Zaldívar es hoy un poderoso presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura y tiene por delante aún algunos años como ministro, en los que sabe que no perderá influencia en las decisiones judiciales. Sabe, también, que no entrará en un debate abierto con Palacio Nacional cuando su interés superior era y es la reforma al Poder Judicial.

Al contrario de lo que se ha dicho, el tema de la prolongación del mandato de Zaldívar estuvo en la mesa de las negociaciones internas con las fuerzas políticas desde que se plantearon las principales líneas de la reforma al Poder Judicial. Desde entonces se comprobó que no existía el consenso suficiente para implementar esa medida. Sacarla desde un transitorio junto con las leyes secundarias quedó como una hipótesis desde entonces, aunque siempre se consideró intransitable.

Sin embargo, eso se probó el jueves en el Senado y de paso se exhibió a legisladores que no revisaron a fondo lo que estaban aprobando, pero creo que políticamente el globo sonda de la prolongación de mandato no dio los resultados que se esperaba: la opinión de demasiados sectores ha estado en contra de la misma y, si nos atenemos a las decisiones de la propia Corte y del propio Zaldívar, en distintos temas (como en su momento fue el de la prolongación del mandato a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, sobre todo, el intento de prolongación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California) no veo que sea transitable.

Como se ha dejado trascender, la Cámara de Diputados dejará la votación del mandato del presidente de la Corte para después de las elecciones, y será el resultado electoral el que activará o no en un extraordinario poselecciones, con éste y otros temas que le han quedado pendientes al congreso y al Presidente, como la ley de outsourcing.

No se puede ignorar todo esto en un momento en el cual la justicia, por desgracia, está en el centro del juego político, sometida a todo tipo de tensiones y presiones. Esta semana, el TEPJF deberá decidir sobre la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, una decisión que Palacio Nacional y Morena han querido asociar a un complot contra el Presidente y la 4T.

Todo el entramado y la vergonzosa actuación que se escenificó en el plantón de Salgado Macedonio frente al INE muestran que la intención última es intimidar y descabezar al Instituto. El INE, por supuesto, en todos estos años ha cometido errores y la legislación electoral que devino de las reformas del 2007 y 2014 está lejos de ser la adecuada para tener un sistema electoral funcional, más abierto y eficiente.

Cuando se habla, por ejemplo, del presupuesto del INE, se olvida que la cantidad de responsabilidades que se le han adicionado a ese instituto y la compleja estructura de la legislación electoral le harían imposible operar sin los recursos suficientes, fuera del hecho de que la parte del león del mismo es lo que termina estando destinado a los partidos políticos, que por supuesto no están dispuestos a resignar esas partidas.

Que lo que se plantea es un golpe contra el Instituto Nacional Electoral lo exhiben multitud de señales, emanadas desde la propia mañanera. El intento de juicio político contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, en una denuncia presentada nada más y nada menos que por Gerardo Fernández Noroña, y que se quiere activar esta semana, lo confirma. Si la decisión del TEPJF es contraria a lo dispuesto por el INE (lo que no es descabellado si seguimos la línea de votación del tribunal respecto a lo que determina el instituto) la misma se detonará casi de inmediato.

Al mismo tiempo, el líder del Senado, Ricardo Monreal, ya ha expresado la necesidad de reformar el sistema electoral, pero el eje de esa propuesta, hasta ahora, está centrada en el INE, no en el entramado legal del sistema electoral que es el que, de forma prioritaria, debería modificarse.

Esta semana estarán nuevamente en la mesa temas como el juicio político al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la continuidad del caso Lozoya, todos temas, como los anteriores, en los que la política se entrecruza con la justicia. Todo eso y más está en juego, de la mano con la decisión sobre la prolongación del mandato del ministro Zaldívar.

Insisto, creo que el periodo del presidente de la Corte concluirá en 2022, como creo que la candidatura de Salgado Macedonio no puede ser aceptada (en el caso de Morón reconozco que pueden existir dudas, porque si bien la falta es la misma, el contexto es diferente), como creo que el sistema electoral debe ser reformado en profundidad, pero el INE, como institución, defendido, más allá de sus imperfecciones. Pero en la montaña rusa en que se ha convertido la política nacional hoy cualquier cosa es posible.