CUERNAVACA, Morelos.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que la reforma eléctrica será aprobada sin modificaciones, que pondrá fin a contratos leoninos y que su Gobierno no pagará ninguna indemnización a las empresas afectadas.
En conferencia matutina, el Mandatario se dijo dispuesto a negociar los términos de los contratos de autoabasto en manos del sector privado, pero hasta después de que la reforma sea aprobada en el Congreso.
¿Se acabarían los contratos como están ahora?, se le preguntó.
«Sí, sí, porque son leoninos, porque no puede ser que estas empresas por influyentismo tengan subsidio; el subsidio mayor se da a estas empresas, dinero de todos los mexicanos», acusó.
¿No se pagarían a empresas por indemnizaciones o multas?
«No, no, no, no, no, no», respondió.
El jueves, durante la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, el Embajador estadounidense Ken Salazar pidió a los legisladores respetar los contratos y acuerdos previamente establecidos en forma legal, ya que sin confianza no habrá inversión en el País.
En respuesta, López Obrador advirtió que no defenderá a quienes incurrieron en actos de corrupción en el sector energético y pidió a las autoridades norteamericanas asumir la misma postura.
«Acusan que va a haber sanciones y que se está violando el Tratado de Libre Comercio, nada de eso, estamos combatiendo la corrupción», aseguró.
Sin embargo, el cambio a la Ley de la Industria Eléctrica y una posterior aprobación de una reforma constitucional modifica las reglas de inversión, por lo que empresas que tienen inversiones en el sector eléctrico que estén dentro de un tratado del cual forme parte México, pueden demandar al País.
Dichas violaciones pueden llevar a un periodo de consultas entre las partes involucradas para llegar a un acuerdo, pero, de no lograrse, se tendría que llegar a un arbitraje internacional.
Los arbitrajes podrían darse entre empresas instaladas en México contra el Gobierno mexicano, o de Estado a Estado.
En el T-MEC existe el anexo 14-B donde se habla sobre las expropiaciones indirectas, al que podría apelar un inversionista en caso de cambio de reglas.