Jaime Rodríguez, El Bronco, escribió de su puño y letra una carta en la que revela detalles de su detención, el pasado 15 de marzo, cuando se dirigía al rancho de un amigo en el municipio de General Terán, Nuevo León. En la misiva, de 4 cuartillas, el exgobernador neoleonés echa por tierra declaraciones de su sucesor, Samuel García, en el sentido de que “intentaba huir”.
Jura que durante todo el trayecto, que inició a las 7 a.m. en Paredón, Coahuila, estuvo acompañado por los escoltas que el gobierno puso a su disposición desde que concluyó su gestión. El vehículo en el que viajaban traía localizador satelital.
Narra: “Como 20 kilómetros antes de llegar a nuestro destino, por la carretera al ejido de Guadalupe La Joya, los escoltas se nos adelantaron para decirnos que habían recibido instrucciones de su mando de que nos detuviéramos, porque supuestamente había problemas de la policía contra un grupo de la delincuencia organizada. Permanecimos a la orilla de la carretera 30 minutos, dado que la instrucción que habían recibido los escoltas era que enviarían refuerzos para protegernos. Poco más tarde llegó un carro con agentes ministeriales y, sin avisarnos, pusieron su carro frente al vehículo en el que viajaba con mi amigo. Sólo nos decían que esperáramos. Lo hicimos hasta que decidí bajarme y preguntar qué pasaba.
“Sólo me respondían que tenían la orden de esperar. 15 minutos después uno de ellos se acerca y me dice que trae una orden de aprehensión contra mí. Yo me sorprendo. Pensé que era broma. Le pregunté: ¿Me la enseña? No lo hizo. Así estuvimos hasta que, con mi insistencia, me muestra una en su teléfono celular. Le exigí que me la mostrara en físico. Me dijo que no podía hacerlo, que no la traía.
“Finamente, recibe la llamada de algún jefe y le ordenan que me suba de cualquier forma a la patrulla. Accedí solo. Ya que llegamos a General Terán nos interceptó otra patrulla con agentes ministeriales, traían la orden. Me la mostraron. Así me llevaron hasta la Agencia Federal de Investigación. Previo a todo, los mismos agentes estuvieron tomando fotos. Las imágenes fueron publicadas en los medios, gracias a la declaración pública del gobernador de que yo andaba huyendo.
Esto ocurrió mucho antes de que se me mostrara la orden de aprehensión. ¿Ustedes creen que andaba huyendo si estaba custodiado por empleados de la Secretaría de Seguridad y los vehículos en los que siempre me movían son propiedad del gobierno y cuentan con localizadores satelitales y los escoltas con celulares? El supuesto delito del que se me acusa lo investigaban desde 2018, pero nunca fui enterado ni notificado del caso para afrontarlo. Juzguen ustedes, después de leer mi relatoría, respecto a lo que realmente pasó”.
Ya que estamos: el exgobernador, acusado de desviar recursos públicos para comprar firmas a favor de su candidatura presidencial independiente en 2018, está delicado de salud.
Desde el pasado domingo lo internaron en el Hospital Universitario de Monterrey. Lo reportan con sangrados intestinales. Podría necesitar en cualquier momento una cirugía.
* La amenaza más grave para la permanencia de la democracia en México no es el INE ni los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, como afirman los paleros de López Obrador. Tampoco la reforma electoral del Ejecutivo, que quiere desbaratar al actual árbitro electoral, reducir el número de diputados y senadores, quitar el dinero para gastos ordinarios a los partidos políticos y desaparecer los tribunales locales. El riesgo mayor para la permanencia de la democracia es la creciente penetración del crimen organizado en las elecciones. Lo vimos en los comicios de junio pasado en la región del Pacífico, particularmente en Michoacán, Sonora y Sinaloa.
Hablamos del tema con el director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE. Nos dijo: “Por miedo o por negligencia, el gobierno federal ha sido omiso en tomar las medidas preventivas de protección. Los partidos de oposición que lo han señalado prefieren bajo perfil. El crimen organizado tiene presencia en muchas regiones del país. Me preocupa mucho que en 2024 defina y quite candidatos, sea el poder de veto, sea el que palomea, como ya lo hace hoy. Frente a una postura temerosa, que el crimen organizado domine los procesos electorales es un gran riesgo”.
—¿Ves como irremediable esta situación en el 2024? ¿Cómo se podría evitar?, le preguntamos.
—Sería necesario que el gobierno tome decisiones, pero no veo que las vaya a tomar. La oposición debe hacer una reflexión colectiva sobre el riesgo que esto significa.
Pero también que las autoridades electorales flexibilicen las causales para anular las casillas donde presuntamente el narco habría forzado o cambiado las votaciones, puntualizó.