De nuevo los “otros datos”. Dice el presidente López Obrador que la situación de México es inmejorable para la inversión, que es algo que se está dando de manera natural.
No es lo que refleja el documento denominado Declaración del Clima de Inversión de México 2021, del Departamento de Estado de la Unión Americana. Dice, textual: “Los inversionistas informan cambios regulatorios repentinos y reversiones de políticas. La salud financiera inestable de Pemex y una respuesta fiscal débil a la crisis económica del covid-19 han contribuido a la incertidumbre en curso”.
En el primer y segundo trimestre de 2020, las tres principales agencias calificadoras (Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s) bajaron la calificación crediticia soberana de México y la calificación crediticia de Pemex al “estado basura”.
El Departamento de Estado reconoce que el Banco de México revisó al alza las expectativas de crecimiento del PIB de México para 2021 —de 3.3 a 4.8 por ciento—, al igual que el FMI —a 5 por ciento.
“Aun así, los analistas del Fondo Monetario Internacional anticipan que una recuperación económica, a niveles prepandémicos, podría llevar cinco años”, pronostica. La incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico sostenido de México, destaca.
“Los esfuerzos recientes para revertir las reformas energéticas de 2014, incluida la ley de reforma de la electricidad de marzo de 2021, que prioriza la generación de la compañía eléctrica estatal, CFE, aumentan aún más esa incertidumbre”, asegura. A lo que acaba de leer, súmele que apenas el pasado martes una veintena de senadores y congresistas estadunidenses le escribieron al presidente Biden para quejarse del “proteccionismo” del mandatario mexicano en materia energética.
Le dicen que la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica amenazan las inversiones estadunidenses en materia de energías limpias y violan el espíritu del T-MEC.
Pero AMLO vive en una realidad que imagina. Dice que las protestas provienen de una “minoría no significativa” (como si se tratara de un tema de masas).
“La mayor parte de las cadenas productivas en México, en Estados Unidos, están funcionando y cada vez mejor, porque nosotros producimos muchas cosas que necesita la industria de Estados Unidos”, aseguró en la mañanera.
Decir que hay desconfianza entre los inversionistas, según AMLO, es un discurso que tiene que ver más con la “politiquería” de los que no están de acuerdo con la 4T.
“Es válido y es legítimo, pero no tiene que ver con la realidad. No es algo que a mí me preocupe como Presidente. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, aseveró. Lo datos del Banco de México señalan que se ha visto la salida de casi 136,000 millones de pesos en bonos gubernamentales, al cierre de junio pasado.
Esto “refleja la cautela que aún tienen los inversionistas”, según la revista Expansión. Estados Unidos ha sido la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) en México, con 100.9 mil millones dólares, según la Oficina de Análisis Económico de EU (datos de 2019).
* El martes próximo se reunirá la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La intención es convocar a periodo extraordinario de sesiones con el fin, vuelven a decir, de desaforar a los diputados, de Morena, Saúl Huerta, pederasta, y Mauricio Toledo, PT, acusado de enriquecimiento ilícito.
Pero también para ampliar un mes la entrada en vigor de la ley que prohíbe la subcontratación (outsourcing) y el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda. El panista Marco Adame, miembro de la mesa directiva de la Comisión Permanente, nos dice que la convocatoria al extraordinario debe cumplir tres condiciones: La definición de los temas, la construcción del acuerdo político necesario, vía el diálogo, y el respeto al proceso legislativo.
En Acción Nacional están abiertos a la discusión de prolongar la entrada en vigor de la ley que prohíbe la subcontratación.
Un transitorio establece que entrará en vigor el próximo primero de agosto. El senador Monreal propone que se aplace un mes esa fecha, por la lentitud con la que se ha desarrollado el complicado proceso que conlleva una ley así.
Los panistas han repetido que es imposible de cumplir ese plazo por todas las implicaciones y dependencias involucradas. “Nos sigue pareciendo igual pensar que en un mes se va a resolver eso. Proponemos que sea en enero de 2022 cuando entre en vigor”, señaló Adame.