El magistrado Jorge Luis Vargas ya no es más un amigo de la 4T. Si todavía faltaba alguna confirmación de la nula intención del gobierno de López Obrador de salvar al desacreditado ex presidente del Tribunal Electoral, tras la publicación de un incriminante artículo en Proceso ya no quedan dudas de que el divorcio parece definitivo.
Y es que si bien formalmente Julio Scherer ya no forma parte de la revista fundada por su padre tras renunciar al Consejo de Administración a poco de haber iniciado el sexenio, se sabe que el consejero jurídico de la Presidencia todavía mantiene una notoria influencia en los contenidos del semanario, desde donde suele enviar mensajes a amigos y adversarios de la 4T.
Y esta vez el mensaje es muy claro. “Las operaciones turbias del magistrado Vargas” se llama el artículo que publica Proceso en su edición que apareció este fin de semana, detallando las presuntas irregularidades contenidas en la última denuncia de la UIF contra el magistrado.
Según el artículo, Vargas, quien por interés o necesidad fue un importante aliado -algunos dirán empleado- del gobierno de López Obrador durante su tiempo al frente del máximo tribunal electoral, realizó una serie de maniobras sospechosas entre 2013 y 2018 por 107 millones de pesos junto a su esposa y cuñada, que habrían fungido de prestanombres, y con la presunta creación de empresas fachadas para intentar cubrir dichas operaciones.
“A Vargas se le ha documentado parte de su riqueza en inversiones inmobiliarias tanto en Miami como en Valle de Bravo, así como en las Lomas de Chapultepec y Polanco, sectores capitalinos de alta plusvalía”, sostiene el artículo, que precisa que las declaraciones patrimoniales del magistrado ante el SAT no condicen ni con dichas operaciones ni con los millonarios depósitos bancarios realizados en los últimos años.
Otro dato: la “renuncia” de Arturo Zaldívar, quien en realidad no hubiese conseguido los votos necesarios en la Suprema Corte para avalar la constitucionalidad de la extensión de su mandato, fue otro mensaje, en esta ocasión de tregua, del gobierno de López Obrador, que privilegió cerrar ese frente de disputa en pleno motín en el Tribunal Electoral y ahora busca que su presidencia quede en manos de Janine Otálora en lugar del duro Reyes Mondragón.
