Dos denuncias penales interpuestas contra el mismo personaje —un ex funcionario del organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex—, orientan investigaciones iniciales hacia lo que puede representar un enorme sistema para desviar recursos públicos mediante triangulaciones financieras, con beneficiarios no identificados.
Las autoridades han ubicado a un singular intermediario financiero denominado actualmente Corafi Asesores Ejecutivos (inicialmente Corporación de Asesores Financieros), al frente del cual es ubicado René Dávila de la Vega, también directivo de una docena de compañías más, junto con su hijo, René Dávila Díaz, entre otros.
Está ya documentado que este entramado financiero operó ilegalmente inversiones ordenadas desde Segalmex por al menos 800 millones de pesos, de los que al menos 700 millones “desaparecieron” entre 2018 y 2020. Las indagatorias han encontrado indicios de un patrón observado por otras dependencias federales, vía Corafi, algo similar a lo ocurrido con la llamada “estafa maestra” durante el sexenio Peña Nieto.
Actor central de esta historia plena de interrogantes lo es René Gavira Segreste, contra el que se han librado ya dos órdenes de aprehensión (a petición de Segalmex y de la Procuraduría Fiscal de la Federación) por un rosario de imputaciones, desde las referidas operaciones con Corafi, contratos irregulares por miles de millones de pesos a empresas de dudosos antecedentes, hasta evasión fiscal en cuentas personales.
Con una trayectoria previa nebulosa (de 2012 a 2015 fue secretario particular del priista Adrián Rubalcava en su primer paso por la alcaldía capitalina de Cuajimalpa), Gavira se desempeñó como director de Finanzas y Administración de Diconsa y Liconsa, empresas paraestatales abastecedoras de alimentos, que al inicio del actual gobierno se fusionaron en Segalmex, bajo la conducción de Ignacio Ovalle —uno de los políticos más apreciados por el presidente López Obrador. Ahí fue ratificado en el mismo cargo hasta junio de 2020, cuando oficialmente fue cesado, aunque hay señales de que siguió operando asuntos clave.
Entre el 80% de los multimillonarios contratos asignados por Gavira, muchos de ellos en favor de empresarios ligados tanto al PRI como a Movimiento Ciudadano, figura el arrendamiento de miles de vehículos a costos superiores a los que hubiera supuesto adquirirlos; “encuestas” asignadas a una empresa fantasma. Y en especial, el armado de un negocio por 4,000 millones de pesos a dos compañías habilitadas de último momento para proveer durante millones de toneladas de leche en polvo a partir de complejos construidos al vapor. Un ovillo que apenas comienza a ser deshilado.
Apuntes:
Miguel Osorio Chong, actual senador, negó el miércoles que la Secretaría de Gobernación haya comprado el software espía Pegasus cuando él estuvo a cargo (diciembre 2012-enero 2018). Aquí, una ayuda de memoria: El Cisen por este programa 7.5 millones de pesos, con fecha agosto 10 de 2016, bajo el contrato Cisen/33701/005/IC. Y más: Factura pagada directamente por la Secretaría de Gobernación, el 9 de julio de 2016, por 203 millones de pesos, al amparo del contrato Cisen/33701/002/13 y bajo el concepto de “actualización de plataforma cibernética”. Tomo usted nota de que la entonces Procuraduría General de la República adquirió el programa con capacidad inicial de espiar 200 teléfonos móviles. El primer pago se hizo bajo la administración de Jesús Murillo Karam, que no alcanzó a utilizar el sistema. Un segundo pago fue cubierto por su sucesora, Arely Gómez. Ninguno de ellos intervino en la selección del proveedor, “Proyectos y Diseño VME”, imputado ahora como empresa fachada. No debemos distraernos ante las evidencias de que Pegasus —y quizá otras herramientas más modernas y eficaces— sigue siendo usado bajo el gobierno López Obrador.
