Varias dependencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregaron 312 millones 895 mil pesos a la red de empresas de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, –el polémico empresario israelí que vendió el software espía Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto–, quien a su vez dispersó el dinero hacia una telaraña de empresas, en operaciones presuntamente irregulares, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ansbacher, quien fue representante de NSO Group en México, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones de lavado de dinero realizadas con una red de 30 empresas que fueron exhibidas por Proceso y Aristegui Noticias en julio pasado, en el marco de la investigación internacional Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories.
El hombre vendió el software Pegasus al gobierno de Peña Nieto, que lo utilizó para intervenir de manera ilegal y masiva los celulares de más de 15 periodistas, un centenar de defensores de derechos humanos y más de 700 opositores políticos, incluyendo todo el círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador.
Un informe que publicó este jueves la ASF señala que, entre noviembre de 2019 y junio de 2020, la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V. –creada por los prestanombres de Ansbacher en 2017– recibió 231 millones 696 mil pesos de “diversas agencias de gobierno”, de los cuales distribuyó 146 millones 79 mil pesos a seis empresas, que a su vez esparcieron 127 millones 778 mil pesos a otras 15 empresas.
La ASF señaló que las 21 empresas que recibieron los recursos del gobierno federal “no tienen relación con la prestación de servicios proporcionados”, que “ocho están vinculadas entre sí, toda vez que tienen los mismos socios accionistas, reportaron domicilios fiscales, números telefónicos o correos electrónicos iguales en el Registro Federal de Contribuyentes, o fueron constituidas en las mismas fechas o ante el mismo corredor público”.
Y agregó: “Adicionalmente, 19 de estas empresas, incluyendo al proveedor adjudicado, no reportaron movimientos relacionados con sueldos y salarios ni empleados durante los ejercicios de 2019 y 2020; 20 de ellas son de reciente constitución (incluyendo al proveedor adjudicado) y 10 no reportaron ingresos o no presentaron declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el ejercicio de 2020”.
Pago con sobreprecio al INM
La ASF encontró otra empresa vinculada a la red de Ansbacher, llamada Nemecisco S.A. de C.V. –que no había sido detectada por Proceso y Aristegui Noticias–, la cual recibió 81 millones 199 mil pesos del Instituto Nacional de Migración (INM) por un servicio que realmente costaba 8 millones 591 mil pesos.
Esta empresa, a su vez, envió 84 millones 499 mil pesos a una empresa de Panamá –Stavton Corporation–, las mexicanas Comercializadora Internacional MMXVII, Textiles Industriales Navy y Upsec, la sociedad de Hong Kong China Xinxing Import and Export Corp y la israelí Cellbrite Di Ltd.
De acuerdo con la ASF, Comercializadora Antsua desvió por su parte los recursos que recibió de agencias federales a las empresas RS Moldes, Comercializadora de Bienes y Servicios por Aire y Tierra, TT Business, Logística Lorj y Quementop, todas vinculadas entre sí.
Estas, a su vez, canalizaron los fondos a las empresas Comercializadora Kento, Vitese, Increase Value, Comercializadora Torongar, Hermonsa, Valdearenas Comercalizadora, Comercializadora Feremex, Swensea Commerce, Textiles Beltrán, Logistic & Busines Class, Ferzo Personal en Servicio, Textiles y Manufacturas Jiromi, Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, Grupo Orijov y Uvi Tech.
Al analizar los más de 143 millones de pesos por aclarar derivados de irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) –dirigido por Francisco Garduño Yáñez– en contrataciones de material informático en 2020, la ASF detectó que el INM pagó 113 millones de pesos a Comercializadora Antsua, S.A. de C.V. por un contrato que le adjudicó de manera directa para arrendar computadoras a un precio inflado –la empresa compró ese material por 65 millones de pesos– y recibió equipos que no cumplían con las características mínimas de velocidad de procesamiento y de disco duro.
Por si fuera poco, la ASF revisó una muestra de mil 331 aparatos, y observó que 260 de ellos no se encontraban y que “no se acreditó su existencia”.
En el informe, la ASF sostuvo que “no cumplió con las disposiciones legales y normativas” en la contratación de servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y determinó que “existen deficiencias e irregularidades en los procesos de investigaciones de mercado, los estudios de factibilidad, así como en la elaboración, revisión, suscripción e integración de los expedientes de los cuatro contratos y dos convenios modificatorios revisados que no permiten garantizar contrataciones que cumplan en términos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad”.
