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Señor gobernador: Bienvenido al Hermosillo profundo

José Luis Parra

Dicen que la pandilla más grande y fuerte de cada ciudad es la policía municipal. Obviamente el grandulón ordena y pone a raya a sus competidores en el mundo de la delincuencia. Impone sus condiciones como señor de horca y cuchillo. Por eso cuando el político anuncia medidas para combatir la inseguridad, primero habría que investigar qué tan sucia está su casa. Y que si está decidido a limpiar como en las escaleras, de arriba para abajo.

Primero el ejemplo de cómo funcionan las cosas en el primer escalón de la seguridad: Un vecino de la colonia Agualurca, al sur de Hermosillo, detectó en el patio de su hogar una serie de robos de poco valor, como una manguera, tijeras para podar y otras cositas. Los presuntos responsables estaban alojados en su casa contigua, habitada por una mujer que perdió la custodia de sus dos pequeños hijos por su adicción a las drogas. Allí se roba la energía eléctrica, el agua potable y para rematar a su vecino.

En su ingenuidad de que la policía está para servir y proteger, el afectado decidió exponer los hechos en la comandancia sur de la policía municipal, en Villa de Seris. Lo remitieron a la central que funciona en la colonia Nuevo Hermosillo, zona que le correspondía. En ese lugar, casi desolado por el abandono de sus instalaciones, el perjudicado fue informado que su caso debía presentarlo en la comandancia centro.

Fue inútil que insistiera en que era un caso de robo y que al menos la policía tenía la obligación de investigar, sobre todo porque estaba señalando a los presuntos responsables y el sitio donde se reunían los delincuentes. La casa habitación en mención es donde reparten el botín y planean nuevos atracos que les deja un dinerito para consumir drogas.

El asunto fue clasificado como disputa vecinal, no como robo. Pero nunca se recibió como denuncia formal.

En ambos casos el perjudicado fue atendido por delicadas mujeres, bien arregladas en su apariencia física, pintaditas como secretarias de una oficina pública. Ninguna apariencia de oficiales de policía. Bueno, están para escuchar denuncias ciudadanas, no para atenderlas y darles curso, menos para salir al sol a investigar robos.

El perjudicado ofreció la dirección donde se reúnen los delincuentes y que a la vez es utilizado como sitio para drogarse sin ser molestados: Calle Higueras número 170, colonia Agualurca.

Pero la petición fue ignorada.

Con esa postura de la policía, a los perjudicados sólo les queda aplicar la Ley del Talión: Ojo por ojo, diente por diente. A este paso todos vamos a quedar tuertos.

Esta pequeña historia, que se repite por todo Hermosillo, viene a cuento porque hace días el gobernador Alfonso Durazo anunció la instrumentación de un programa denominado, ilusamente, como Política Ciudadana de Persecución Penal, que homologa la estructura y trabajo de los ministerios públicos con la finalidad de eficientar todos sus procedimientos.

Ajá.

¿Y la nieve de qué sabor?

Si el ciudadano afectado por la inseguridad no es atendido en barandilla, como rayos puede acceder al ministerio público.

Este programa gubernamental tiene, a decir del gobierno estatal, un propósito muy claro: garantizar el acceso a la justicia, reducir la impunidad, priorizar los derechos de las víctimas e incrementar los márgenes de seguridad para la ciudadanía.

No, no es broma.

Pero antes de echar a volar la imaginación al arrastrar el lápiz, el político tiene la obligación de conocer la situación en el terreno de los hechos, donde se vive la inseguridad a flor de piel, donde está el Hermosillo y el Sonora profundo.

Un datito complementario: En días pasados el mismo ciudadano perjudicado de esta historia acudió a una tienda departamental que se especializa en artículos de seguridad.

En su visita a la tienda, mientras buscaba algún garrote o “gadget” que le hiciese sentir más seguro, observó cómo entraban y salían clientes que, sin dudar, compraban navajas, gas pimienta y cuchillos de combate. Uno pensaría que a esa clase de tiendas sólo van hombres rudos y entusiastas del campo. Nada más lejos de la realidad: Las y los compradores eran personas que salían totalmente del cliché de chico o chica ruda, de todas las edades, hombres y mujeres que se sienten inseguros de camino al trabajo o la escuela, buscando algo que les dé al menos una falsa sensación de seguridad.

Mientras, nos quedamos con la percepción de que los vicios de la policía son muchos, pero negar seguridad a una indefensa ciudadanía debiera constituirse como delito.

Seguramente hay infinidad de casos, como el aquí narrado, que defraudan la confianza ciudadana, porque la pereza e incompetencia policiaca aflora cuando no hay recompensas. Entonces es cuando nuestros celosos vigilantes dejan pasar delitos y lucen su arrogancia ante una ingenua población que aún piensa que la policía está para proteger y servir.

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