El suspendido auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael –señalado como el responsable de calcular erróneamente el costo total de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco– comparecerá este martes en la Cámara de Diputados, una reunión que será decisiva para la permanencia de David Colmenares Páramo al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero también para diversos personajes de la 4T que han sacado beneficio del peculiar estilo de trabajo del auditor oaxaqueño.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón: quiere fuera a Colmenares Páramo del órgano contralor. No obstante, al interior de Morena algunas corrientes empiezan a suavizar el discurso, en especial las cercanas al excoordinador de su bancada en la Cámara de Diputados y ahora dirigente nacional del partido, Mario Delgado.
Se dice en los pasillos de San Lázaro que la razón de un repentino apoyo hacia el auditor superior de la Federación obedece a ciertos favores que Delgado ha recibido del funcionario que hoy se encuentra en el banquillo, específicamente para solventar, o por lo menos minimizar, irregularidades detectadas en el manejo de recursos del propio Congreso de la Unión.
El líder nacional de Morena ha sido uno de los más interesados en que sean solventadas las irregularidades relacionadas con un esquema de contratación de personal bajo la modalidad de ‘freelance’, un problema que arrastra la Cámara de Diputados desde 2015, con observaciones acumuladas por posibles desvíos de más de 160 millones de pesos.
Los hechos no pertenecen al periodo de Delgado como diputado federal y presidente de la Junta de Coordinación Política, pero afectan de manera directa a su grupo político, pues la responsabilidad de los mismos recae sobre la Dirección de Comunicación Social de la Cámara Baja, encabezada en ese entonces por Oscar Argüelles Dorantes, uno de sus cercanos colaboradores.
Argüelles Dorantes despacha ahora en la Cancillería, encargado de los temas migratorios en el estado de Chiapas, específicamente con lo relacionado a asuntos de las caravanas migrantes, y responsable del manejo mediático durante el refugio que México ofreció al expresidente de Bolivia, Evo Morales.
Argüelles Dorantes operó la comunicación de la Cámara de Diputados desde el año 2012, durante la totalidad del sexenio de Enrique Peña Nieto, como resultado de un pacto entre los entonces legisladores del PRI, PAN y PRD que decidieron mantener en esa posición durante dos legislaturas al personaje también identificado con Manuel Camacho Solís.
En esos dos trienios se detectó que la dirección de Comunicación Social de San Lázaro estuvo vinculada con la contratación de más de 200 trabajadores bajo la modalidad de freelance, pero nunca se reportó a los órganos contralores alguna evidencia de las actividades que estas personas realizaron.
Adicionalmente, se descubrió que cuando la Cámara de Diputados les realizaba pagos por sus servicios y colaboraciones, estos mismos trabajadores efectuaban transferencias y depósitos a la cuenta bancaria de la empresa denominada Solution Bro Wor, S.A. de C.V., la misma relacionada con servicios de outsourcing.
Se tiene registro de que estos esquemas de triangulación de recursos se mantuvieron durante las primeras semanas de la 63 Legislatura, ya con una aplastante mayoría de Morena en la Cámara Baja, pero desaparecieron cuando el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, decidió no mantener a Argüelles en el cargo.
Datos del Censo 2020 preocupan a gobiernos locales
Ante las dudas que se han generado por el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Inegi, el cual detalla que somos 126 millones 14 mil 24 habitantes en México, se espera que el próximo 16 de marzo se publiquen los resultados complementarios, pues las cifras que dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2020, en la cual se registraron 127 millones 237 mil 648 ciudadanos, no concuerdan con los del Censo 2020.
Entre los sorprendidos por los resultados está el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, quien resaltó la ‘desaparición’ de un millón de mexicanos. Esto impacta negativamente en las finanzas públicas de los municipios y entidades federativas ya que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones federales se calculan y distribuyen considerando la última información oficial de población otorgada por el Inegi, entre otras variables.
También existen dudas metodológicas y de cobertura en el levantamiento del censo, mismo que fue suspendido en abril de 2020 debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19. Para monitorear la situación de la ocupación y empleo, el Inegi diseñó una estrategia mediante entrevistas telefónicas, a través de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). Veremos qué dicen los reportes del 16 de marzo.
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