Las investigaciones federales ligadas al robo de un cargamento de millones de balas que era trasladado a Texas, Estados Unidos, el pasado 8 de junio, exhiben crecientes incongruencias tanto por parte de la empresa fabricante como de las autoridades militares y civiles implicadas en esta historia.

Aspectos diversos de los dos expedientes (DE/2463021 y FED/GTO/SMA/0001740), abiertos por la Fiscalía General de la República y compartidos con este espacio, indican una alta probabilidad de que se haya tratado de un auto-robo en coordinación con jefes policiacos o militares en algún punto del trayecto, muy probablemente el Estado de México.

Fuentes cercanas al gobierno de Estados Unidos aseguraron adicionalmente que diplomáticos de ese país tomaron conocimiento de los hechos a través de su consulado en San Miguel de Allende, Guanajuato, por estar implicada una compañía importadora asentada en territorio norteamericano.

Estos funcionarios manifestaron su inquietud ante autoridades mexicanas debido a que versiones de las partes implicadas pretendían reducir el suceso a un incidente menor y sostenían que la pérdida sería subsanada por seguros contratados. El episodio cobró un cariz especial porque en esos días visitaba el país el secretario norteamericano de Seguridad, Alejandro Mayorkas.

Los informes recabados en los ámbitos citados apuntan a lo que en realidad pudo haber ocurrido: conductores de los tráileres, custodiados por dos vehículos de la empresa de vigilancia privada Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) -una entidad con antecedentes cuestionados-, decidieron pernoctar, de forma irregular, en un ramal de la carretera 57, que conduce hacia el paso fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Mientras choferes y “custodios” dormían, las cajas de los tráileres fueron sustituidas por otras vacías.

Al día siguiente los vehículos siguieron su camino, hasta detenerse en territorio de Guanajuato, cerca de la ciudad de San Luis de la Paz (a 75 kilómetros de San Miguel de Allende), donde los choferes y sus “custodios” denunciaron haber sido emboscados por un comando bajo las órdenes de Nemesio Oseguera “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Autoridades están revisando los registros de los “arcos” establecidos en puntos estratégicos de la carretera, con sensores que podrían determinar si las cajas de tráiler exhibían o no el peso de ese cargamento, aun antes del supuesto asalto.

Las fuentes referidas dijeron que funcionarios mexicanos recibieron un mensaje de Oseguera deslindándose de estos hechos. Versiones no confirmadas aseguran que incluso el capo colaboró en la detección de las cajas de tráiler robadas y la ubicación del cargamento de balas. Las mismas versiones aseguran que una proporción de las balas inicialmente reportadas no figura en el cargamento que quedó bajo resguardo de la Defensa Nacional, según informó el secretario Luis Cresencio Sandoval.

Incluso las dimensiones y características del cargamento están sujetas a discusión. Un vocero de “Aguila” dijo que “en 98%” eran para uso deportivo. Pero en el listado difundido se habla de cientos de miles de balas reservadas para efectos militares, pero que son favoritas del crimen organizado para su uso en rifles de asalto y otras armas sofisticadas.

Los informes aportados a este espacio indican que en cada tráiler viajaban dos choferes, una tripulación prevista para hacer el viaje sin pernoctar en ningún sitio. Se habría escogido el territorio de Guanajuato por la presencia que en la región ha tenido el CJNG.

Las balas son propiedad de “Aguila Ammunition”, una corporación asentada en Cuernavaca, Morelos, desde 1961. Serían entregadas a una filial asentada en el poblado de Helotes, Texas, llamada “Centurion Ordnance”, que controla sus exportaciones a la mayoría de los países en donde tiene contratos.