Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a presidente municipal de Cajeme, Sonora, por el partido Movimiento Ciudadano, fue asesinado el pasado jueves mientras repartía volantes.

Hacia las cinco de la tarde un sujeto disparó al menos 10 veces contra su cabeza y su pecho: murió minutos después del atentado.

Con este homicidio se suman 32 personas candidatas en el actual proceso comicial que han perdido la vida dentro de un contexto de intensa violencia que también incluye, según el cuarto informe 2021 de la consultora Etellekt, otras 412 victimas, las cuales por motivos políticos han recibido amenazas y han padecido secuestro, robo y extorsión.

Estas agresiones, de manera destacada los asesinatos, proporcionan información sustancial a propósito del mapa de la violencia general que vive el país. Son un síntoma agudo que ayuda a dimensionar la gravedad de la enfermedad en cada una de las localidades donde ocurre la tragedia.

Por ejemplo, el asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez aporta claves respecto de la ola de violencia que viene afectando al estado de Sonora durante los dos últimos años.

En la trayectoria de este candidato de Movimiento Ciudadano destaca el que hubiese sido procurador general de justicia de su entidad, entre 2004 y 2012. Sin embargo, durante los años que siguieron al ejercicio de aquel cargo, Murrieta no reportó haber sido víctima de ninguna agresión relevante.

Asegura su circulo cercano que por tal razón no solía acompañarse de escoltas ni choferes que cuidaran de su seguridad.

No obstante, en fecha más reciente, Murrieta Gutiérrez asumió una responsabilidad que pudo haberlo colocado en situación de riesgo: la defensa jurídica de la familia Le Barón, la cual, en 2019, sufrió un atentado horrendo.

Cabe recordar que nueve personas, tres mujeres y seis niños, perdieron la vida en una emboscada orquestada, presuntamente, por una organización criminal. Desde entonces, Murrieta decidió acompañar a los deudos en su reclamo para que se investigara el hecho y se detuviera a las personas responsables. A la fecha, las autoridades tienen bajo proceso a cuatro sujetos supuestamente vinculados con aquella agresión.

La decisión de contender como candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano no limitó al ex procurador respecto de su apoyo a esta causa. De acuerdo con Adrián LeBarón, Murrieta Gutiérrez habría visitado unos días antes de su homicidio la comunidad de La Mora, lugar donde residían las mujeres y los niños masacrados en noviembre de 2019.

Este vínculo entre Murrieta y la familia LeBarón es el indicio más relevante de la investigación sobre el asesinato del candidato.

Un año y medio después de la tragedia de La Mora hay información que clarifica la estructura de la violencia que sucede en Sonora. La entidad se ha convertido en un territorio disputado por grandes organizaciones criminales. Destaca de un lado la empresa criminal comandada por Rafael Caro Quintero, el célebre capo de los años 80 que en 2013 recuperó la libertad. Este criminal estaría asociado con La Línea, organización liderada por Vicente Carrillo Fuentes y sus hijos. Ambas empresas sostienen también una alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, como La Línea, había tratado de ingresar a Sonora sin éxito, hasta que Rafael Caro se encargó de concederles paso para la realización de sus actividades ilegales.

Este eje constituido por las tres organizaciones mencionadas (Caro-La Línea-CJNG) se encuentra en guerra con las empresas que tradicionalmente administraban los negocios criminales de la entidad: los Paleteros, el Cártel de Sinaloa liderado por los hijos del Chapo Guzmán, y la empresa de Ismael El Mayo Zambada.

Demasiada pólvora para Sonora. Los negocios en disputa entre el eje (Caro-La Línea-CJNG) y el resto de las organizaciones son los de siempre: tráfico de migrantes y trasiego de droga (centralmente fentanilo). Sin embargo, en últimas fechas se ha sumado de manera intensiva la extorsión a los productores de la tierra de la zona norte del estado, el control del agua y también la apropiación de las minas de litio.

La información disponible en la zona indicaría que la masacre impuesta contra la familia LeBarón estuvo ligada con el último negocio criminal mencionado. Integrantes de La Línea habrían atentado contra aquellas mujeres y sus hijos como un acto de venganza por la negativa de la comunidad mormona a entregar el control de un territorio donde hay varios pozos relevantes de agua, pero sobre todo donde habría reservas de litio en cantidad importante.

Después de la masacre de noviembre de 2019, en vez de amilanarse, la comunidad Le Barón respondió con una serie elocuente de denuncias tanto a escala nacional como local exigiendo que se hiciera justicia. En vez de enterrar a sus muertos, mirar para otro lado y pretender el olvido, los familiares de las víctimas marcharon a Ciudad de México, presionaron a los gobiernos de Sonora y Chihuahua, y contrataron a un ex procurador como abogado, Abel Murrieta Gutiérrez, para que los ayudara en la estrategia legal de su defensa.

A partir de lo anterior, es pertinente suponer que este homicidio estaría directamente relacionado con el papel jugado por el candidato a presidente municipal en el expediente LeBarón. La semiótica del asesinato —10 tiros sobre la cabeza y el pecho a plena luz del día— no tiene nada de azarosa.

Tampoco es azar que la violencia esté creciendo incontenible en Sonora, desde Caborca, pasando por La Mora y hasta Ciudad Obregón. El eje Caro-La Línea-CJNG ha adquirido en esa entidad demasiado poder como para que este hecho pueda pasar desapercibido.

Con tales eventos en mente, resulta difícil acallar la voz del ex embajador estadunidense, Cristopher Landau, quien hace pocas semanas se quejó del gobierno federal por su política de dejar hacer y dejar pasar. Dicha actitud estaría contribuyendo a alimentar las ambiciones de las organizaciones mexicanas más violentas.

Ricardo Raphael

@ricardomraphael