La eventual salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) parece enfrentar un camino complicado: de entrada, el proceso por el cual pudiera ser removido o presentar su renuncia tiene candados que debe abrir el Senado, y, aunque se trate de una salida política “pactada” entre el fiscal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, constitucionalmente están obligados a justificar esa decisión con alguna falta administrativa grave o la comisión de un delito doloso que amerite prisión preventiva oficiosa.
Alejandra Hernández, analista jurídica de la organización México Evalúa explica: “Para su remoción, el fiscal o el Ejecutivo federal tendrían que justificar esa decisión en unos supuestos muy específicos que vienen en la Constitución y en la Ley General de la Fiscalía General de la República.
“Entonces no está claro que el Ejecutivo federal se arriesgue a abrir un frente con alguna investigación criminal o un procedimiento administrativo contra Gertz Manero para, entonces, contar con una causa grave que justifique su remoción. Esta sería una puerta que, de entrada, veríamos compleja para abrirse.”
Además, en caso de que López Obrador sea quien lo remueva, expondría aún más la reputación y la credibilidad de la institución. Si, por el contrario, Gertz es quien presenta la renuncia, igualmente tiene que pasar por la aprobación del Senado, como lo marcan la Constitución y la ley de la fiscalía, y tendría que ser aprobada por mayoría simple, aclara la especialista. “Considero que hay un grado de complejidad para que el fiscal exponga cuál es esa causa grave por la que se retira. Estos son los filtros para esta salida que se está adelantando en los medios de comunicación”.
–La primera hipótesis que comenta es una causa grave o un delito doloso; en tal caso la causa grave es más que evidente en los audios que se revelaron sobre su tráfico de influencias y el uso indebido de recursos de la FGR para dejar en prisión a la pareja sentimental de su hermano Federico, familia política a la que acusó de dejarlo morir –se le comenta a la investigadora.
–Para que se tenga por acreditada esa causa grave tendrá que realizarse un procedimiento en el cual se respete el debido proceso y la garantía de audiencia que tiene el fiscal Gertz. Entonces la autoridad correspondiente, ya sea el Tribunal de Justicia Administrativa o, en su caso, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción determinarían que se acredita dicha conducta, y el Ejecutivo tendría una razón probada para removerlo.
“No bastaría –indica– con el escrutinio y la crítica contra el fiscal que ha habido a escala de la opinión pública, sino que tendría que ventilarse un procedimiento, ya sea administrativo o de tipo penal, para poder tener por juzgada y acreditada la causa grave.”
–¿Están dadas las bases para una remoción política?
–Me parece que sería un costo político muy alto que asumirían López Obrador y el Senado.
