Pero resulta que no es verdad. La reforma sí es expropiatoria y ello se encuentra en el propio texto de la iniciativa que dice textualmente en uno de sus artículos transitorios que, de aprobarse, cancelaría “los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado”. Eso es en los hechos una expropiación. Eso involucra a grandes empresas generadoras, así como a personas físicas que han instalado sus paneles solares para, como las empresas, generar energía más barata, para sus industrias y comercios o para sus hogares.

La energía que generan los privados es más barata que la que genera la CFE: ése es el tema central. Cualquiera que haya hecho una inversión en el sector, sabe que gasta menos en energía que si ésta se la proporciona la CFE. No es un tema de injusticia o competencia desleal contra la empresa paraestatal, es que, simplemente, la CFE es mucho menos eficiente. Ocurrió durante años con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro respecto, incluso, de la propia CFE. Era la empresa de luz más ineficiente del mundo, aunque tenía el monopolio energético de la Ciudad de México.

La Comisión no tendría que estar en números rojos como lo está ni argumentar una competencia desleal porque con las leyes actuales tiene enormes ventajas comparativas, entre ellas el monopolio de la transmisión de la energía, y no veo que alguien pierda si esa energía que trasmite la compra por un precio por debajo del que a la propia CFE le cuesta generarla.

Ayer preguntábamos en este espacio qué pensaría de esta reforma un secretario de Hacienda que no había aparecido en absoluto para debatir el tema. Y ayer mismo apareció Rogelio Ramírez de la O. En un intervención en un foro empresarial defendió la reforma y dijo que la misma se hacia para corregir abusos y reconoció que tenía preocupación por las consecuencias financieras de la misma. No dudo que haya habido empresas (las inversiones privadas en el sector superan los 44 mil millones de dólares) que pudieran haber cometido abusos, pero asombra que antes e inmediatamente después de las elecciones tanto Alfonso Romo como Carlos Urzúa, el primero jefe de la Oficina presidencial y enlace con los empresarios, y el segundo, primer secretario de Hacienda de esta administración, hayan reconocido esos contratos. Urzúa ha escrito mucho y bien sobre lo errada que está la reforma.

Romo me decía en una entrevista del 12 de junio del 2018, que “ahora que fuimos a Nueva York, aparte de las reuniones que tuvimos con los fondos y los bancos, nos sentamos con veinte de las multinacionales más grandes. Y quiero destacar los temas de la plática. En la mañana era no mover las variables económicas, porque todo el mundo está preocupado por el bono de los fondos; después eran las reformas, sobre todo la energética, darles tranquilidad de que no va a haber un cambio drástico… el otro tema, lo más importante con los presidentes de consejo de compañías muy grandes, fue la seguridad… Va a haber orden. Eso de la rectoría del Estado que Andrés Manuel usa como término, es un Estado fuerte que dé seguridad física y jurídica; que haya Estado de derecho, que no haya impunidad y que haya seguridad. Jurídica y física. Si un Estado no nos da estas dos, para qué estamos”.

Le volví a preguntar a Alfonso si “no va a haber marcha atrás en la reforma energética”. “Vamos a respetar, me dijo Romo, todos los acuerdos y el Estado de derecho. Vamos a ver cómo están las licitaciones, por decir algo, porque la reforma es más compleja. A ver, las licitaciones, ¿cómo están? Hasta hoy lo que hemos analizado y lo que hemos visto es que están muy bien hechas y quiero aplaudir a la autoridad. Porque nunca me he encontrado con tantas compañías extranjeras aplaudiendo la transparencia con que fueron realizadas las licitaciones de las grandes compañías. En resumen, lo que esté bien lo vamos a dejar, lo que hay que ajustar lo vamos a ajustar, lo que tenemos que quitar, porque no es bueno para el país, le vamos a proponer al Legislativo que lo cambie. Pero los primeros tres años nos estamos comprometiendo a no mover nada, a dar mucha confianza”. Era junio de 2018, faltaba un mes para las elecciones.

Ahora dice Ramírez de la O que se encontraron abusos de algunas empresas. Insisto, es muy probable, pero entonces, como decía Romo en esa entrevista, que se “ajuste” y se “quite” lo que está mal, se castigue lo que está por fuera de la ley y que se respete la seguridad jurídica de los inversionistas. Porque lo que se está haciendo es acabar con ella y “si el Estado no nos da seguridad física y jurídica”, como decía también Romo, “¿para qué está?”.

No es menor otro comentario que hizo el secretario de Hacienda sobre las consecuencias financieras de la reforma. La vulneración de la seguridad jurídica de los inversionistas privados provocará, como ocurre ya con empresas como Fermaca y otras, demandas millonarias contra la CFE y el Estado mexicano. Demandas que, sencillamente, no se pueden solventar. Y ante ello lo único que quedará será el derrumbe. No sé por qué no aprendemos, ya lo vivimos en 1982.