Hace ya casi dos años tuve la oportunidad de participar en un Foro en la Cámara de Diputados, organizado por las Comisiones de Hacienda, encabezada por Patricia Terrazas, y la de Presupuesto, que presidía entonces Alfonso Ramírez Cuéllar.

El tema era el Federalismo Fiscal y la coyuntura económica que vivíamos a principios de 2019.

Participó en el evento el entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Recuerdo que en su alocución se refirió al compromiso del presidente López Obrador de no hacer cambios fiscales, y subrayó, “durante los primeros tres años de su gobierno”.

No fue la única ocasión que lo dijo Herrera. Por eso, no sorprendió que al inaugurar la semana pasada la Convención Bancaria, volviera al tema.

Dijo lo siguiente: “Justo después de las elecciones tendremos que evaluar juntos, todos nosotros, cuál es el contexto y si las condiciones nos permiten proponer cambios en la estructura tributaria del país”.

En diversas ocasiones, hemos abordado el tema en esta columna. La última ocasión fue el pasado 12 de noviembre.

Escribíamos entonces: “Prácticamente nadie supone que en el último periodo de la actual Legislatura de la Cámara de Diputados y antes de las elecciones intermedias se emprendiera una reforma fiscal, por lo que la expectativa es que la reforma eventualmente pudiera proponerse para el final del próximo año, después de que los nuevos legisladores hubieran tomado posesión en septiembre.”

Esto sería posible, desde luego, solo bajo la premisa de que Morena conservara la mayoría en la Cámara de Diputados y de que se convenciera el presidente López Obrador de que el combate a la corrupción y la austeridad ya no van a dar más recursos.

En la segunda mitad de la administración se requieren recursos adicionales, entre otras cosas, para pagar las pensiones.

Si se mantuviera la misma tasa de crecimiento de la última década, para 2024 se tendrían que pagar por concepto de pensiones 1.22 billones de pesos (a precios de 2020), una cifra 268 mil millones de pesos superior a la desembolsada el año pasado.

Con la oferta del presidente de no aumentar precios de las gasolinas y de la energía eléctrica para los hogares, es probable que se requieran cifras cuantiosas de subsidios para asegurar que los precios no suben.

Sume a ello, lo requerido por los programas sociales y por los proyectos de infraestructura y podrá observar que los requerimientos adicionales son de varios cientos de miles de millones de pesos por año.

El año pasado, el SAT logró la hazaña de obtener 496 mil millones de pesos por concepto de la llamada “recaudación secundaria”, es decir, la que proviene de la fiscalización, cobranza coactiva, y demás acciones de la autoridad fiscal.

No se ve viable lograr un monto equiparable cada año, aunque el esfuerzo recaudatorio del SAT no va a ceder sino que incluso va a aumentar.

Así que es probable que la única manera de obtener más recursos sea mediante una modificación de la estructura tributaria, que comenzaría a aplicarse en el 2022.

¿Qué impuestos se modificarían eventualmente?

De entrada, más bien le aseguro que el que no se modificaría es el IVA a alimentos y medicinas, y tampoco las exenciones del ISR en el caso de los trabajadores.

Pero, los candidatos a ajustarse serían los siguientes:

1-El ISR para personas físicas. No descarte usted la posibilidad de que se establezcan más escalones en las tasas y que las tasas marginales máximas aumenten varios puntos para los ingresos más elevados. Eso cabría en la lógica redistributiva de este gobierno.

2-Las tasas y alcances de los IEPS. Podrían aplicarse tasas más elevadas a los IEPS que ya existen como a los tabacos y bebidas alcohólicas, así como nuevos IEPS, por ejemplo, a alimentos y bebidas altamente calóricos, que han sido villanos favoritos del doctor López-Gatell.

3-Más impuestos locales. Tampoco descarte que se empuje a los estados a aplicar más impuestos locales, en particular el impuesto predial.

¿Y los informales? Bien, gracias.

Descarte que se vaya a pretender hacer que paguen impuestos porque son muchos… votos.