Ejecutar una reforma constitucional que tenga como objeto una renovación tajante de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) como planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, carece de los votos necesarios en el Congreso de la Unión, consideraron los exconsejeros presidentes del IFE Luis Carlos Ugalde, María Marván Laborde y Leonardo Valdés Zurita.

Ugalde Ramírez y Valdés Zurita calificaron como “irrelevante e intrascendente” que el Jefe del Ejecutivo federal plantee que en su reforma electoral propondrá un cambio tajante de los integrantes de ambas instituciones.

En contraste, el analista político José Antonio Crespo advirtió que hay que tomar en serio la postura de López Obrador porque quizá ahora no le alcancen los votos, pero eso dependerá del Congreso donde el Presidente hará todo lo posible por tener una mayoría calificada para controlar ambas instituciones.

“El punto clave es cómo se elegirán a los próximos consejeros o magistrados, bajo qué fórmula o condiciones. El chiste es que el Presidente no logre meter a sus afines, porque entonces sí va a controlar a las instituciones electorales”, subrayó.

El exconsejero presidente del IFE de 2003 a 2007, Luis Carlos Ugalde Ramírez, opinó que la declaración del Presidente es irrelevante, porque el Jefe del Ejecutivo no nombra ni quita a los integrantes del INE y del TEPJF, sino la Cámara de Diputados y el Senado.

“El Presidente no tiene los votos para lograrlo. Es parte de su retórica en contra de los organismos electorales, la cual lleva años, donde si a su juicio la autoridad electoral hace mal las cosas, va en contra del ellos”.

María Marván Laborde, consejera presidenta del IFE de 2013 a 2014, advirtió al INE y al TEPJF que son piedras angulares en nuestra democracia, las cuales deben cuidarse.

“La pregunta es que va a contener su propuesta de reforma constitucional, porque no sólo puede decir que van a renovar al Consejo General del INE o al pleno del Tribunal. Sabemos que le molesta sobre manera lo que cuesta el INE y eso le ha resultado rentable, pero aun desapareciendo el Consejo General y sus sueldos, no le bajaría ni el 1% de lo que cuesta la institución”.

Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente de 2008 a 2013, coincidió en que la campaña del Presidente no tiene ningún sentido porque los organismos electorales han demostrado que hacen su trabajo correctamente y que tienen las capacidades técnicas y profesionales para aplicar la ley.

“A mí me hace recordar aquel pasaje de El Quijote donde pelea contra molinos de viento, pensando que son unos monstruos y en realidad no lo son”, subrayó.

Ugalde Ramírez dijo que el Presidente detesta a la autoridad electoral porque no son de su grupo político y quisiera tener personas a quienes dirigir.

“Debe dejarse de poner atención a algo quo no es sustancial y que no tiene ninguna repercusión porque la oposición tiene los votos para impedirlo. Lo que vamos a ver es que en los próximos años el Presidente seguirá atacando al INE y a los magistrados electorales”, precisó.

Marván Laborde señaló que es su idea empujar una reforma para cambiar al Consejo General y al pleno del TEPJF, por lo que es necesario tener una postura más institucional y republicana por el bien del país y que no parta de animadversiones.

“Si simplemente es para sacar a personas que no le agradan al Jefe del Ejecutivo federal, me parece especialmente grave, pues para eso tienen autonomía. En las épocas de la Comisión Federal Electoral, entre el Presidente y el secretario de Gobernación hacían con la comisión lo que querían. Mi pregunta es si es ahí donde queremos regresar”, dijo.

Señaló que está fuera de lugar el plantear una reforma político-electoral sólo para cambiar o sustituir a los integrantes de los órganos electorales.

Expresó que debería aprovecharse la oportunidad para crear una reforma que mejore el sistema electoral, como impulsar la automatización del sufragio, el cómputo y el resultado de las elecciones por medio del uso de urnas electrónicas que bajaría los costos de la organización de las elecciones y eleva la certeza de los resultados.

Crespo Mendoza indicó que con su reforma electoral, el Presidente buscará tener el control de todos los magistrados y consejeros o de la gran mayoría para que hagan lo que él quiera, lo que en efectos prácticos nos retrasaría 40 años en la materia.

“No es la primera vez que quitarían a personas, en 1994 quitaron a los consejeros ciudadanos para dar paso a la reforma constitucional de 1996, donde se dio mayor autonomía a los consejeros; luego quitaron a Ugalde y a otros consejeros como venganza de la oposición por el resultado de 2006 donde perdió López Obrador. El punto clave es cómo se elegirán a los próximos consejeros o magistrados, bajo qué fórmula o condiciones. El chiste es que el Presidente no logre meter a sus afines porque entonces sí va a controlar a la institución electoral”, advirtió.