En unas semanas más el gobierno de la 4T emprenderá un proceso en el que no tiene experiencia alguna, y del que dependen la salud y las vidas de millones de mexicanos: la gran compra y distribución de medicamentos provenientes del extranjero, así como la adquisición de vacunas para intentar llevar a su fin la emergencia sanitaria del Covid-19.
Por lo tanto, las consecuencias de los errores que se cometan podrían derivar en responsabilidades de tipo penal, atribuibles a los encargados de operar las adquisiciones y de distribuir los insumos a lo largo y ancho del país.
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A las consecuencias de posibles denuncias de una población afectada en sus derechos básicos por la falta de medicamentos, se suman las posibles violaciones a tratados internacionales, como el TMEC, toda vez que existen lineamientos para priorizar las compras en el extranjero con los principales socios comerciales, cuyas empresas no son mayoría entre las 800 que ya mostraron interés en participar en el proceso de adquisición.
A esta megacompra también le ronda el fantasma de la corrupción, pues el manejo de más de 100 mil millones de pesos para la adquisición y posterior distribución de alrededor de 2 mil millones de piezas de fármacos estaría en manos de un grupo muy reducido de funcionarios, y bajo estándares muy endebles de transparencia.
Muchas señales confirman los temores de los expertos en el sector salud, con situaciones como robo de grandes lotes de medicamentos o vacunas, la incapacidad para otorgar al registro sanitario a productos que antes no formaban parte de cuadro de adquisiciones, las dificultades para definir y asegurar los presupuestos y señalamientos previos de corrupción al actualmente designado director de Birmex, Pedro Zenteno Santaella.
Ahí están, por ejemplo, los casos de robo de las casi 38 mil piezas de medicamentos del laboratorio argentino Kemex —los cuales ni siquiera contaban con registro sanitario de Cofepris— y de las 10 mil dosis de vacunas contra la influenza de la firma Sanofi Pasteur que sustrajeron de un camión distribuidor cuyo responsable era precisamente la firma estatal Birmex.
Se desconfía de la capacidad de Cofepris, a cargo de José Alonso Novelo, y ya no sólo por la necesidad de que autoricen en buen tiempo los nuevos medicamentos genéricos que llegarán al mercado mexicano, sino por la baja confiabilidad que tendría una autorización sanitaria que se ha prometido será automática a laboratorios que, en algunos casos, nunca han tenido presencia en el mercado mexicano.
En materia de recursos económicos, no es buena señal que el Presupuesto de Egresos de la Federación no contemple para 2021 la compra y distribución de vacunas contra el COVID-19, y que la esperanza de que esos insumos lleguen al país esté basada en un proceso de extinción de fideicomisos que aún no se ha concretado legalmente, y del cual esperan obtener unos 25 mil millones de pesos.
Tampoco da certeza que los recursos para distribución, provenientes presuntamente de 33 mil millones de pesos que le quitaron al fondo de salud de gastos catastróficos sean administrados por el exdirector Normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE, Pedro Zenteno, cercano a José Ramón Lopéz Beltrán, y quien solía manejar las millonarias compras del ISSSTE sin ningún tipo de supervisión.
Así las cosas, vaya paquete el que se echaron encima Pedro Zenteno, director de Birmex; Juan Ferrer Aguilar, director del INSABI; Zoé Robledo, titular del IMSS; Luis Antonio Ramírez Pineda, del ISSSTE, así como José Alonso Novelo, de la Cofepris.
PRI lanza jóvenes
Tras adoptar la paridad de género en las candidaturas, el PRI de Alejandro Moreno irá a las urnas en 2021 con una tercera parte de abanderados jóvenes, y parece que optará por perfiles que además del ejercicio político puedan recuperar las relaciones con la iniciativa privada para mejorar las economías locales e incentivar la inversión.
Un ejemplo de lo anterior podría ser Hugo Aguirre García, actual alcalde reelecto de Guachochi, en Chihuahua, quien aspira a competir por la gubernatura de aquel estado bajo los colores del tricolor. En su gestión se ha fomentado la creación de más de mil 900 pequeñas y medianas empresas, sobre todo dedicadas a los servicios, comercio y ganadería.