Al gobernador electo Alfonso Durazo le urge instrumentar un real proyecto de beneficio al bolsillo de una ciudadanía golpeada por las crisis sanitaria y económica. Por ejemplo una acción de gobierno para ordenar el desordenado servicio de taxis en Hermosillo y las principales ciudades de Sonora.

Va una historia personal: Por circunstancias de la vida y un irresponsable conductor de un carro chueco (artículo de contrabando pero eso si, asegurado), me vi obligado a dejar mi carrito nacional en un taller de carrocería al norte de Hermosillo.

En esos momentos lo primero que uno piensa es solicitar un taxi Uber. Al pedir el servicio vino la sorpresa: La tarifa por el trayecto era de 360 pesos. Y no, el traslado no era a Guaymas. Era al sur de la ciudad. El argumento del elevado costo fue que había mucha gente solicitando el servicio. La clásica ley de la oferta y demanda.

Obviamente caminé algunos pasos para pedir la parada de un taxi normal. Al chofer se le explicó el lugar de destino y soltó el costo: 150 pesos.

Vámonos, respondí de inmediato.

En el trayecto del viaje recordé lo que durante la campaña de gobernador pensé que ofertarían los candidatos: Un servicio de taxi de sonorenses para sonorenses. O sea que el gobierno estatal haga funcionar una aplicación sin costo para los taxistas, lo cual redundaría en una reducción en el costo del servicio.

La comisión que le toca a Uber por servicio de taxi es de entre un 25 y 30 por ciento del costo total.

La reducción sería casi de un tercio por el pago de un servicio que nació barato pero que con el tiempo ya casi es impagable para los sufridos usuarios.

Para el gobierno estatal sería fácil financiar una aplicación que le agradecerían demasiados ciudadanos que pagan por un servicio caro. Y cuyas ganancias en parte se va a Estados Unidos. Creo que Uber tiene su sede en San Francisco, California.

Pero los más agradecidos serían cientos de taxistas que, al menos en Hermosillo, tienen que recurrir al servicio de ruletero para sobrevivir. El costo era de diez pesos por persona en distancias cortas. Ignoro si aquí también la tarifa se elevó, como los Ubers.

La acción de gobierno tendría su buena dosis de beneficio político, porque la mayoría de los taxistas están afiliados a la CTM.

Y ya encarrerados, el gobierno podría financiar otra aplicación, pero ahora de comida, otro mercado dominado también por Uber. El servicio está encarecido por la comisión de Uber por el simple papel de intermediario. Es otro tercio de costo del servicio que podría desaparecer si el gobierno se decide a apoyar a una indefensa ciudadanía.

La acción de gobierno sería relativamente fácil. Y no es necesario pelearse con Uber. Simplemente organizar una empresa sin fines de lucro para entrar en una sana competencia.

Miles de sonorenses se lo agradecerían al gobierno.

Cuestión de decidirse.

Y de apoyar a una población rehén de la empresa californiana.

¿Y usted qué piensa, gobernador Durazo?