Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que la “pausa” propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las relaciones entre México y España haya tenido que ver, en realidad, con arrojar un señuelo para distraer la atención que ha merecido el escándalo sobre la residencia donde habitó su hijo José Ramón en la ciudad de Houston.

Una vía para que tal cosa deje de ser una especulación es analizar la sinceridad de los argumentos presentados por el mandatario a la hora de justificar tan controvertida iniciativa.

El pasado miércoles 9 de febrero afirmó López Obrador que durante tres sexenios consecutivos se mantuvo una relación corrupta entre varias empresas españolas y el gobierno mexicano. Citó en concreto a las compañías Repsol, Iberdrola y OHL.

Resulta obvio que, si el tema importa, no es pausando las relaciones con el gobierno español como este penoso asunto puede resolverse, sino encausando legalmente a las personas responsables de haber cometido los referidos hechos ilegales.

¿Cuánto ha hecho realmente el gobierno lopezobradorista para enfrentar esos presuntos actos de corrupción? ¿Concluyeron ya las supuestas relaciones de contubernio, las complicidades y las asociaciones denunciadas como ofensivas?

En el caso de OHL, por ejemplo, el Presidente acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de haber entregado obra pública y contratos a esta constructora sin cumplir con la norma: “Les puedo hablar de dos contratos que me constan: uno, el segundo piso de aquí a Satélite… y el otro, una autopista, creo que de Atlacomulco”.

La acusación sobre posible corrupción entre la administración de Peña Nieto y la constructora OHL no es nueva. Desde que ese ex presidente era gobernador del Estado de México hubo señalamientos sobre financiamiento ilegal de esa empresa española a favor de su proyecto político.

Igual que OHL había hecho en España con candidatos del Partido Popular (PP), se presume que en México esta compañía hizo generosos donativos a diversas campañas que luego cobró a partir de las obras referidas por López Obrador.

Si es cierto que OHL mantuvo relaciones corruptas con el gobierno de México entre 2012 y 2018, tal como López Obrador ha denunciado varias veces, uno de los individuos que habrían de ser investigados es el empresario mexicano Valentín Díez Morodo, ya que fue integrante del Consejo de Administración y actor clave de esa constructora en México.

Hace años que en España se procesó judicialmente a las personas involucradas en el financiamiento ilegal de OHL a favor de los líderes políticos del PP.

En cambio, en México, aún no se ha celebrado ninguna investigación seria al respecto. Peor aún, las relaciones del gobierno con Díez Morodo se mantienen prácticamente intocadas.

Como prueba de esta verdad se halla la denuncia que el miércoles 13 de octubre de 2021 realizó una reportera ante el presidente López Obrador: la privatización que el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo de un recinto asignado al Estado mexicano en la capital española y que fue entregado de manera irregular a una entidad presidida por Díez Morodo.

Se trata de un inmueble, propiedad del ayuntamiento de Madrid, entregado en 2017 a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana para que ahí fuese hospedada la Casa de México.

Este gesto ocurrió en reciprocidad al que Andrés Manuel López Obrador hubiese tenido con el gobierno español, cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Actualmente el Centro Cultural de España, ubicado en República de Guatemala 18, en el Centro de la Ciudad de México, es administrado por el ministerio español de Asuntos Exteriores. En contraste, una vez recibido el inmueble, la Casa de México fue concesionada por el gobierno mexicano a una fundación privada cuyo dueño es Díez Morodo.

Es decir que un bien público tan importante para la difusión de la cultura mexicana en España fue arrancado, por decisión del gobierno de Peña Nieto, de las manos del Estado mexicano para que el ex consejero de OHL hiciera con ella lo que le vino en gana.

Después de realizada esta transacción tan irregular, Díez Morodo nombró a Ximena Caraza Campos como directora del recinto y le asignó un sueldo que, según informó la misma reportera, rondaría los 570 mil pesos mensuales.

A la luz de las acusaciones realizadas por el actual mandatario mexicano, la trayectoria de Caraza Campos merece también colocarse bajo la lupa. Ella tuvo responsabilidad directa en las negociaciones que en el pasado se realizaron entre el gobierno mexicano y las empresas Iberdrola, OHL y Banco Santander, entre otras sociedades.

Es decir que ella, igual que Díez Morodo, habría estado en el corazón de la trama de corrupción expuesta por López Obrador. Suma como hecho relevante que Caraza Campos sea cuñada de Claudio X. González, uno de los personajes más vilipendiados durante las mañaneras lopezobradoristas.

Este conjunto de hechos justifica la pregunta que la reportera hizo durante la conferencia matutina hace ya cuatro meses: “¿Por qué no se ha incorporado esta institución (la Casa de México) a la embajada y opera como una embajada paralela allá en España? ¿Por qué sigue este elefante de corrupción?”.

Como respuesta el mandatario prometió valorar el asunto y aclararlo: “Si es irregular, dijo, se va a corregir… si es una asociación y le cuesta al pueblo de México y es un subsidio a particulares, eso no se puede permitir”.

Sin embargo, han transcurrido 120 días desde que la reportera interrogó y el asunto permanece intocado, lo mismo que los intereses de Caraza y Díez Morodo. Para España habrá de ser extraño que, mientras sus tribunales enjuician a los corruptos de OHL, en México se les premia y prolongan los privilegios, independientemente del gobierno en turno. Y para colmo, se culpa al gobierno español por las corruptelas.