Hace unos días, el gobierno comenzó a asignar los contratos de compra de carbón a los empresarios en Coahuila. Todos saben de qué se trata: es una de las principales fuentes de financiamiento de Morena de cara a las elecciones del próximo año en las que se renovará la gubernatura de esa entidad.
Paralelamente se lleva a cabo un descarado esfuerzo para posicionar al subsecretario de Seguridad Ciudadana federal, Ricardo Mejía Berdeja, como el candidato de Morena al gobierno coahuilense. Cuentan que incluso el disidente interno, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, mandó señales a algunos de sus allegados para que se “bajen” de la contienda: al controvertido senador Armando Guadiana, a Javier Guerrero que despacha en el IMSS y a Noé Garza, exdiputado salinista y gran amigo del “Bronco” (al exmandatario de Nuevo León lo detuvieron cuando iba saliendo del rancho de Garza).
Es decir, con una mano se pone al candidato y con la otra se amarran las “aportaciones”.
La precampaña de Mejía Berdeja trae todo el aparato: mítines, actos masivos, acarreo, y sospechas de que se financia también con dinero desviado del Programa de Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, con recursos que llegan del gobierno de Sonora (su padrino político es el gobernador Alfonso Durazo) y con presupuesto de Diconsa (ya se sabe que todo Segalmex es un cochinero).
¿Quiénes coordinan la campaña? Jesús Valencia y Jorge Luis Morán. Hago hincapié en este último porque me dicen fuentes muy bien informadas que es el que controla los codiciados contratos del carbón. Morán fue titular de la UIF estatal en el actual gobierno del priista Miguel Riquelme. De hecho, es un puente entre ambos: precandidato morenista Mejía y gobernador priista Riquelme. Es compadre de ambos. Los tres anduvieron en la política desde muy jóvenes y así se siguieron hasta formar un grupo local conocido como “La Burbuja”.
Está claro que del carbón saldrá para la campaña. Por eso la apuesta del presidente López Obrador por las energías sucias. La CFE es el gran cliente y Coahuila es productor líder latinoamericano.
La 4T se dio cuenta de eso rápido y tomó control del jugoso negocio. En sexenios anteriores la corrupción se daba vía los “códigos de carbón” que el gobierno estatal adjudicaba. La administración actual desmanteló los “códigos” y mandó hacer un censo de carboneros con la promesa de que ya no todos los contratos los tendrían los grandes empresarios.
¿Quién hizo el censo? Inició el cuestionado Gabriel García, el senador y operador financiero de AMLO. No pudo. La chamba le cayó al entonces subsecretario de Energía, Francisco Quiroga. Surgieron denuncias dentro del gabinete de que cuando iba a la región, se dejaba consentir: avión privado, fiestas, viajes de compras a la frontera. Al subsecretario le desaparecieron la subsecretaría y lo protegieron mandándolo de embajador a Alemania. Con la bendición de Bartlett —el principal comprador— quedó Morán al frente del trabajo.
Empieza a cocinarse el 23. Y aún no pasa la elección del 22.