El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró una etapa en su estrategia política con el llamado que hizo a los 15 nuevos gobernadores de la República, en su mayoría emanados del Movimiento Regeneración Nacional, a denunciar los posibles actos de corrupción cometidos por sus antecesores, principalmente de las fuerzas de oposición, aunque no solo los morenistas han arremetido contra quienes les dejaron los cargos.

Durante su conferencia mañanera del 26 de noviembre en el estado de Guanajuato, bastión histórico de Acción Nacional, el primer mandatario recomendó a los nuevos gobernadores “no ser tapadera, que no haya afanes de venganza, pero que no se conviertan en cómplices, en encubridores”.

Esto a propósito de las denuncias que Alfredo Ramírez Bedolla, nuevo gobernador de Michoacán, ha hecho prácticamente desde el día uno de su gestión sobre el “saqueo” por más de cinco mil millones de pesos del perredista Silvano Aureoles, quien hasta el último día de su mandato reclamó que Morena pactó con el crimen organizado.

Otro caso similar es el de Zacatecas, donde David Monreal ratificó al secretario de Seguridad que Alejandro Tello nombró apenas tres días antes del traspaso de poderes, solo para destituirlo semanas después a raíz de la “violencia sin límites” que vive el estado tras el sexenio del priista, como acusó la secretaria de Energía federal, Rocío Nahle.

En Colima, Índira Vizcaíno dijo haber detectado anomalías por más de mil 800 millones de pesos en la administración de Ignacio Peralta. Mientras que Layda Sansores denunció “rapiña” de los funcionarios salientes en el proceso de entrega-recepción en Campeche, pues dejaron 155 millones de pesos etiquetados y otros tres mil millones ya comprometidos.

Las confrontaciones no se dan solo donde ganó Morena. En Chihuahua, donde el PAN retuvo, María Eugenia Campos entró reclamando el “desastre financiero” de Javier Corral, aunque ella misma reconoció en agosto que no había denuncias interpuestas, sí adelantó que investigaría los llamados “expedientes x” por supuestos actos de espionaje y tortura.

Respecto a este llamado por parte del primer mandatario, Reporte Índigo entrevistó a Ricardo Tapia Basurto, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestro en Gobierno por la misma institución, quien comenta que es parte de la estrategia de “gobernar en campaña” lo que López Obrador ha implementado desde que inició su administración.

“El presidente lo que está haciendo con este manotazo en la mesa no es solamente un llamado de atención a los gobernadores salientes o a los entrantes, es una forma de decir: ’ustedes no van a imponer candidatos, ustedes van a aceptar a quien yo decida’. Esa idea de que el presidente va a palomear las candidaturas y va a definir la vida política de los estados se entiende en la misma lógica”.

En ese sentido, considera que el combate a la corrupción “es un recurso discursivo y una amenaza de control político y nada más”, contrastando tanto el reciente acuerdo de seguridad nacional que blinda los proyectos de infraestructura y la polémica en torno a Emilio Lozoya, finalmente en prisión preventiva luego de que no pudo aportar evidencia contra más exfuncionarios y causó escándalos que afectaron la imagen del gobierno.

Aunado a que hasta el momento los nuevos gobernadores se han limitado a hacer públicas las irregularidades de sus antecesores, Tapia Basurto critica que “si el combate a la corrupción y la impunidad fuese el objetivo, se estaría procediendo contra ellos con carpetas de investigación sólidas”.

Por su parte, José Manuel Urquijo, estratega político por la Universidad George Washington, comenta a Reporte Índigo que para López Obrador resulta bastante lógico dar la instrucción de investigar a los gobernadores salientes siendo que, fuera de Baja California, ninguno es emanado de Morena, mientras que para los mandatarios entrantes, también es redituable para prolongar su “luna de miel” con la ciudadanía.

“Hay que ver hasta qué punto les da a los nuevos mandatarios esta retórica, que incluso tiene algunos tintes populistas por ahí de investigar al pasado. Yo creo que los ciudadanos están cansados de los discursos contra la corrupción y, al final de cuentas, vemos que la impunidad se mantiene y la confianza en las instituciones se ve dañada. Lo dice el último informe de Latinobarómetro”.

El experto también cuestiona los alcances de estas investigaciones, pues varios de los mandatarios entrantes tendrán que convivir con fiscales “que en la letra serán autónomos, pero en los hechos fueron propuestos por el gobernador que se fue y evidentemente responden a ciertos intereses”.

Si bien algunos morenistas han comenzado a destapar irregularidades en las administraciones que culminaron, fue el mismo López Obrador el que dio el visto bueno a varios exgobernadores del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, lo que a su vez representa un reto más para los nuevos mandatarios, puesto que limita qué tanto podrán investigar y revelar sin contradecir al presidente.

Este escenario se extiende incluso a la confrontación que hay entre los panistas de Chihuahua, pues en la última gira que realizó López Obrador por el estado antes de la salida de Corral Jurado, ambos intercambiaron elogios, identificándose mutua- mente como hombres honestos comprometidos con el combate a la corrupción, lo que despertó rumores de que el exgobernador llegaría al gabinete federal, los cuales no se confirmaron.

Exgobernadores: perseguidos unos, premiados otros

La instrucción de López Obrador para que los nuevos mandatarios no sean “tapaderas” de los salientes contrasta con el visto bueno que él mismo dio de algunas administraciones de la oposición, a cuyos titulares incluso invitó a integrarse al Gobierno federal luego de transiciones mucho más tersas de las que se han registrado en entidades donde los exgobernadores asumieron posturas más críticas contra él.

El caso más destacado es el de Quirino Ordaz, exgobernador priista de Sinaloa a quien López Obrador ofreció la embajada de México en España por su “buen trabajo”, pese a que él mismo, como dirigente nacional de Morena, lo acusó en la campaña de 2016 de corrupción y de querer ser gobernador “para seguir robando”. Mientras que Rubén Rocha, hoy mandatario morenista, señaló a Ordaz de financiar una “campaña negra” en su contra.

Situaciones similares ocurrieron en Guerrero, con el priista Héctor Astudillo, y en Nayarit, con el panista Antonio Echavarría, a quienes López Obrador ofreció un lugar en su gobierno tras entregar sus estados a Evelyn Salgado y Miguel Navarro, respectivamente.

Incluso el titular del Ejecutivo ha llegado a hacer la misma invitación a Mauricio Vila, mandatario en funciones de Yucatán hasta 2024 y quien fue incluido como presidenciable de Acción Nacional para dicho año.

José Manuel Urquijo, estratega político por la Universidad George Washington, recalca esta contradicción, considerando que “hay un doble mensaje político. Por una parte dice ‘sí, investiguen’, pero por otra los está invitando a ser parte de su Gobierno en el Servicio Exterior, un entendido que es como para darles unas vacaciones, alejarlos y que no sigan causando molestias por acá en el país”.

Incluso señala la problemática que esto representa para los mandatarios de estos estados, pues “evidentemente permanece un vacío para los gobernadores que se quedan a investigar. ¿Hasta qué punto pueden realmente investigar a los que se fueron cuando han sido invitados por el presidente”.

Para Ricardo Tapia Basurto, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, este es un ejemplo del uso discrecional de la justicia y lo contrasta con la confrontación directa que la nueva administración morenista en Michoacán tiene contra el grupo del exgobernador Silvano Aureoles. Si bien no duda de la corrupción en esa gestión, tampoco descarta prácticas similares a las de los invitados de López Obrador.

“La justicia se está aplicando de forma selectiva contra quienes son percibidos como rivales que no están pactando, mientras que para los están dispuestos a pactar, no hay necesidad de iniciarles procesos, exhibirlos ni nada. Esa es la lógica que tenemos que entender. Que no es nueva, ha sido desde siempre. Hoy simplemente es mucho más evidente el uso discrecional de la justicia mexicana y seguimos pagando por ello”.