Observadores electorales, nacionales y extranjeros, han empezado a concluir que desde los meses previos a los comicios del próximo domingo se produjo un inquietante flujo de dinero por parte del crimen organizado hacia campañas de candidatos cada vez mejor identificados, en particular en estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.
Estos análisis consignan, como parte del fenómeno, el notable ascenso mostrado por las remesas desde Estados Unidos, que es atribuido, en una medida no determinada, al lavado de dinero con fines electorales.
Consultas realizadas por este espacio dan cuenta de que se ha documentado un movimiento inusualmente abierto, crudo, de fondos con las huellas del crimen organizado hacia cuarteles generales de campañas, de varios partidos, incluidos Morena y sus aliados. La hipótesis describe un entorno de permisividad para las actividades de los cárteles, que decidieron exhibir el rostro con mayor temeridad para hacer campaña en favor de sus intereses en varios estados y municipios.
Como es conocido, más de 30 asesinatos de candidatos y casi un centenar de heridos ligados a la violencia electoral han revelado la injerencia del crimen organizado en las campañas con su recurso más brutal: la muerte. Se trata de un rastro sangriento que conduce a las conclusiones más sombrías. El elemento más perturbador en este horizonte es la aparente apatía de las autoridades, que al parecer consideran “normal” esta cadena de atentados que convulsionarían a cualquier nación democrática.
Las fuentes consultadas aseguraron que un episodio que agudizó las señales de alerta fue la ejecución de Abel Murrieta, aspirante de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Ciudad Obregón, Sonora, un estado cuyo gobierno ha perdido el control de la violencia. El posible triunfo del candidato de Morena a la gubernatura, Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad federal, no tranquiliza, todo lo contrario, a quienes han seguido su desempeño desde ambos lados de la frontera.
Esta misma perspectiva destaca la presencia de cárteles fuera de su ámbito de influencia. En particular, se reporta la presencia abierta en campañas en el norte y el centro del país, por parte de grupos de Tamaulipas ligados a la narco-política.
Esta percepción, se asegura, está siendo recibida con escepticismo en oficinas de alto nivel dentro de la administración federal y la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no puede soslayarse la señal de que la visita de la vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris, programada para el miércoles 9 de junio, estará influida por la CIA, la principal agencia de inteligencia mundial. Esta semana llegó su subdirector, David Cohen, y el presidente López Obrador declaró en su “mañanera” que vendría el propio titular, William J. Burns.
La confluencia de Harris y Burns en la agenda de la Casa Blanca con respecto a México, en una fecha en la que se esperan conflictos poselectorales al menos en una docena de estados, no puede ser tomada como una casualidad: Washington quiere poner frente al presidente López Obrador argumentos que Palacio Nacional ignora, o de conocerlos, desea que los tome en cuenta con profunda seriedad. Y ha decidido hacerlo en el marco de las elecciones.
La CIA espía y realiza operaciones en todo el mundo, menos en territorio norteamericano… o por lo menos eso dice la ley. Si la presencia de la señora Harris no la concentra el Departamento de Estado y se halla nutrida por aquella agencia, la única lectura posible es que algo está ocurriendo en México que amenaza no solo a Estados Unidos sino a sus intereses estratégicos, de seguridad nacional, en el campo mundial. Usted adivinó: nuestros cárteles.
