El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le sigue el rastro a una red de por lo menos 18 empresas que conformaron un entramado de operaciones financieras tipo carrusel para lavar dinero de diversas fuentes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, provenientes de participaciones extraordinarias de la Federación a los estados y de contratos firmados con entidades públicas. Algunas de las empresas involucradas aún absorben recursos del erario en el actual sexenio, por ejemplo, con contratos para suministrar insumos anti Covid a la Guardia Nacional.

El suceso que detonó la investigación de las autoridades financieras y fiscales fue el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano el 21 de mayo de 2020. Se trata de un exfuncionario que se desempeñó de diciembre de 2014 a diciembre de 2018 como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, muy cercano al extitular de la dependencia, Luis Videgaray. Gamboa Lozano era el encargado, entre otros asuntos, de evaluar y autorizar partidas presupuestarias extraordinarias a entidades federativas.

Desde su posición, el funcionario estuvo vinculado con la llamada “Operación Safiro”, con la que se desviaron unos 700 millones de pesos hacia campañas priístas, relacionados con aportaciones extraordinarias dirigidas en 2016 a los gobiernos de Colima, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Durango y Sonora. El caso más emblemático de esta operación es el de Chihuahua, en el que se documentó el desvío de 240 millones de pesos y por el que se busca poner ante la justicia mexicana al exgobernador César Duarte.

Gamboa Lozano construyó un esquema de enriquecimiento ilícito en el que la principal beneficiaria era su esposa, Bethzabee Brito Álvarez, quien de 2018 a 2019 recibió depósitos por 29 millones de pesos de las empresas Kimberly Liu S.A. de C.V., Unfigrad S.A. de C.V. y TV Global Consulting S.A. de C.V., a pesar de que la presunta cómplice del homicidio no tiene registradas declaraciones fiscales y sólo tiene retenciones salariales por 43 mil pesos por labores en la Universidad Tecnológica de México S.C. de 2013 a 2015.

La investigación judicial colocó a Bethzabee como responsable del asesinato de su esposo y se le otorgó el mote de la “Viuda Negra”. No obstante, la indagatoria de los movimientos financieros comprobó que se está ante una red de lavadores profesionales, de cuyos servicios se beneficiaron –y se benefician todavía– no sólo estos sujetos, sino personajes hasta ahora desconocidos cuyos recursos, por alrededor de 6 mil millones de pesos, fueron enviados a cuentas en Estados Unidos, España, Inglaterra, Corea del Sur y China.

Además de las tres empresas que aportaron recursos a la esposa de Gamboa Lozano, están involucradas en la trama las razones sociales Hacienda Puerta del Sol S.C.; Infra Jasa S.A. de C.V.; Servicios de Innovación Ocean Wise S.A. de C.V.; Hiserlat S.A. de C.V.; Multiservicios Profesionales ISM, S.A. de C.V.; Asesores Contables y Administrativos GUMS, S.C.; Sinaprit Servicios, S.A. de C.V.; Servicios Terdan, S.A. de C.V.; Visorglobal de Negocios S.C.; Desarrollos Kumo, S.A. de C.V.; Refapren, S.A. de C.V.; Proyectos Administrativos Alto Muro, S.A. de C.V.; Proyectos para Alta Empresa S.A. de C.V.; Proyectos de Ingeniería Aplicada y Construcción S.A. de C.V., y Alerta Soluciones Comerciales S.A. de C.V.

Todas estas empresas tienen como representante legal o apoderada a una posible prestanombres identificada como Laura Patricia Aguilar Maya, quien se presenta como vendedora de cosméticos y carece igualmente de declaraciones fiscales ante el SAT.

En proporción, la “Viuda Negra” recibió tan sólo 0.5% de los recursos que movió irregularmente esta red, por lo que se trabaja actualmente con instancias internacionales para identificar al beneficiario final.

Publican nueva norma ambiental

En este espacio le adelantamos que el gobierno de Claudia Sheinbaum estaba por publicar la Norma Ambiental NACDMX-002-RNAT-2019 con la que se pretende reducir la contaminación generada por las alrededor de 14 mil toneladas de residuos que la industria de la construcción y demolición generan en la Ciudad de México.

Esta semana y tras pasar más de seis meses en la congeladora, la administración capitalina por fin publicó en la Gaceta Oficial dicha normativa, la cual fue impulsada desde la Dirección de Regulación Ambiental, que lleva Lilian Guigue. La nueva norma contempla el uso del producto reciclado en el desarrollo de proyectos de infraestructura, tales como banquetas, ciclopistas, andadores y mobiliario urbano.