En vísperas de las elecciones más grandes y complicadas que haya tenido el país (por la pandemia), la 4T pone en marcha toda una ofensiva para minar, desacreditar y debilitar a la autoridad electoral a la que perciben como un obstáculo para tener el control total de la vida política del país.
Es sin duda una estrategia en la que de un lado aparece el presidente López Obrador apropiándose del discurso electoral y llamando a los gobernadores a firmar un “Acuerdo Nacional por la Democracia” en el que no incluye ni invita al INE, al Tribunal Electoral ni la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y del otro lado está el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, convertido en gatillero y disparando adjetivos y descalificaciones contra los consejeros electorales por hacer su trabajo y eliminar la discrecionalidad en el reparto y la asignación de diputados plurinominales a las coaliciones electorales que contenderán en los próximos comicios.
López Obrador convoca y firma un desconocido y autoritario acuerdo por la democracia, del que ni siquiera los 32 gobernadores firmantes conocen su contenido ni se les permitió expresar sus opiniones y propuestas, mientras que a las autoridades electorales de este país, constituidas constitucionalmente, se les ignora por completo y se considera más importante la presencia del amigo fiscal General de la República, que la de los presidentes del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máximas autoridades en materia de comicios y justicia electoral, e incluso para hablar de los posibles delitos electorales que se comprometen a evitar en el opaco acuerdo, no se invita tampoco al fiscal para delitos electorales, José Agustín Ortíz Pinchetti.
Para colmo el acuerdo democrático se firma en privado, con tal hermetismo que ni siquiera su contenido específico se difunde desde la Presidencia de la República y a los gobernadores que viajaron desde sus estados para firmarlo tampoco les entregan una copia del documento en el que, según lo que trasciende del breve encuentro de ayer en Palacio Nacional, que duró menos de una hora, el Presidente y los mandatarios estatales “se comprometen a no permitir que se usen los programas sociales o los recursos públicos en favor de candidatos o partidos políticos en este proceso electoral”. Es decir, un acuerdo que les obliga ¡a cumplir la ley! que ya estaban obligados a cumplir desde que protestaron al asumir sus cargos.
Para eso hicieron viajar, con cargo a los erarios de sus estados, a los 32 ejecutivos estatales, varios de los cuales, sobre todo de la oposición, salieron desencantados y decepcionados por la estrechez y la premura del acuerdo que les hicieron firmar y porque, sin consultarlos ni escucharlos, se les impuso no solo el contenido del pacto, sino hasta la orden del día y el que la posición de todos los estados la fijara en un discurso la presidenta de la Conago, Claudia Pavlovich, cuando hay al menos 11 gobernadores que ya abandonaron y desconocieron oficialmente a la Conferencia Nacional para constituir la Alianza Nacional de Gobernadores que, con todo y representar a esas 11 entidades, se niegan a reconocer y a otorgarle interlocución en el gobierno de la 4T.
Y mientras el Presidente se asume como el “jefe supremo de la democracia” y se apropia del discurso electoral, desconociendo al INE, el TEPJF y la FEDE, detrás de él viene el partido Morena y sus dirigentes que, cual sicarios del jefe, sacan las metralletas declarativas y declaran “prianistas” al presidente consejero, Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama, sólo por considerar que, al definir los criterios con los que se repartirán los diputados plurinominales entre los partidos que formen coaliciones, para evitar que un solo partido se asigne más del 8% de sobrerrepresentación que la Constitución le otorga, la mayoría de consejeros electorales actuaron para perjudicar al partido gobernante.
Si esa ofensiva de la 4T para debilitar a los árbitros y controlar a los jueces electorales, se le suma la violencia política que recorre el país y que ha cobrado ya la vida de casi 20 candidatos y candidatas de todos los partidos, y el reto que representará organizar las elecciones más grandes por el número de cargos que se eligen en medio de la peor pandemia que haya conocido el país en su historia reciente, queda claro entonces que los peligros y amenazas para la consolidación de un proceso democrático que recoja fielmente el sentido del voto de los mexicanos, no sólo vienen del narcotráfico y del crimen organizado, también salen de Palacio Nacional… Giran los dados. Serpiente doble.
@SGarciaSoto
