MAL ESTÁN las cosas cuando los encargados de aplicar la ley no se ponen de acuerdo en lo que dice la propia ley. Es por eso que hoy el Tribunal Electoral amanece con dos presidentes. Por un lado Reyes Rodríguez, quien fue electo por los propios magistrados; y por el otro José Luis Vargas, que fue removido por sus compañeros y que se niega a abandonar el cargo.
COMO buenos abogados, ambos lados plantean exactamente lo opuesto… ¡con los mismos argumentos! El destituido dice que su cargo es por cuatro años y que en la ley no se establece la posibilidad de remoción. Sus contrapartes señalan que precisamente la ley les da la facultad de nombrar a quien ocupe la presidencia.
QUIÉN tiene la razón es lo de menos. Lo que realmente importa es que José Luis Vargas es insostenible como presidente del TEPJF. Que cinco de los siete magistrados hayan decidido removerlo no fue una ocurrencia de miércoles. Fue resultado de una larga lista de enfrentamientos, irregularidades y hasta insultos. Después de esto se ve difícil que siga contando con el apoyo del consejero jurídico, Julio Scherer, que tanto presumía tener.
A VARGAS le quedan dos caminos: renunciar dignamente a la presidencia… o convertirse en el Varguitas de “La Ley de Herodes” y tratar de aferrarse al hueso como sea.
POR CIERTO que a quien hay que reconocerle que nunca soltó el caso del magistrado Billetes es a Santiago Nieto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mantuvo el dedo en el renglón de las investigaciones sobre los extraños manejos de dinero de José Luis Vargas, lo que hoy lo tiene con un pie fuera del TEPJF y con el otro pie en una carpeta de investigación.
DICEN QUE el gobierno de la 4T tiene las mejores intenciones… pero los peores resultados. Ejemplos sobran y el más reciente es el del conflicto con los gaseros. Se suponía que la intención era bajar el precio del gas LP, pero provocaron un problemón que puso en riesgo el abasto en buena parte del país.
SI BIEN los distribuidores que reparten el combustible de casa en casa ya anunciaron el fin de su paro de labores, el conflicto está lejos de haber terminado. Resulta curioso que el propio Andrés Manuel López Obrador los haya amenazado hasta con la Guardia Nacional, cosa que no ha hecho contra ningún narco.
ADEMÁS, está la disputa jurídica que viene, pues la decisión de la Secretaría de Energía de fijar un tope al precio, con la CRE como títere, va en contra de la propia Ley de Hidrocarburos, que claramente señala que esa es facultad de la Comisión Federal de Competencia Económica sólo si percibe un mercado distorsionado. Así que no prendan ningún cerillo porque esto huele a gaaas.
QUE en México la libertad de expresión es amenazada todos los días desde Palacio Nacional… no es falso, pero se exagera.
