La Iniciativa Mérida, que implicó la aportación de miles de millones de dólares a instancias de seguridad en México, se creó como una suerte de réplica, adaptada a nuestra realidad, del exitoso Plan Colombia que terminó rompiendo redes de narcotráfico y criminalidad en ese país (y también de guerrilla) y regresando, en buena medida, una paz social que estaba absolutamente perdida.

Pero el Plan Colombia, con las implicaciones de intervención directa estadunidense, incluso con elementos policiales y militares en activo, no era aplicable en México. La iniciativa terminó siendo una suerte de híbrido en el contexto de una estrategia de enfrentamiento frontal contra los grupos criminales. La iniciativa, a pesar de la derrama económica interna y externa, fracasó en algunos capítulos, quizás sobre todo en los judiciales y en la formación de policías estatales y municipales, pero tuvo éxito en otros; permitió la destrucción de varias organizaciones criminales muy peligrosas, también permitió la llegada de equipos policiales y de seguridad al país, algunos a costo cero. Sin embargo, terminó permitiendo una intervención demasiado amplia de organizaciones como la DEA y de otras agencias estadunidenses en el país, con una autonomía de operación también muy marcada. La idea era tener transparencia y efectividad, pero la política y los intereses de grupo, en México y en EU, oscuros o no, terminaron contaminando esa operación conjunta.

La política que ha seguido la administración López Obrador choca frontalmente con esa visión y esa estrategia. Pero no ha mostrado resultados positivos, al contrario. En su controvertida visita a Sinaloa y Tepic, el Presidente se refirió a la seguridad y sobre todo al futuro de la Guardia Nacional. Reiteró que en los próximos meses se ratificará su propuesta de integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional y que aumentará de aquí al 2023 su presupuesto en 50 mil millones de pesos, cuando hoy el presupuesto de esa institución es de unos 35 mil millones. También sostuvo que el número de cuarteles permanentes, además de unidades habitacionales para su personal, superará los 500 (casi el doble de los planteados originalmente), mientras que se habla de duplicar el número de elementos que integren esa fuerza.

La incorporación de la Guardia a la Sedena ya se está dando de hecho, incluso en términos presupuestales, de entrenamiento y de operación. El visto bueno legislativo será muy discutido, pero si partimos de la actitud de los gobernadores de oposición sobre el tema, me temo que el Ejecutivo federal tendrá los votos suficientes en el Congreso para sacar la iniciativa adelante. En las próximas semanas, como anunció ayer el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, el tema de la constitucionalidad de la Guardia Nacional será tratado en el pleno y se terminará de sentar jurisprudencia constitucional al respecto.

Pero cuando se analiza el despliegue, la creación de cuarteles permanentes y de unidades habitacionales, el número de elementos y el presupuesto, lo que resulta evidente es que lo que se está construyendo es una policía nacional con mando único, con capacidad de operación en todo el país y que termine asumiendo las funciones de las depauperadas policías municipales y locales.

La gran paradoja es que ese era el proyecto que tuvo en su momento el presidente Calderón y el objetivo nunca logrado de Genaro García Luna, con la enorme diferencia de que se planteaba que esa policía nacional homologada y con mando único nacional dependiera de instancias civiles.

Nunca se pudo avanzar en una iniciativa de esa naturaleza, pero ahora esa estructura policial nacional está a punto de convertirse en realidad con la enorme diferencia de que estará bajo mando militar y con los criterios de operación de la Defensa. Cuando López Obrador dice que si esa institución no queda bajo el paraguas de la Sedena, corre el peligro de desaparecer en el futuro, está asumiendo que, contra la Guardia Nacional, convertida ahora en policía nacional, se erigirá la misma lógica que llevó a que el propio López Obrador y el resto de la oposición (e incluso parte del entonces oficialismo), se opusieran terminantemente al mando único. Siendo la Guardia Nacional una rama más de la Defensa Nacional, esa marcha atrás sería casi inviable.

No estoy en contra, al contrario, de la existencia de una policía nacional con mando único, no lo estaba entonces y tampoco ahora. Ni creo que finalmente el tema sea si la Guardia Nacional está bajo mando militar o no, siempre y cuando sea una policía. Pero esos esfuerzos no serán viables sin la construcción de instituciones locales eficientes en el ámbito policial y sin una verdadera profesionalización del sistema judicial, más allá, mucho más allá, de sus más altas instancias. La justicia, cuando más escalones se baja, menos eficiente es. Y esa reforma integral está pendiente.