En 2013 se tomó la decisión de construir lo que se supuso sería la obra insignia del sexenio que había empezado y que tendría un costo inicial de 169 mil millones de pesos que luego fue aumentando: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o NAIM. El proyecto se echó a andar a fines de 2014 y aunque se calculó que la obra ya no se concluiría en 2018 se supuso que al menos su estructura básica quedaría ya como algo que valdría la pena registrar como parte del legado de una presidencia que ya destacaba por su corrupción e irresponsabilidad. Al final, el NAIM no logró despegar y hoy lo construido (apenas el 20% de lo programado) está hundido en lo que queda del gran lago original de 1,100 km2 en el centro de México. En contraste, ya está en Zumpango el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA.
Cuando se lanzó la idea de construir el NAIM en Texcoco, el ingeniero y político panista, secretario del Medio Ambiente y luego director de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, advirtió que ese era el peor lugar para construir un aeropuerto por, entre otras razones, la naturaleza de un suelo que había sido la parte más profunda del lago original y por sus impactos negativos en el control de inundaciones, en la ecología y en la problemática urbana. En su libro La cancelación, (Grijalbo, 2022) el también ingeniero y ex secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú desarrolla con amplitud y claridad estos puntos.
¿Cómo entender que pese a las dudas sobre la viabilidad del proyecto se siguiera adelante? Parte, si no es que toda la respuesta, es una combinación de irresponsabilidad gubernamental con la presión de intereses económicos muy fuertes que buscaban hacer el gran negocio inmobiliario con los terrenos de los dos aeropuertos que dejarían de funcionar: el de la base aérea de Santa Lucía y el Benito Juárez.
La concepción y construcción del AIFA tuvo una fuerte raíz política. Como lo señala Jiménez Espriú, cancelar el megaproyecto del NAIM cuando ya se había echado a andar y tenía el apoyo abierto y clamoroso de las élites económicas nacionales, significó que el nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de entrada decidió usar toda la fuerza generada por la innegable legitimidad de la elección de 2018 para imponerse sobre la ya bien consolidada alianza de los gobiernos del PAN y del PRI con el gran capital y retomar las riendas del proceso político nacional, es decir de eso que se ha definido como: “quién consigue qué, cómo y cuándo”.
Hoy los cimientos del NAIM cubiertos por el agua y donde sólo sobresale el esqueleto de la gran torre de control diseñada por Norman Foster, es un símbolo del último sexenio priísta, como lo es del gobierno actual el ya inaugurado aeropuerto en Santa Lucia.
El AIFA es ya una realidad, pero fue y en parte sigue siendo resultado de una gran apuesta. Los enemigos de AMLO y de su proyecto por transformar un régimen hicieron todo lo que pudieron por ganarle la apuesta al presidente: fomentar el rechazo al nuevo aeropuerto por la opinión pública y por comunidades que le rodean, cuestionar su viabilidad como un eje de la aviación comercial y militar del país, dudar de su presupuesto, de la legalidad de los contratos, del tiempo y calidad de la construcción, de su funcionalidad y hasta de haberle dado el nombre del general Ángeles. Un elemento adicional de la apuesta fue la decisión de delegar en el cuerpo de ingenieros militares la responsabilidad de la obra, incluyendo la negociación y vigilancia de los contratistas.
Hasta ahora, la apuesta la va ganado el gobierno, aunque falta concluir la conectividad y las negociaciones con las aerolíneas, pero todo apunta a que el AIFA puede ser para AMLO lo que finalmente el NAIM no fue para Peña Nieto.