La primera, que la decisión sobre quién se convertiría en candidato del partido del gobierno era, en exclusiva, del mandatario en turno. La segunda, que éste tenía interés en posponer el proceso lo más posible, porque, una vez consumado el destape, el poder comenzaba a cambiar de manos.

Ambas características hacían que el Presidente tuviese interés en mantenerse lo más distante posible de la discusión pública del juego sucesorio, lo cual incluía no entrar en especulaciones y no confirmar los nombres de los aspirantes que aparecían en corrillos.

La mayor violación de esas reglas la cometió el presidente Miguel de la Madrid, quien una vez se refirió como “el hermano menor que nunca tuve” a su colaborador Alfredo del Mazo, uno de los entonces mencionados.

Entre 1999 y 2011 se fortaleció el papel del partido gobernante en la designación del candidato, ya sea porque el Presidente renunció a la exclusividad (Ernesto Zedillo) o porque fue incapaz de imponer su preferencia a sus correligionarios (Vicente Fox y Felipe Calderón).

En 2017 volvió por sus fueros la decisión unipersonal del Presidente para designar al candidato a sucederlo. Durante casi todo el sexenio, parecía haber dos aspirantes claramente posicionados para hacerse de la postulación del PRI –Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong–, pero, al final, la opción de Enrique Peña Nieto fue José Antonio Meade.

¿Qué tipo de proceso debemos esperar en 2023? Para comenzar, uno que se parezca más a los que tuvieron lugar entre 1939 y 1987 y en 2017 que a aquellos de la etapa 1999-2011. Es decir, en el que el Presidente se imponga al partido y no al revés.

Se distingue de todos los anteriores por su carácter adelantado y público. Como le contaba ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el juego de la sucesión el 11 de marzo pasado, cuando dijo que su “movimiento de transformación” tenía un “relevo generacional” y éste estaba integrado por “hombres y mujeres, de 50 años (de edad) en adelante”.

Sus comentarios de ese día convencieron a más de uno que el Presidente había apuntado el dedo a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal como eventuales sucesores. El hecho era sorprendente no sólo porque se sumaba a sus reiterados comentarios de que se retiraría completamente de la política en 2024 –como si le corriera prisa por irse–, sino porque ninguno de sus predecesores había dado el banderazo al juego de la sucesión con tanta anticipación, cuando apenas había cumplido dos años y tres meses en el poder.

Sin embargo, el lunes pasado López Obrador fue incluso más allá y mencionó cinco nombres, con todas sus letras, como potenciales continuadores de su proyecto a partir de 2024. Además de los de Ebrard y Sheinbaum, incluyó los de Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma.

Si la política mexicana se comporta como lo ha hecho en anteriores ciclos sexenales, el anuncio tendrá varios efectos: 1) contribuirá a la declinación del poder del Presidente, pues éste estará compartiendo el escenario político, en lo que resta del periodo, con los aludidos; 2) propiciará una lucha entre éstos –abierta o soterrada–, algo que explícitamente se trató de evitar, pues cada uno de ellos se sentirá masajeado en su ego y autorizado a luchar por la candidatura en el lejano 2024; 3) quienes se vean rezagados en esa batalla podrían buscar un camino alterno a Palacio Nacional o poner piedras en la ruta de los demás; 4) desgastará a los mencionados ante la opinión pública, pues sus antecedentes y su desempeño serán revisados bajo una luz distinta, y 5) obligará al oficialismo a mostrar sus cartas antes de tiempo, lo que dará más opciones a la oposición para organizarse.

Todo lo anterior lleva a la pregunta de cuál fue el cálculo que hizo el Presidente al mencionar esos nombres y revelar que su baraja no consistía en sólo tres cartas. ¿Estará viendo algo que para los demás permanece oculto o se trató de una reacción incontrolada a la desazón que le produjeron los saldos del desplome de la Línea 12 y la elección del 6 de junio?