La crisis por la llamada “Casa Gris” acumula tres semanas del debate más agrio que haya protagonizado el gobierno López Obrador, con fuego cruzado de acusaciones, insultos y amenazas. La historia original, basada en un reporte periodístico, ofrecía al Presidente oportunidades de poner las cosas en perspectiva y generar una réplica sólida. Pero decidió incendiar la pradera. Es posible que las heridas sufridas en esta batalla trasciendan su sexenio.
El mandatario dijo este fin de semana que voces cercanas, “compañeros nuestros”, lo han instado a dar vuelta a la página en su discusión con los autores del reportaje y sectores de la prensa, pero él se ha negado. Ello abre de nuevo la discusión sobre cómo se definen las políticas de comunicación en Palacio, dominadas por ocurrencias, resentimientos y mucha ideología. Esas estrategias le generan a López Obrador mayores daños que sus pretendidos o reales enemigos.
Una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, difundida inicialmente por el periodista Carlos Loret de Mola en su espacio en el proyecto Latinus, reveló que José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams —hijo y nuera de López Obrador— ocuparon entre 2019 y 2020 una casa propiedad de Keith Schillling, presentado como “alto ejecutivo” de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex. Y que ambos se transportaban en una camioneta Mercedes Benz GLE.
Las claves de un aparente conflicto de interés quedaron sembradas, con potencial de un escándalo similar a la “Casa Blanca” de Peña Nieto, descubierta en noviembre de 2014 por el proyecto de la periodista Carmen Aristegui.
No ha quedado claro si el señor Schilling tenía injerencia en la obtención de contratos para la empresa de la que era empleado, y que dejó en 2019 para trasladarse a Canadá. El declaró no haber guardado ningún nexo con ese ámbito, y así lo reportó Baker Hughes, una compañía pública que trabaja con Pemex desde hace 60 años y cuyos contratos más jugosos fueron otorgados por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Fuentes cercanas al caso dijeron a este espacio que la señora Adams (de origen brasileño-estadounidenses, hija de empresarios petroleros; que trabajó 15 años en este sector en Dubai, rodeada de lujos que presumía en sus redes sociales) tiene un sueldo actual como cabildera por 18 mil dólares; que la renta por la referida casa representó cerca de la tercera parte de esa cifra. La camioneta descrita, se dijo, es usada bajo un contrato de arrendamiento financiero (“leasing”), con un monto cercano a 500 dólares mensuales.
El contraste con la “Casa Blanca” es obligado: costó 54 millones de pesos, aparentemente financiada por Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, amigo personal de Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera. Higa es una compañía privada cuyo auge se detonó durante la gubernatura y posterior presidencia del mexiquense. También, le hizo una casa en Malinalco al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
En lugar de echar mano de esos argumentos, la estrategia comunicacional de Palacio fue empujar al Presidente hacia un pantano de retórica cada vez más tóxica, a lo que se sumó la lamentable declaración de su hijo y de su nuera, que metió en la misma olla de ácido al Grupo Vidanta, de Daniel Chávez, un magnate de bajo perfil que ha declinado negocios ofrecidos por la llamada cuarta transformación.
López Obrador, ahora se sabe, alentó a sus hijos adultos a radicar fuera del país. Así lo aceptaron José Ramón y Gonzalo Alfredo —este último establecido en San Francisco—; no fue el caso de Andrés Manuel, “Andy”, de notorio activismo. Pero eso es otra historia.