En 5 renglones, el presidente López Obrador ejecutó el acto autoritario más grave en lo que va de su gobierno. Declaró que todas las obras de infraestructura que realice el gobierno federal son de seguridad nacional. Nadie se puede amparar, nadie tiene tiempo para evaluar si es viable o no, no hay obligación de licitar nada ni de rendir ningún informe sobre cómo se maneja el dinero —desde luego— en un aeropuerto, un tren o una refinería, pero también en una carretera, un puente, un edificio, una central eléctrica, una presa…
Con el Decreto del Secreto, el presidente López Obrador da otro paso en su consistente ruta para anular la ley si no le conviene y usarla cuando le sirve contra cualquiera que no piense como él.
Con fría claridad dice que lo firmó para brincarse los amparos que impugnan sus obras. No tiene empacho en confesar su deseo de anular la defensa que la Constitución otorga a los ciudadanos contra los abusos del gobierno. Con su firma, desaparece ese derecho. ¿Lo quieren más claro? Piensa que es su derecho legítimo anular la Constitución de un plumazo porque le estorba. Nada menos.
Como piensa que sería correcto desaparecer al INE para que siempre juegue a favor de él. Como piensa que las mujeres, los estudiantes, los científicos, las personas con discapacidad, los grupos vulnerables que se quiera no tienen derecho a los fideicomisos porque él quiere usar ese dinero para sus caprichos.
Como pensó que era correcto ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte porque él confiaba en el ministro.
Como piensa que los legisladores están para aprobar lo que él desea sin cambiar una coma y que es correcto usar el poder desde el Estado para hostigar, señalar o perseguir judicialmente a quien se oponga.
Como piensa que las leyes electorales no aplican para él; que las leyes anticorrupción no aplican para sus aliados, familiares y amigos; que los organismos autónomos deben estar en manos de sus incondicionales.
Como piensa que los militares deben tomar cada vez más tareas civiles sin molestas supervisiones.
Como piensa que es correcto usar “su” dinero para impulsar su deporte favorito, el beisbol, pero no para la salud de enfermos crónicos ni para invertir en salud en tiempos de pandemia o en salvar a las pequeñas empresas impactadas por la crisis económica. Como piensa que los menores de edad no tienen derecho a vacunarse porque él quiere usar ese dinero en una refinería contaminante.
SACIAMORBOS
1.- El jueves revelamos en un reportaje que tras revisar 966 contratos que otorgó el Ejército para construir el aeropuerto de Santa Lucía se encontraron empresas fantasma, compañías sancionadas e irregularidades sospechosas como que un negocito de renta de juegos infantiles resulta que aparece como millonario proveedor de tractocamiones. Cuatro días después, el Decreto del Secreto impide que eso vuelva a suceder: ¿la corrupción? ¡No! Lo que impide es que la prensa, vía la ley de transparencia, obtenga contratos y los pueda revisar.
2.- Se confirmó oficialmente lo que revelamos ayer en esta columna: el presidente retiró el nombramiento de Arturo Herrera, su exsecretario de Hacienda, para encabezar el Banco de México. Esta historia tiene hilo largo aún…