deprimido, muy triste, muy desconcertado y a veces confundido, de verdad no puede creer que esté pasando esto.”
Sobre las relaciones de su cliente con altas esferas de poder, el abogado indicó que no existen pruebas de que lo que se ha dicho de él sea cierto. “Nos parecen por el momento afirmaciones totalmente infundadas y, sin una prueba contundente en contrario, son especulaciones meramente falsas. Nos parece que se está haciendo un circo y una carnicería mediática contra un hombre que toda su vida no ha hecho nada más que trabajar, y que son dichos meramente vacíos y carentes de fundamento, toda vez que lo que se ha dicho no está nada probado. Son falacias infundadas como las supuestas dos esposas que murieron de manera sospechosa por parte del señor don Jesús, mismas que están vivas”, enfatizó.
Sobre las relaciones de su cliente con altas esferas de poder, el abogado indicó que no existen pruebas de que lo que se ha dicho de él sea cierto. “Nos parecen por el momento afirmaciones totalmente infundadas y, sin una prueba contundente en contrario, son especulaciones meramente falsas. Nos parece que se está haciendo un circo y una carnicería mediática contra un hombre que toda su vida no ha hecho nada más que trabajar, y que son dichos meramente vacíos y carentes de fundamento, toda vez que lo que se ha dicho no está nada probado. Son falacias infundadas como las supuestas dos esposas que murieron de manera sospechosa por parte del señor don Jesús, mismas que están vivas”, enfatizó.
Añadió que ni Hernández Alcocer ni nadie cercano a él les ha referido algo sobre estos vínculos.
El jueves 7 la fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy, afirmó que la institución que encabeza tiene una “investigación sólida y con los datos de prueba necesarios para continuar el proceso legal” contra Hernández Alcocer como presunto responsable de feminicidio.
El jueves 7 la fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy, afirmó que la institución que encabeza tiene una “investigación sólida y con los datos de prueba necesarios para continuar el proceso legal” contra Hernández Alcocer como presunto responsable de feminicidio.
Aseguró que la fiscalía tiene testimonios, videos, dictámenes periciales en balística, mecánica de hechos para iniciar el proceso penal.
“Como gángster”
Uno de los empresarios para los que Hernández Alcocer ha operado mediante amenazas e intimidación fue Raúl Arturo Pinto Hernández, accionista de Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V. (Theos).
La compañía fue una de las beneficiadas entre 2001 y 2003 con los contratos del fallido programa Enciclomedia, impulsado durante el gobierno de Vicente Fox.
La compañía fue una de las beneficiadas entre 2001 y 2003 con los contratos del fallido programa Enciclomedia, impulsado durante el gobierno de Vicente Fox.
La empresa fue señalada de coludirse con Informática Integral Administrativa, Integradores de Tecnología, TED Tecnología Editorial y Corporativo Lanix con el propósito de ajustar sus precios en 10% para beneficiarse entre sí y obtener las licitaciones del programa de manera diferenciada en diversas regiones del país.
Theos continúa como proveedor del gobierno federal pues en febrero de 2021 la Secretaría de Hacienda le otorgó un contrato con un presupuesto asignado de 1 millón 748 mil pesos a 1 millón 920 mil pesos por la renta de entre 500 y 550 lectores de DVD y de entre 92 y 101 videoproyectores.
El hijo de Pinto Hernández mantiene desde hace ocho años un pleito legal con su exesposa, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, para quitarle a sus cuatro hijos.
Desde la captura de Hernández Alcocer, la abogada Jéssica González Hermosillo expuso en redes sociales que ella formaba parte del equipo de cuatro abogados –dos hombres y dos mujeres– que defendían a la mujer.
Aseguró que el hoy acusado de feminicidio amenazó a dos de sus compañeros logrando complicar el litigio.
“Yo tenía guarda y custodia de mis hijos. Mi exmarido se va de la casa en 2015 y deja de pagar cosas. Empieza a dar una pensión que no era ni la cuarta parte de lo que utilizábamos para vivir y mantener la casa. El divorcio se dio en 2016 y en febrero de 2017 llega con un notario para decirnos que nos teníamos que salir de la vivienda y aprovechó para decirme que ya no iba a pagar el colegio de los niños”, explica la mujer en entrevista con Proceso.
“Yo tenía guarda y custodia de mis hijos. Mi exmarido se va de la casa en 2015 y deja de pagar cosas. Empieza a dar una pensión que no era ni la cuarta parte de lo que utilizábamos para vivir y mantener la casa. El divorcio se dio en 2016 y en febrero de 2017 llega con un notario para decirnos que nos teníamos que salir de la vivienda y aprovechó para decirme que ya no iba a pagar el colegio de los niños”, explica la mujer en entrevista con Proceso.
Por ello se fue a vivir a Puerto Vallarta, Jalisco, donde tiene familia. Los abogados que en aquel entonces la representaban no pidieron –como lo exige la ley– autorización al juez 32 familiar de la Ciudad de México que conocía del asunto, sino que únicamente le avisaron.
Las apelaciones del caso han sido turnadas a la Primera Sala Familiar en la ponencia del magistrado Lázaro Tenorio Godínez, quien le “recomendó” salir del país con sus hijos para evitar que le hicieran daño.
“Vine a la Ciudad de México a hablar con el magistrado que le tocó ver mi caso y ese día me dijo que mi integridad física peligraba porque para personas así era más fácil desaparela cerme y heredar a los niños, y me dijo que sabía por qué me había ido, que seguro les estaba dando mejor calidad de vida a mis hijos y me llegó a decir ‘tú eres americana y tus hijos también, ¿por qué no te protegen las leyes de allá?’”, relató.
“Vine a la Ciudad de México a hablar con el magistrado que le tocó ver mi caso y ese día me dijo que mi integridad física peligraba porque para personas así era más fácil desaparela cerme y heredar a los niños, y me dijo que sabía por qué me había ido, que seguro les estaba dando mejor calidad de vida a mis hijos y me llegó a decir ‘tú eres americana y tus hijos también, ¿por qué no te protegen las leyes de allá?’”, relató.
Su padre intentó intervenir recomendándole otros defensores, pero sus abogados le dijeron que era buena idea irse a San Antonio, Texas, donde también tiene familia, para estar protegida y le aseguraron que ellos se harían cargo de todo.
La mujer y sus hijos cruzaron la frontera con Estados Unidos en junio de 2018 y 10 meses después elementos policiales sacaron a sus hijos, de entonces 13, 10, nueve y cinco años, de la escuela, en Texas, para llevarlos con su papá, quien ya había conseguido que el magistrado Tenorio le concediera la guarda y custodia provisional.
Al regresar a los menores a México, el juez 32 familiar por ministerio de ley (provisional), Ernesto Villarreal, ordenó realizar una plática con los niños. En esa diligencia, realizada el 14 de agosto de 2019, los niños dijeron que no querían estar con su papá. Incluso dos de ellos afirmaron que ya no querían volver a verlo nunca.
El juez determinó dar en depósito legal a los niños a su madre bajo la condición de que ellos no puedan salir de la Ciudad de México. Fue en ese momento que la mujer se encontró por primera vez con Hernández Alcocer.
“Cuando el juez ya había resuelto devolverme a mis hijos llegaron dos sujetos que no eran parte de esto y se metieron a oficina del juez. Uno traía un traje caqui; otro se veía como gángster, con tirantes amarillos. Se metieron con el juez, empezaron a hablar, luego me llaman y el de tirantes amarillos me dijo: ‘Sí, te vamos a dar visitas con tus hijos; ya lo platicamos, te vamos a dar visitas’. Yo dije que no, que yo no quería visitas, yo quería a mis hijos”, recordó.
“Cuando el juez ya había resuelto devolverme a mis hijos llegaron dos sujetos que no eran parte de esto y se metieron a oficina del juez. Uno traía un traje caqui; otro se veía como gángster, con tirantes amarillos. Se metieron con el juez, empezaron a hablar, luego me llaman y el de tirantes amarillos me dijo: ‘Sí, te vamos a dar visitas con tus hijos; ya lo platicamos, te vamos a dar visitas’. Yo dije que no, que yo no quería visitas, yo quería a mis hijos”, recordó.
“Esto me lo dijo delante del juez y a pesar de ello, él se mantuvo en su decisión de devolverme a mis hijos, entiendo que entraron para hacerlo cambiar de opinión, no sé qué hablaron antes porque lo hicieron sin mí, ellos se metieron a la oficina y a pesar de ello, el juez se sostuvo con su decisión.”
El exmarido denunció al juez y al secretario de Acuerdos y logró que Villarreal se excusara y ahora el expediente se encuentra estancado en el juzgado 33 familiar.
En diciembre de 2019 la mujer aprovechó para ir a hablar nuevamente con el magistrado Tenorio Godínez con la intención de grabar la conversación.
Uno de sus abogados tenía conocimiento de ello. Durante la reunión el magistrado negó haberle recomendado salir del país. Ella sospecha que dicho abogado alertó al juzgador porque incluso éste se comunicó con el litigante para avisarle que su cliente se encontraba en su oficina.
Proceso buscó al magistrado para tener su versión sobre estas aseveraciones, pero al cierre de esta edición no había respondido la solicitud.
Los dos hombres del equipo de la abogada Jéssica González fueron citados por Hernández Alcocer ese mes en el mismo restaurante de siempre: el Suntory.
Los dos hombres del equipo de la abogada Jéssica González fueron citados por Hernández Alcocer ese mes en el mismo restaurante de siempre: el Suntory.
Uno de esos abogados fue el mismo al que el magistrado Lázaro Tenorio llamó para avisarle que su cliente estaba en su oficina.
“Recuerdo que (dicho abogado) me comentó que este señor llegó con pistola en mano y dijo: ‘A ver, yo vengo de parte de Raúl (mi exsuegro), su hijo es un pendejo, yo vengo aquí por las buenas o por las malas pero me van a dar a los niños”, indicó la mujer.
Días después, el magistrado Lázaro Tenorio revocó la orden del juez 32 familiar y concedió la guarda y custodia al padre de los niños, pero la suspensión de plazos decretada por la pandemia del covid-19, jugó a favor de la mujer y sus hijos.
Aunque el empresario ha continuado interviniendo en el asunto bajo amenazas directas a la madre de sus nietos, Hernández Alcocer ya no volvió a tener contacto con ella ni con la abogada Jéssica, que es la única del equipo de cuatro litigantes que aún continúa representándola.
Aunque el empresario ha continuado interviniendo en el asunto bajo amenazas directas a la madre de sus nietos, Hernández Alcocer ya no volvió a tener contacto con ella ni con la abogada Jéssica, que es la única del equipo de cuatro litigantes que aún continúa representándola.
