Los ministros, un sobrino y la elección de la Corte

Salvador García Soto

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación vive, al igual que la República, una sucesión adelantada. A pesar de que la presidencia del ministro Arturo Zaldívar concluye hasta el 31 de diciembre, desde finales del 2021 ya comenzaron los cabildeos, el proselitismo y las presiones para reunir la mayoría de votos que permitan elegir al nuevo presidente de la Corte, que encabezará al Poder Judicial de la Federación a partir de 2023.

La disputa al interior de la Corte es entre dos bandos bien identificados: los ministros que están a favor de la 4T y que buscan elegir a un presidente o presidenta afín al presidente López Obrador y a su proyecto de “transformación”, y el bloque “anti 4T” que buscaría llevar a la presidencia de la SCJN a un presidente que reivindique la autonomía y soberanía del Poder Judicial.

En el primer bloque de los ministros que votarían a favor de un presidente cercano a Palacio Nacional se ubican el presidente saliente, Zaldívar Lelo de Larrea, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la nueva ministra Loreta Ortiz, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y ministro Juan Luis González Alcántara. Del otro lado, el grupo que buscaría una presidencia más autónoma en la Corte están Javier Laynez Potisek, Jorge Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucía Piña. Y en medio de los dos bloques, y quien puede ser el voto decisivo para la mayoría que elija al nuevo presidente de la Corte, se ubica la ministra Margarita Ríos Farjat.

De un lado, los posibles candidatos al bloque “pro4T” pueden ser Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara, cualquiera de ellos impulsado y apoyado por el presidente saliente Arturo Zaldívar, quien opera y cabildea su propia sucesión a favor del proyecto político lopezobradorista. En el otro bloque, el candidato de consenso es Javier Laynez Potisek, a quien impulsan no sólo los ministros que no se alinean a Palacio, sino también los enemigos declarados de Zaldívar como el expresidente de la Corte, Luis María Aguilar.

En el ambiente de sucesión anticipada que ya vive la Suprema Corte, se habla de presiones directas y fuertes a un ministro para que confirme su voto a favor del bloque “pro4T” a cambio de “resolver” la situación jurídica de un sobrino muy querido del ministro que hoy está en problemas legales. En el otro caso, el de la ministra que puede convertirse en el fiel de la balanza, también habrá fuertes presiones para que su voto se decante, llegado el momento, a favor de la opción más afín al lopezobradorismo. Esos dos votos, el tío de un abogado que tiene citatorio judicial para declarar y el de la ministra independiente, serían los que definan el nombre del próximo presidente o presidenta de la SCJN y la orientación que tomará la máxima instancia judicial en los próximos 4 años, incluidos los dos últimos del sexenio de López Obrador.

Para que quede totalmente claro: en la elección de la nueva presidenta o presidente de la Corte lo que se define no es sólo el nombre del o la jurista que dirigirá los destinos del Poder Judicial federal, incluido el Consejo de la Judicatura, sino también si quien encabece al máximo tribunal constitucional del país será completamente autónomo para reivindicar la independencia de uno de los tres poderes del Estado Mexicano o si esa independencia se somete al Poder Ejecutivo y acomoda sus fallos a los intereses del proyecto político en turno.

NOTAS INDISCRETAS… El exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, nos mandó ayer esta carta en la que da su versión sobre lo publicado ayer en este espacio.
“Con relación a su colaboración de hoy titulada ‘Tras los pasos de Julio’, me permito señalar que estos últimos meses han existido una serie de reiteradas insidias en contra de mi persona. En esta ocasión, sin embargo, lo único que no puedo dejar de señalar es que ni recibí ni entregué casa alguna a la que se hace referencia en su texto. En lo que hace a los otros señalamientos, éstos ya han sido lo suficientemente aclarados en otros espacios de la opinión pública, en donde además he reiterado en innumerables ocasiones, no conozco ni conocí al señor Álvarez Puga y a la señora Gómez Mont. Le solicito cheque la veracidad de sus fuentes, ya que en esta ocasión, rayan en la falsedad”. Hasta ahí el texto de Scherer Ibarra, quien se refiere, sin mencionarlo, a la propiedad de Álvarez Puga-Gómez Mont, ubicada en el exclusivo desarrollo de Tres Vidas en Acapulco y que habría sido cedida por la pareja al abogado Guillermo Barradas, para cubrir un presunto adeudo con el litigante. La propiedad ya fue requerida por la FGR como parte de la confiscación de bienes al matrimonio prófugo, acusados de delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal… Para el triunfo anunciado de Ricardo Aldana como nuevo secretario general del STPRM fueron claves dos cosas: primero que la 4T y el propio López Obrador nunca vieron con malos ojos al exfinanciero y pupilo de Carlos Romero Deschamps, que le representa al gobierno la posibilidad de mantener el control político del complicado y estratégico gremio petrolero, en un sector que es prioridad para el presidente, y segundo, que los intentos de concretar una candidatura única para hacerle frente a Aldana y a la mafia de Romero Deschamps fracasaron desde antes de la elección, cuando los 24 aspirantes fueron incapaces de ponerse de acuerdo y ceder en favor de una sola persona que concentrara el voto opositor dentro del Sindicado. Así el voto de los petroleros disidentes al cártel romerista se atomizó y fragmentó abriendo la puerta al hombre que transfirió recursos a la campaña presidencial del PRI en el año 2000 por 1,200 millones de pesos, en el llamado “Pemexgate” y que ahora será el flamante dirigente del sindicato petrolero. Una de las aspirantes mujeres en esta elección, Esbayde Villaverde, le dijo en su cara a Luisa María Alcalde, el pasado 28 de enero en Palacio Nacional, que la secretaria del Trabajo era “un estorbo” para que avanzara la democracia sindical en el sindicato petrolero. “Consideramos, licenciada, que usted ha sido un estorbo para la justicia, desde el momento que usted les ha dado participación a esas personas… Pido que en verdad no sea usted una traidora para la 4T”, dijo la aspirante petrolera, que se quejaba de que se haya permitido inscribirse como candidatos a candidatos “corruptos y espurios”. Luisa María Alcalde le respondió ahí mismo que la decisión de quienes participan en una elección, es solo de la organización sindical y que a ella como autoridad solo le correspondía vigilar que se respetaran las reglas democráticas en la elección. Pues tal vez la secretaria no estorbó para nada, tanto que, con todo y democracia, el millonario y poderoso sindicato de Pemex seguirá en manos de Romero Deschamps… Los dados mandan Escalera Doble. Buen tiro.

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