Pablo Gómez cumplirá esta semana escasos 15 días de rendir protesta como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero en este lapso inundó al sistema bancario con requerimientos de información ligados a los personajes implicados con los dos mayores escándalos financieros del último lustro: los “Panamá Papers” y los “Pandora Papers”.

El reclamo de expedientes bancarios enviado por la UIF incluye al menos 80 nombres. Desde ahora resulta claro que el más explosivo de ellos es Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, quien aparece en los dos episodios referidos. Otras dos figuras cercanas al presidente López Obrador se hallan en esas solicitudes: el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, y el exconsejero jurídico presidencial, Julio Scherer Ibarra.

En el listado de requerimientos por parte de la UIF confirmado a este espacio —parcialmente revelado ayer por la periodista Peniley Ramírez— destacan igualmente políticos, empresarios y operadores cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto, entre ellos el considerado “intocable” Juan Armando Hinojosa, al que se le atribuye haber recibido contratos gubernamentales por 60 mil millones de pesos; Juan Ramón Collado, abogado de la élite política; Emilio Lozoya; Jacobo a Isaac Bazbaz, contratistas y hermanos de Alberto Bazbaz, en su momento titular de la propia UIF y del Cisen; Tomás Zerón de Lucio, ahora prófugo en Israel, y Jesús Sesma, figura clave del Partido Verde. Todos ellos, directivos de empresas de papel, según los registros de “Panamá Papers” (abril 2016), de “Pandora Papers (octubre 2021), o de ambos.

Esta determinación de Gómez Álvarez marcará, para bien o mal, su gestión al frente de la UIF. Y representará un ciclo de tensión con el fiscal Gertz Manero, como el que sostuvo el anterior titular, Santiago Nieto, y que pudo haber precipitado la defenestración decretada en su contra desde Palacio.

Ello ocurre cuando la Fiscalía General de la República había iniciado acercamientos con la UIF en el entorno de la nueva administración, que buscaba incluir el acceso por parte del equipo de Gertz, a las bases de datos de la entidad que ahora conduce Gómez.

Los “Panamá Papers” desataron una crisis luego de que 400 periodistas de 76 países, que laboraban en 109 medios de comunicación, coordinados por el Centro Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revisaron durante un año millones de documentos que exhibían a cientos de figuras por haber creado empresas en paraísos fiscales para, en el mejor de los casos, disimular la compra de yates de lujo o mansiones; en el peor, para el blanqueo de capitales. Quedó de manifiesto la relevancia del periodismo y del acceso a la información pública.

El 4 de abril de ese 2016, a unas horas de que estallara el escándalo que incluía a políticos y empresarios mexicanos, Andrés Manuel López Obrador —en ruta hacia su tercera y definitiva candidatura presidencial— exigió durante un mitin en Tlaxcala que el SAT investigara a los implicados pues “se trata, sin duda, de lavado de dinero”.

El aspecto más inquietante en la pesquisa de Pablo Gómez desde la UIF será la aparición de Gertz Manero y de su hermano Federico en los registros de los “Panamá Papers”; los argumentos esgrimidos por él entonces, y cinco años más tarde, en los “Pandora Papers”. Ello representará una incomodidad para Palacio, y arrojará nuevas lecturas al conflicto jurídico que el fiscal sostiene con Laura Morán, durante décadas pareja de Federico.

Una hija de ella, Alejandra Cuevas, se halla en prisión desde octubre de 2020 bajo acusaciones cada vez más insostenibles.