José Miguel Toribio, de apenas 13 años de edad, sabe cómo disparar un arma. Fue incluido en la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, en el Montaña del estado mexicano de Guerrero, a raíz de la amenaza inminente del crimen organizado contra esa comunidad que no llega ni al millar de habitantes. La razón por la que ahora está armado es la protección de su pueblo. Pero, aún así, él engrosa la lista (no oficial) de niños armados en México, práctica que a nivel mundial se lucha por erradicar, y este 12 de febrero se recuerda la urgencia de ese objetivo con el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado.

La efeméride de este sábado recuerda la urgencia por acabar con el reclutamiento de menores de edad en grupos armados alrededor del mundo, tanto de manera oficial, por ejemplo el Ejército, como en fuerzas armadas no gubernamentales, como grupos guerrilleros o del crimen organizado.

“Primero le pones así (jala el seguro del arma), le pones el tiro, luego otra vez le jalas más (mueve el cerrojo), aplastas este (señala el gatillo) y ahí truena”, explicó el menor a la cámara de Infobae, en mayo del año pasado. “Sí me gusta usar el arma”, decía con tranquilidad mientras sostenía una escopeta. También rechazaba tenerle miedo. Él no había visto a los Ardillos –el grupo delictivo que amenaza su comunidad– pero sabía que son “sicarios que matan y secuestran”. Entonces dijo que él está para proteger a los suyos.

Por otro lado, Migue, como le dicen sus amigos, lleva más de un año sin ir a la escuela “porque allá se encuentran los malos”. Recuerda que el Gobierno estatal les prometió una secundaria en Ayahualtempa. Se va a esperar a que cumplan para volver a estudiar. Mientras, aprendió bastante sobre municiones. Saca algunas de un bolso que carga. Son calibre 22. Y explica qué pasa con cada parte de la bala al disparar.

Juan Martín Pérez, coordinador para América Latina y el Caribe de Tejiendo Redes Infancia, sentencia que los niños armados para defenderse del crimen son síntoma de un Estado debilitado por la corrupción.

Para él, este problema se intensificó en México desde que estalló la guerra contra el narcotráfico, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), y hasta ahora, indica, es un problema que simplemente no cede. Los menores, explica, se volvieron el blanco perfecto de los criminales, ya que ha medido que ha escalado dicha batalla, ellos, a diferencia del Ejército, no tiene los suficientes hombres para hacer frente. Entonces recurren a reclutar niños.

El Comité de los Derechos del niño de la ONU empezó a emitir recomendaciones a México sobre esta prblemática desde hace 11 años. Pero, advirte Juan Martín, mientras no se tipifique ese delito en el Código Penal mexicano, poco se podrá hacer al respecto.

No hay datos oficiales, pero el especialista señala que, con base en estudios que las organizaciones proinfancia han hecho en el país, al año son reclutados entre 35 mil y 40 mil niños para actuar como elementos armados de los grupos criminales.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) urgió a finales del 2021 la tipificación del delito de reclutamiento infantil, señalando que a nivel global, más de 300 mil niños y niñas en el mundo que pertenecen a las filas de alguna organización criminal, mientras que solo en México serían 150 mil infantes los que actualmente se encuentran en riesgo de ser incorporados a ese tipo de agrupaciones.

¿Y quién es el responsable de rendir cuentas por esta emergencia? “Es el Estado mexicano; el Estado y sus instituciones son los garantes de los derechos”, recuerda el experto en derechos humanos de la infancia. En el caso de Ayahualtempa, indica, son performance, escenificaciones teatrales que buscan atraer la atención a una comunidad desesperada. Aún así lamenta que, solo con el hecho de que los niños sepan manipular un arma, sus derechos son vulnerados.

Sara Antillán, Oficial Nacional de Protección UNICEF México, explica a Infobae que el fenómeno de los niños reclutados en México no solo tiene las consecuencias ya vistas que es la vulneración de los derechos de los menores al adentrarlos en prácticas de violencias. Aquellos que se resisten a hacerlo se ven en la necesidad de huir de sus lugares de origen. Ellos lo vieron en un refugio de migrantes en Tijuana, ciudad fronteriza en el noroeste mexicana. El 70% de las personas atendidas eran mismos ciudadanos mexicanos, “provenientes de Michoacán y de Guerrero”, que no intentaban ingresar a EEUU por lograr el sueño americano, sino para huir del crimen que intentaba forzar a sus hijos a engrosar sus filas armadas.

Las consecuencias, señala la oficial de Unicef, principalmente es la muerte. Seguido a ello las psicológicas, como el estrés postraumático para quienes fueron expuestos a esas prácticas; las físicas, como las grandes cicatrices de tortura; o la sociales, como la casi imposible reintegración a la sociedad con la que muchos de ellos cargan cuando pasan por esa vivencia.