Hasta hace unos días, México no aparecía en el mapa de países afectados por minas antipersonas (APM, por sus siglas en inglés), artefactos explosivos improvisados (IED) y remanentes de guerra explosivos (ERW). Sin embargo, a raíz de la aparición de ese tipo de objetos en Michoacán, que ha dejado víctimas entre civiles y militares, hoy nuestro país es parte de una comunidad que incluye a Angola, Afganistán, Bosnia, Colombia, Camboya y Somalia.
El 31 de enero, una mina explotó mientras un convoy del Ejército realizaba un recorrido por una brecha que comunica los municipios de Tepalcatepec y Aguililla, cerca del poblado de Loma Blanca, dejando herido al cabo conductor de una de las unidades, que fue declarada como pérdida total.
El pasado fin de semana, un campesino murió y otro resultó herido al estallar un artefacto explosivo enterrado en la periferia de la comunidad de El Aguaje. Cristóbal y su hijo regresaban por primera vez a reconocer su parcela, luego de haber sido desplazados por la violencia y tras la entrada del Ejército en el municipio de Aguililla, cuando estalló el objeto que estaba oculto entre la vegetación.
Si bien no se sabe cuál es la cantidad de minas y explosivos que han sembrado en la Tierra Caliente michoacana, los integrantes de la delincuencia organizada –presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, que también han usado drones cargados con granadas de mortero–, México comienza a experimentar un problema que se ha ido erradicando en otras partes del mundo.
De acuerdo con la organización Landmine Free, que promueve la remoción de los APM, IED y ERW, hay alrededor de 110 millones de esos objetos enterrados alrededor del mundo y una cantidad similar en bodegas esperando ser destruidos.
Desde que se monitorea el problema, el estallido de esos artefactos ha dejado 130 mil personas muertas, mientras que 90 mil han sobrevivido.
La entrada en vigor, en 1999, de la convención internacional en la materia, conocida como Tratado de Ottawa, ha acelerado la destrucción de estos objetos, usados en conflictos armados, y logró reducir el número de víctimas anuales, de 11 mil 700, en 2002, a 4 mil 200, en 2011.
Entre los impulsores del tratado estuvo Diana, princesa de Gales –fallecida en 1997–, y México fue uno de los primeros países firmantes. Hoy en día, 164 naciones son parte de la convención, que establece una moratoria en la producción y uso de minas antipersonas.
A pesar de esos esfuerzos, el resurgimiento de conflictos armados en lugares como Siria, Afganistán, Nigeria y Ucrania ha hecho que vuelva a aumentar el número de víctimas. En 2018 rebasó las 6 mil y en 2020, las 7 mil. En ese último año, los incidentes se produjeron en 54 países.
De acuerdo con la ONU, el uso de minas por parte de entidades no estatales en 2020 fue detectado en Afganistán, Colombia, India, Myanmar, Nigeria y Pakistán. Ahora, en este 2022, habría que agregar a México en esa lista.
Los países firmantes del Tratado de Ottawa se fijaron la meta de erradicar las minas para 2025, pero el cumplimiento se ve complicado. En 2020, en medio de la pandemia, sólo se pudieron destruir 106 mil 500 minas. Se calcula que uno de esos objetos explosivos cuesta entre tres y 30 dólares, pero retirarlo puede costar entre 300 y mil dólares.
Una historia de éxito ha sido la de Egipto, el país más afectado del mundo por minas antipersonas, pues, con ayuda internacional, logró limpiar un área de más de mil kilómetros cuadrados al norte de El Cairo –sembrada de explosivos durante las guerras árabe-israelíes– para desarrollar proyectos habitacionales.
Es una desgracia que mientras el mundo lleva más de 20 años buscando una salida al problema –que ha dejado miles de muertos y amputados–, México apenas va entrando en él. Esto requiere una acción rápida y eficaz por parte de la autoridad para retirar los explosivos que ya están enterrados y evitar que se siembren nuevos.