Segalmex y la conexión venezolana

Jorge Fernández Menéndez

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La auditoría realizada por la ASF respecto al gasto público del año 2020, dada a conocer en estos días, no puede ser considerada especialmente dura respecto a la administración de López Obrador, pero, incluso así se ponen de manifiesto algunos negocios que rayan con lo escandaloso.

Ninguno como el de Segalmex, la empresa que en esta administración fusionó Conasupo, Liconsa y Diconsa y que encabeza Ignacio Ovalle, que fue quien, a inicios del gobierno de José López Portillo, le otorgó al ahora primer mandatario su primer trabajo en el sector público. Ovalle, que venía de encabezar la secretaría particular de Luis Echeverría, fue nombrado en 1976 director general del Instituto Nacional Indigenista, al que luego se sumó el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar). Allí comenzó a trabajar, recomendado por el gobernador Leandro Rovirosa, un joven Andrés Manuel. En el interregno entre los gobiernos de López Portillo y Salinas de Gortari (en la administración de De la Madrid) Ovalle tuvo posiciones privilegiadas en el ámbito diplomático, fue embajador en Argentina y luego en Cuba. Durante su estadía en los dos países uno de sus invitados fue el joven López Obrador, entonces dirigente priista en Tabasco.

La historia de malos manejos en Conasupo, el INI y Coplamar en aquellos años es legendaria y tuvieron continuidad cuando Ovalle se convirtió en director de Conasupo. El manejo que se hizo de Conasupo fue desastroso y muchas de las acusaciones que se hicieron contra Raúl Salinas fueron precisamente por su paso por esa empresa paraestatal durante los años en que Ovalle fue director y Raúl su segundo y principal operador. La historia de Liconsa y Diconsa fue similar: compra de productos contaminados (la famosa leche de Chernóbil, le decían porque se compró leche contaminada por radiación) e innumerables irregularidades. Los directores y muchos operadores de las tres empresas hicieron un verdadero festín.

Desde la conclusión de aquel encargo, Ovalle sólo ocupó una diputación federal durante tres años por el PRI y se retiró. La sorpresa fue que con la llegada del presidente López Obrador al poder regresó a dirigir las tres empresas fusionadas en Segalmex. Amor con amor se paga, dirían los clásicos.

Tres años después, Segalmex está inserta en un muy grave conflicto legal y político, con unas 20 carpetas de investigación abiertas en la FGR y con denuncias de anomalías presentadas por la ASF por unos 6 mil millones de pesos, sólo en 2020. Las acusaciones de corrupción se concentran en René Gavira Segreste, quien fue director de Administración y Finanzas en Segalmex, durante 2019 y 2020, y hombre de confianza de Ovalle. La historia se repite.

Pero ahora se presenta otro foco rojo con Segalmex: el relacionado con los negocios con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sobre todo la venta irregular de despensas y productos alimenticios para sectores populares con los que se hicieron innumerables negocios y que ya han sido denunciados públicamente.

Pero eso no es lo nuevo. El principal operador de esos negocios para el gobierno venezolano era el empresario (y testaferro de Maduro) Alex Saab, detenido en Cabo Verde, cuando regresaba de Irán, y extraditado a los Estados Unidos. Hace una semana fue la primera audiencia del juicio de Saab en Miami, donde está acusado básicamente de lavar dinero para el régimen de Maduro. El juicio iniciará en octubre próximo.

Terminada la audiencia, el juez que sigue la causa divulgó información que la Fiscalía le había pedido que se mantuviera confidencial: entre 2018 y 2019, Saab se había convertido en un agente activo de la DEA, y dio información sobre los actos de corrupción del gobierno de Maduro, incluido el de los alimentos y despensas, incluso habría regresado 10 millones de dólares a la DEA como reparación del daño por aquellos hechos.

La defensa de Saab alega que sólo se reunió algunas veces con agentes de la DEA y de otras agencias y que nunca fue un agente activo, pero resultaría extraño que la documentación oficial así lo especifique con tanto detalle y termine siendo un invento. Todo indica que durante ese año y medio, Saab sí entregó información clasificada a las agencias estadunidenses de los negocios del régimen de Maduro y eso, si es así, dejará el caso de Segalmex en un ámbito mucho más delicado que el que llevan hoy la FGR y la ASF.

Saab sigue siendo defendido públicamente por el régimen de Maduro y se dice inocente. Venezuela ha iniciado, a su vez, otro proceso en una corte de Atlanta alegando que Saab no podía ser detenido en Cabo Verde y tampoco extraditado porque tenía estatus diplomático. Incluso, ya detenido, el gobierno de Maduro inscribió a Saab como uno de sus representantes en la hasta ahora estéril mesa de negociación del régimen con su oposición que se realiza en México.

Estamos ocupados en muchos temas, algunos mediáticos, otros familiares, en algunas venganzas políticas o personales, pero el de Segalmex puede ser uno de los grandes escándalos que afecten a esta administración, no sólo en el ámbito interno sino también internacional y en la relación con Estados Unidos. Pocas cosas pueden ser más tóxicas hoy que las relaciones oscuras con el régimen de Maduro.

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