Hubo un tiempo en que la Drug Enforcement Administration (DEA) hacía y deshacía en México.
En 2014, para no ir muy lejos, uno de sus agentes, Víctor Vázquez, dirigió la operación que terminó por detener a Joaquín, “El Chapo Guzmán” por penúltima ocasión. Lo hizo con uniforme de marino y utilizando armamento exclusivo de la Marina.
Durante todo el sexenio de Felipe Calderón y parte del de Enrique Peña Nieto —en tiempos, insisto, no tan lejanos— la DEA solía dirigir vuelos de drones en los cielos mexicanos. Los embajadores de Estados Unidos participaron activamente en la toma de decisiones de operaciones relevantes antinarcóticos.[1] Según sabemos a partir de memorias de agentes que estuvieron en México por aquellos años, eran los mandos de la Sedena y la Marina quienes pedían permiso a la DEA para proceder a la detención de los capos que interesaban a los estadounidenses. Era el mundo al revés, eran tiempos aciagos.
Aquellos días se acabaron. A partir de diciembre de 2018, el margen de maniobra de la DEA se ha ido acotando poco a poco. En este espacio hemos seguido este proceso.
Todo empezó con el así llamado culiacanazo o jueves negro del 17 de octubre de 2019.
Ovidio Guzmán, el famoso hijo de “El Chapo”, era (y sigue siendo) uno de los objetivos prioritarios de la DEA en México. Con información provista por la agencia antidrogas, un grupo élite del Ejército mexicano lo había logrado localizar y eventualmente arrestar. Sin embargo, como recordamos todos, ante la posible explosión de una ola de violencia callejera, el Presidente López Obrador decidió su liberación. En Washington, la acción no gustó nada.
A esto siguió el affaire Cienfuegos y la decisión del Gobierno de México de dar a conocer públicamente el expediente en contra del exsecretario de la defensa. Tal como se pudo leer en el documento de más de 751 páginas, la acusación contra Salvador Cienfuegos era un cúmulo de hipótesis inverosímiles.[2] La DEA y sus analistas quedaron en ridículo.
Al escándalo Cienfuegos siguió la publicación de los Lineamientos que regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros en enero de 2021, una serie de reglas que establecieron restricciones formales a las operaciones de la DEA en México. No fue cosa menor: los famosos lineamientos obligaban, entre otras cosas, a funcionarios mexicanos a informar sobre “cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicación” sostenida con cualquier agente extranjero. En Washington D.C. no hubo molestia, sino lo que le sigue.
El tercer malentendido llegó en octubre del año pasado. Aprovechando una visita del Fiscal Alejandro Gertz Manero a la capital de Estados Unidos, su par estadounidense, la Fiscal Anne Milgram, sin venir a cuento (y en una rueda de prensa que iba de otro tema) se dio tiempo para quejarse de tres asuntos. El primero, la falta de facilidades para ejecutar operaciones conjuntas entre agentes de la DEA y policías mexicanos. El segundo, la falta de celeridad con la que el Gobierno de México trataba procesos de extradición pendientes. El tercero, lo lenta de la entrega de inteligencia y evidencia recabada por funcionarios mexicanos a los analistas de la DEA.[3] Más allá de las quejas de Milgram, lo extraño —o al menos lo que trajo un mal sabor de boca en Palacio Nacional— fue la decisión de la fiscal de hacer las quejas públicas, algo más bien insólito en la relación binacional en clave seguridad. En México se habló poco del tema; en Estados Unidos las declaraciones de Milgram fueron retomados por todos medios.
El cuarto sinsabor llegó con la decisión de Andrés Manuel López Obrador de disolver una de las unidades especializadas en temas de drogas y crimen organizado que trabajaba mano a mano con la DEA, una de las famosas Unidades de Investigación Sensible (SIU). La decisión fue tomada en abril de 2021, pero no fue sino hasta un año después, en abril de 2022, que la noticia se hizo pública. El propio Presidente de México se dio el lujo de presumir la decisión en una de sus mañaneras.[4]
Ahora llega un nuevo motivo de insatisfacción. Según publicó Reuters hace tres semanas y pude confirmar con fuentes de Cancillería, la DEA ha tenido que retirar del Aeropuerto de Toluca uno de sus aviones, un King Air de doble turbina con capacidad para diez personas. El avión era una de las piezas claves de la operación de la agencia en territorio nacional; con él se transportan a los agentes estadounidenses y a las unidades de policía con las que trabajan de manera cotidiana.
Al menos desde la década de 1990 la operación del King Air era un sobrentendido. El avión surcaba los aires del país sin la menor restricción. Estaba permitido, era normal. A partir de 2019, sin embargo, la Sedena comenzó a exigir por escrito y con varios días de anticipación una solicitud especial para su uso. El trámite burocrático se convirtió en un escollo que eliminó de facto la posibilidad de emplear el avión para operaciones relevantes. Así, la aeronave dejó de utilizarse y, con ello, se convirtió en un símbolo de la mala relación entre el Gobierno de México y la DEA.
La estocada final al avión de la DEA tuvo lugar el mes pasado. La FGR pidió a la agencia renunciar a su espacio de estacionamiento en el hangar que históricamente le había correspondido. Hacía varios meses que no se había concedido algún permiso de vuelo al avión, según me confirmó otra fuente del Gobierno de México.
Sin una de las Unidades de Investigación Sensible y sin el avión que históricamente sirvió para operaciones especiales, la presencia de la DEA está trastocada y quizás en su punto más frágil desde 1992, cuando un diferendo similar a punto estuvo reventar la negociación del tratado de libre comercio de América del Norte. ¿Salpicará en esta ocasión el conflicto con la DEA otras esferas de la relación?
Cada uno de los eventos narrados en esta columna presupone, en sí mismo, una llamada de atención; en conjunto constituyen un anuncio de que algo está por romperse de manera definitiva ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto aguantará la liga sin romperse? Quizás menos tiempo del que pensamos: aquí estaremos para narrarlo.
