Con el general Salvador Cienfuegos ya en México está pendiente en la misma corte de Nueva York el proceso contra Genaro García Luna. Son casos de muy diferente trascendencia, pero en el fondo son parecidos. Los fiscales, como sucedió con el general, dicen tener “miles de pruebas” en contra del exsecretario de seguridad pública, pero no las exhiben (como no querían que se exhibieran las que supuestamente tenían contra Cienfuegos), y lo que hay en el fondo de toda la acusación es un testigo colaborador, en este caso Vicente El rey Zambada, al que se sumaron otros, como Edgar Valdez La Barbie, casualmente todos detenidos durante la gestión de García Luna y quienes dicen haberle dado dinero al entonces secretario a cambio de que los protegiera, incluso sin terminar de ponerse de acuerdo sobre qué cártel en particular tendría que proteger el exfuncionario.
Lo cierto es que en México no había acusación alguna contra García Luna, más allá de que muchos eran y son críticos y adversarios políticos públicos del exsecretario, incluyendo al propio presidente López Obrador. Pero eso no lo hace un delincuente y mucho menos un narcotraficante. Las investigaciones que se realizaron en México después de su sorpresiva detención en Houston, muy similar también a la que realizaron con Cienfuegos, hablan de enriquecimiento ilícito, pero todas las investigaciones devienen de operaciones realizadas después de que García Luna había dejado el gobierno, y efectuadas con dependencias gubernamentales como la secretaría de Gobernación o el gobierno de la Ciudad de México, que podrán ser políticamente muy discutibles, pero que no sé si constituyen un delito. Pero lo cierto es que ninguna de esas investigaciones en México indican que García Luna sea un narcotraficante.
Ayer se informó que la semana pasada se emitió una orden de captura en contra de García Luna en México por el delito de enriquecimiento ilícito, unos días antes de que haya una nueva audiencia en NY en el juicio que, por cierto, aún no comienza.
Genaro se ha declarado inocente (como hizo en su momento también Cienfuegos) y está dispuesto a ir a juicio, algo que, paradójicamente, la fiscalía, la misma que estuvo tras el caso del general, no quiere. Se ha especulado que se podría pedir la extradición de García Luna para que sea juzgado en México. Es una posibilidad que suena lógica si nos basamos en el fiasco que fue la acusación contra el general Cienfuegos.
En enero pasado dijimos aquí que García Luna no estaba negociando un acuerdo de culpabilidad porque se consideraba inocente. Y la decisión de ir a juicio es también una forma de presionar, porque son muchos los interesados en que ese juicio no se realice. Pero, si no hay un acuerdo previo, la única opción que le queda al exsecretario de seguridad es ir al juicio, hacerlo lo más rápido posible y defender su inocencia ante una fiscalía que tendrá dificultades para comprobar sus acusaciones, si siguen basándose sólo en la declaración de un narcotraficante confeso y convicto.
Insistimos, como lo hicimos desde que fue detenido García Luna y meses después Cienfuegos: éste es un caso armado y ejecutado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que encabeza el procurador William Barr. El punto es central porque García Luna fue formado por las agencias de seguridad estadunidenses: tuvo cursos y formación con la CIA, la DEA y el FBI; mantuvo estrechas relaciones con el comando norte y sur de la Defensa, con el Mossad y con los organismos de inteligencia de Japón, donde vivió, durante los meses que estuvo en ese país, en la casa del jefe del mismo. ¿Por qué tendría que convertirse en un protector del narco? ¿por qué encontrarse a comer con un narco conocido en un restaurante para que allí le entreguen maletas llenas de dinero?. Es inversomíl.
Durante sus años de servicio, primero en el Cisen, durante el gobierno de Zedillo, luego en la AFI, durante el de Fox, y más tarde en la Secretaría de Seguridad Pública, con Calderón, las relaciones de García Luna con las agencias estadunidenses se estrecharon cada vez más. Llegó a tener una autorización de seguridad para acceder a información de Estados Unidos, más alta que la de cualquier otro mexicano, junto con un alto mando de la Marina. Para nadie era un secreto.
El escenario ha cambiado. William Barr, el fiscal que ha estado detrás de la desastrosa estrategia de Donald Trump de argumentar fraude en las elecciones, no sólo perderá su puesto el 20 de enero, sino que ha quedado absolutamente desprestigiado. Sus casos políticos se han caído uno tras otro, y el de García Luna es uno de ellos.
En el caso Cienfuegos se acordó, tras las dignas presiones del gobierno mexicano, regresar al general a México. No creo que la cancillería ejerza esas mismas presiones por García Luna, aunque debería hacerlo, primero porque las acusaciones en su contra son tan inverosímiles como las que se hicieron contra Cienfuegos. Y segundo, porque los hombres y mujeres que trabajaron con García Luna en distintas instancias de seguridad estadunideses y que fueron desplazados por los incondicionales de Trump, regresarán a la Casa Blanca, a la DEA, la CIA y el FBI el próximo 20 de enero.
