Mientras la economía se encuentra estancada, la inflación sigue alta, alrededor de cien mexicanos son asesinados por día y la corrupción continúa presente en los gobiernos, el próximo 10 de abril los mexicanos podrán ir a las urnas para decidir si se queda o no el presidente López Obrador en el poder.
Se trata de un ejercicio fútil porque ya sabemos que el mandatario se quedará en su lugar hasta que termine su sexenio. No sólo porque cuenta con la popularidad necesaria para ganar en la revocación de mandato, sino que en el poco probable caso de perder, nunca aceptaría los resultados adversos.
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Así que los mexicanos nos vamos a gastar por lo menos mil 700 millones de pesos en un ejercicio que a pocos electores les importa.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la pregunta definida en la Ley de Revocación de Mandato. Siete ministros votaron para cambiarla, cuatro para que se mantuviera y, como se requerían ocho votos con el fin de modificarla, pues se quedó tal y como la habían definido los legisladores.
La pregunta, por tanto, quedará de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Las dos posibles respuestas son: “Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza” o “que siga en la Presidencia de la República”.
Creo que los ministros de la Suprema Corte hicieron bien en sacar rápido esta papa caliente. Entendieron que tienen batallas más importantes que dar en el futuro con leyes que involucran a este gobierno y supongo que, por eso, dejaron pasar esta pregunta para mantener, por lo pronto, apaciguado al Presidente.
A muchos les hubiera gustado que la Suprema Corte le diera palo a la pregunta, tal y como proponía el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebollo, pero, en realidad, al ser la revocación un asunto trivial, mejor tratarlo como tal y enfrentarse a López Obrador en temas que valgan la pena como la militarización creciente del país.
La segunda aduana de la revocación ha sido con respecto al tema presupuestal. El Instituto Nacional Electoral (INE) le solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación de su presupuesto por mil 738 millones de pesos para llevar a cabo la consulta popular el próximo 10 de abril de acuerdo con los estándares que están definidos en la ley respectiva.
En una carta larga de 14 páginas, soporíferamente burocrática, la Secretaría de Hacienda le ha negado dichos recursos al INE. Así que esta institución deberá organizar la revocación de mandato con ahorros que realizó y que suman nada menos que mil 700 millones de pesos.
Es una suma considerable pero, según el INE, no alcanza para hacer una elección con 160 mil casillas en todo el país con los protocolos de seguridad y certeza que caracterizan a esta institución. Luego entonces, se hará una consulta más austera donde, como ya sabemos, irá a votar la gente que quiere que AMLO se quede en la Presidencia hasta que termine este sexenio.
Por cierto, llama la atención que la carta de Hacienda esté firmada por Félix Arturo Medina Padilla, “Procurador Fiscal Federal en suplencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, de los Subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos y, del Oficial Mayor”. De milagro no enviaron a firmar el oficio a un intendente, lo cual demuestra el desdén de Hacienda para con el INE.
Este instituto, por su parte, está en el proceso de validación de las firmas para convocar la consulta de revocación. En este país surrealista donde fueron las fuerzas del gobierno las que presentaron las firmas para revocarle el mandato al Presidente, no la oposición, se entregaron casi diez millones de firmas en apoyo a la consulta.
Se detectaron 554 mil inconsistencias, alrededor del 22%. Entre ellos había más de 17 mil difuntos que firmaron para convocar a la consulta. Una belleza que nos recuerda aquellas épocas del autoritarismo priista donde los muertos solían votar a favor del candidato del tricolor.
Todo indica, entonces, que habrá consulta de revocación de mandato el 10 de abril, con la pregunta que definieron los legisladores y en un ejercicio donde el INE se gastará mil 700 millones de pesos con el fin de elevarle el ego al señor Presidente de la República.