Mientras estamos preocupados por el testamento político del presidente López Obrador, lo cierto es que él mismo se está escribiendo con base en los datos duros que un día sí y el otro, también nos proporciona la realidad nacional. Cada día hay demasiados temas que no dejan de asombrar y que pasan relativamente desapercibidos o no reciben la atención que realmente merecen.
Uno de ellos es el del asesinato a periodistas. Este fin de semana le tocó a Lourdes Maldonado, una comunicadora de Baja California que tenía desde hace años un conflicto con el exgobernador del estado, Jaime Bonilla, porque había sido despedida de un canal de televisión local propiedad el exfuncionario.
Lo cierto es que en apenas tres semanas han sido asesinados tres periodistas en México, el año pasado fueron nueve y la cifra de comunicadores muertos en los últimos años, sobrepasa los 400 y casi todos esos crímenes han quedado en la más completa impunidad. Ésa es la norma: se dice que se va a investigar, que no quedarán estos delitos impunes y lo cierto es que en el mejor de los casos se termina deteniendo a un sicario que cobró unos pesos por estas acciones y nunca, o casi nunca, se encuentra a los principales responsables.
México es hoy el país con mayores riesgos para ejercer el periodismo, más allá incluso de las naciones que viven un conflicto bélico y nada parece merecer la atención gubernamental. Ninguno de los presuntos responsables denunciados como sucedió con Maldonado, es siquiera investigado. La mayoría de los asesinatos de periodistas están relacionados con el accionar de grupos criminales, es verdad, pero muchos otros, como ocurre con los que sufren periodistas o políticos locales, se relacionan con el accionar de intereses particulares, venganzas o amedrentamiento de caciques locales.
Mientras predomina la impunidad en este tipo de crímenes, otros se convierten en casi algo normal, cotidiano. Resulta insólito que unos personajes hayan podido penetrar a un resort de alto nivel en Xcaret, matar a dos turistas canadienses allí alojados, abandonar el lugar e irse como si no hubiera pasado nada. Los límites que durante mucho tiempo se impusieron en muchos lugares turísticos de alto nivel se traspasan sin consecuencias. Ello implicaba en el pasado graves condenas para quienes violen estas normas, pero lo cierto es que hoy no pasa nada, los hechos de sangre en hoteles y resorts se suceden sin comprender que en el exterior este tipo de hechos, que se repiten cotidianamente matará la gallina de los huevos de oro. El turismo tiene límites que no se pueden traspasar.
Pocas cosas, sin embargo, han impactado más que el caso de un bebé abandonado en el reclusorio de San Miguel, el más importante de Puebla. El bebé, fallecido con apenas tres meses de nacido, fue sustraído de un cementerio en México y enviado al reclusorio en Puebla. El caso es que se trata de un hecho de enormes repercusiones, que, a partir de los datos proporcionados, podría generar incluso golpes dentro del equipo de gobierno. El caso del bebé en Puebla se ve también con demasiados prejuicios, pero cuando se analice esta historia mucho más de cerca, se comprueba que las complicidades trascienden y mucho los canales institucionales locales.
Qué bueno que el gobernador de Puebla cambió al personal de seguridad pública y de penales en la entidad, pero la corrupción va muchos más allá. Hoy nuestras policías municipales están controladas por el crimen organizado en todo el centro del país, en parte porque ellos mismos se convierten en cómplices, pero también porque nadie ha hecho su tarea, porque no existe una suerte de espacio para garantizar seguridad sin pagar costos.
Porque si nos vamos a los espacios de los que goza el crimen organizado, no podemos dejar de lado a gobiernos estatales y municipales. No se trata sólo de niños exhumados e ingresados a un penal, se trata lisa y llanamente del vacío institucional existente. Si un bebé puede ser robado de un cementerio de la Ciudad de México e ingresado a un penal a 400 kilómetros de distancia para hacer un sacrificio vudú o santero, y luego arrojado como basura, es que algo está demasiado descompuesto en nuestras sociedades. Mientras tanto sigamos jugando el juego de que aquí nunca pasa nada.
Limones y criminales
La inflación durante la primera quincena de enero fue de 7.13 por ciento, una tasa mucho mayor a lo proyectado. Pero no deja de llamar la atención de que se acepte que ese incremento inflacionario se deba al aumento del precio del limón, detonado por las extorsiones que impone a sus productores el crimen organizado en Michoacán, así como a los aguacateros y muchos otros. Cuando la actividad del crimen organizado comienza tener repercusiones en temas tan ajenos a sus actividades como la inflación o el turismo, ello debe ser interpretado como lo que es: el crimen convertido en un factor de poder de consecuencias impredecibles.
