Cada vez es más constante que los funcionarios -federales y estatales- de gobiernos emanados de Morena hagan campaña a favor de los candidatos de su partido y que esto sea en horarios laborales y utilizando recursos públicos, lo que, en ambos casos, está prohibido. Sin embargo, ahora lo grave es que ya no estamos hablando de acusaciones de partidos de oposición, de medios de comunicación o del Instituto Nacional Electoral (INE)… que los gobernantes de Morena violan la ley son aseveraciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El 12 de mayo pasado, en el expediente SRE-PSC-62/2022, la Sala Regional Especializada del TEPJF estableció que el vocero presidencial, Jesús Ramírez, y el exdirector del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), también de la Presidencia de la República, Erwin Neumaier, durante las elecciones de 2021 habían violado la ley electoral en múltiples ocasiones.
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De igual forma, el mismo TEPJF, en sesión del 19 de mayo, ordenó sancionar a 17 gobernadores de Morena y a la Jefa de Gobierno de la CDMX, también de Morena, esto por violaciones electorales al proceso de Revocación de Mandato (de AMLO).
Hoy la constante es que el INE emite “medidas cautelares” para que la 4T no haga algo y éstas se incumplen; o, que el TEPJF ordena sanciones a funcionarios, pero nadie les sanciona y sus resoluciones judiciales quedan archivadas en algún cajón de las respectivas contralorías. Así, se han incumplido decenas de resoluciones y faltan por resolverse más de 200 quejas contra funcionarios de la autollamada 4T.
Si de por sí es difícil competir contra cualquier gobierno federal en campaña, ahora la oposición, PRI, PAN, PRD y MC, tiene más complicada la tarea de competir en condiciones completamente desbalanceadas y sin costo alguno para los funcionarios que violan la ley. Desde las épocas de Carlos Salinas de Gortari —1988-1994— no había tal cantidad de violaciones electorales. Un retroceso de casi 30 años.
Ante este escenario de violaciones electorales, es una burla para la oposición siquiera analizar la propuesta electoral que el Presidente envió al Congreso. De hecho, para ésta sería incluso mejor liberalizar el modelo de comunicación política.
Pero quienes están en una delicada situación son los organismos electorales: el INE y el TEPJF. Digamos que están quedando peor que los árbitros del Atlas-Tigres el fin de semana pasado que no se dieron cuenta de varias faltas, a pesar del VAR, y de que la alineación del equipo de neolonés era indebida por el número de extranjeros en la cancha.
Si el arbitraje del INE-TEPJF sigue siendo lento y, sobre todo, es incumplido, las elecciones que se celebrarán dentro de tres semanas en seis entidades serán muy inequitativas. Pero, sobre todo, con tanto incumplimiento por parte de muchos funcionarios de primer nivel en la 4T, queda claro que la ruta de violar la ley electoral será total para las próximas elecciones presidenciales de 2024, donde también se elegirán 8 gobernadores, la jefatura de Gobierno de la CDMX y 628 legisladores federales.
El que el arbitraje electoral no se respete nos pone en condiciones por demás delicadas. Prácticamente las elecciones se desarrollarían con todos violando la ley y un escenario falto de Estado de Derecho. Todos, pues, peleando “a la mala” los cargos políticos. Esto es grave en un país donde el crimen organizado va dejando sentir su peso en el control territorial y en sus nexos con la política.
Muy grave lo que está sucediendo. En el INE y en el TEPJF ya se dieron cuenta de los riesgos. Lo que no saben ahora es qué hacer. Lo que está sucediendo es algo inédito y tienen poco tiempo para lograr un efectivo arbitraje o todo en la cancha de la política nacional se lidiará a golpes.