El viernes 22 de enero, ocho empresarios del Grupo Monterrey se reunieron con Andrés Manuel López Obrador en el Club Hípico La Silla, propiedad del empresario Alfonso Romo. Además del exjefe de la Oficina de la Presidencia, también estuvo presente la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien aspiró a ser candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, pero el partido se decantó por la expriista Clara Luz Flores.

En aquella reunión se abordaron temas relacionados con la vacunación y la recuperación económica. Los empresarios del poderoso Grupo de los 10 de Monterrey –como se le conoce a este club, que reúne a los hombres de negocios más influyentes y ricos de Nuevo León– pidieron al Presidente que la iniciativa privada participe en la compra y logística de las vacunas a nivel nacional.

El apoyo ofrecido por los empresarios se dio bajo la lógica de que entre más pronto se alcance la llamada inmunidad de rebaño, la economía se recuperará más rápido. Otra de las razones imperantes era que la rápida reactivación de las industrias en Estados Unidos demandan los productos que México les exporta.

El Presidente recogió las inquietudes sobre este tema y les dijo que sí iban a poder participar, que él les diría cuándo. “Primero tienen que llegar las vacunas y debe haber disponibilidad”, les soltó. Pero ahora que ya comienzan a fluir las dosis, en la Presidencia se han mostrado reticentes a abrir la participación a los privados. Lo más que se ha logrado es establecer una prueba piloto de un centro de vacunación en el Estadio de fútbol del Toluca, auspiciado por empresas del Consejo Coordinador Empresarial.

Los otros dos temas de gran interés para los empresarios norteños eran las reformas a la ley del trabajo en materia de outsourcing y a la industria eléctrica. La solicitud en ambos casos fue escuchar las propuestas de la iniciativa privada, puesto que los cambios planteados impactan directamente sus costos: la del outsourcing elevará, de un plumazo, la carga laboral y fiscal de las empresas, que salieron muy afectadas de la crisis; y la segunda aumentará el precio de la electricidad que consumen.

Sobre estos temas, el Presidente se comprometió a que se les tomaría en cuenta, siempre y cuando se lograra un acuerdo favorable para el gobierno en las dos materias. El pacto implícito era que el influyente grupo de empresarios no intervendría en las próximas elecciones en las que se renovará la gubernatura de Nuevo León. Incluso, algunos comentarios de AMLO fueron en el sentido de pedir su apoyo para la candidata de Morena, Clara Luz Flores, alcaldesa con licencia del municipio de Escobedo.

El acuerdo se rompió con el envío y rápida aprobación de la reforma al sector eléctrico, la cual fue impugnada ayer por un juez. Los empresarios consideran que el daño está hecho. Por un lado, no habrá nueva inversión en el sector, al menos en el corto plazo, y por el otro es previsible que el gobierno utilizará todos sus medios para mantener el privilegio de la CFE en el despacho de electricidad, marginando a los generadores privados.

En aquella reunión de enero estuvieron presentes Armando Garza Sada, de Alfa; Juan Ignacio Garza, de Xignux; Eduardo Garza, de Frisa; Rogelio Zambrano, de Cemex; Adrián Sada, de Vitro; Raúl Gutiérrez Muguerza, de Deacero; Juan González Moreno, de Gruma, y Federico Toussaint, de Lamosa.

No fueron invitados el presidente de FEMSA, José Antonio El Diablo Fernández, ni el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar.

Algunos de los principales empresarios del Grupo de los 10 aseguraron que los acuerdos con el Presidente y con la 4T se diluyeron, por lo que no apoyarán a la candidata de Morena.

Los inversionistas regios comparan el sexenio de López Obrador con el de Luis Echeverría, quien gobernó el país de 1970 a 1976. En aquella época, la tendencia estatista afectó los negocios privados y generó inestabilidad económica. La ruptura del Presidente con la IP se dio precisamente con el Grupo Monterrey.

En pleno siglo XXI, la historia se repite. El Grupo de los 10 volvió a romper sus lanzas contra el gobierno.

Cae el SAT sobre Hank Rhon

En medio del enfrentamiento que públicamente han manifestado tener el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el candidato del PES a la gubernatura, Jorge Hank Rhon, al empresario dueño del Grupo Caliente le llegó este jueves una revisión sorpresa a sus 26 empresas.

Un grupo de 21 auditores del SAT, de Raquel Buenrostro, llegó a las instalaciones del Hipódromo Agua Caliente para verificar la “estancia legal de las máquinas de juego”, así como para revisar los números del corporativo que agrupa a alrededor de 6 mil 500 trabajadores y 42 establecimientos distribuidos en México.

En la revisión la Corporación Caliente deberá demostrar que está cumpliendo con la reglamentación de la Secretaría de Gobernación en materia de Juegos y Sorteos, y que los 2 mil 300 millones de pesos que el conglomerado eroga por concepto de impuestos son los que establece la ley.

Test de Covid-19 en el AICM, negocio redondo

Desde finales de enero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dirige Jesús Rosano García, puso a disposición de los viajeros tres laboratorios al interior del recinto, los cuales fueron autorizados por la Cofepris, que ahora encabeza Alejandro Svarch Pérez. Hasta ahí todo bien, pero lo que recientemente ha generado mucho ruido es que se han montado dos laboratorios, uno de la firma JLN Labs y otro de Medical Diagnostic Techniques, justo afuera de la Terminal 1 y sobre la banqueta.

En las redes sociales no se hizo esperar la petición para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se den una vuelta para corroborar si los espacios cumplen con todos los permisos de obra, así como los lineamientos sanitarios; o de plano fueron concesionados por el AICM de manera directa a un particular, pero invaden una vía federal, la cual, dicho sea de paso, está a cargo de la Guardia Nacional a través del comisario Pablo Arturo Silva.

Los primeros módulos se montaron luego de que países como Alemania, Brasil, España, Estados Unidos y Reino Unido pusieron como regla que todo viajero que entre a sus territorios deberá presentar una prueba para detección del Covid-19 con resultados negativos.

Ante esto, el AICM en coordinación con las aerolíneas echó manos a la obra para poner en marcha laboratorios que realizan el examen. El problema es que estos nuevos módulos parecen no estar regulados.