El general Salvador Cienfuegos se declarará hoy, de acuerdo con lo programado, inocente o culpable de las acusaciones que le ha formulado el Departamento de Justicia, por haber protegido al Cártel de los Beltrán Leyva y perseguido a sus narcorivales, a cambio de dinero. Uno asumiría, casi por definición, que se dirá inocente, pero el caso es tan extraño que es mejor no adelantar vísperas. Las caras oscuras del caso aparecen en la presentación de la acusación a la jueza Carol B. Amon, de la Corte Federal en Brooklyn, donde se desahogará el proceso, que menciona varios datos que brincan.
En la carta de presentación a la jueza, el fiscal interino Seth D. DuCharme, dijo que Cienfuegos fue responsable, al menos indirectamente, del asesinato de un líder de la organización que estaba en la cárcel, que “incorrectamente” pensaron que era informante de la DEA. Según DuCharme, el asesinato fue consecuencia de haber advertido al entonces jefe del cártel, Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado El H-2, que había una investigación en Estados Unidos contra la organización. ¿Quién fue ese líder de los Beltrán Leyva que fue asesinado en la cárcel?
No hay registro público de ningún líder asesinado en el periodo en que el general Cienfuegos fue secretario de la Defensa, pero sí es público que Héctor Beltrán Leyva, quien asumió la jefatura de la organización tras el abatimiento de su hermano Arturo en diciembre de 2009, murió el 19 de noviembre de 2018 dentro de la prisión de máxima seguridad en el Altiplano, de un infarto, según el parte de las autoridades. Beltrán Leyva, detenido por el Ejército en octubre de 2014, era el financiero de la organización y quien pagaba los sobornos, de acuerdo con funcionarios federales.
Su muerte, si se siguiera la lógica de la mafia de no dejar cabos sueltos, cerraba los vínculos de la organización con el general Cienfuegos, toda vez que en febrero de 2017, el año en que dice el Departamento de Justicia cesó el apoyo del exsecretario de la Defensa al Cártel de los Beltrán Leyva, Patrón Sánchez, fue abatido en Nayarit por la Marina. Siguiendo esta hipótesis de trabajo, el general Cienfuegos podría haber pensado que sin ellos dos vivos, su participación con esa organización, estaba blindada.
La carta de DuCharme señala a la jueza Amon que el general Cienfuegos ayudó a que salieran de la cárcel miembros de la organización criminal. No fue así con Héctor Beltrán Leyva, el más prominente de ese cártel en prisión. Incluso, de acuerdo con funcionarios federales, pocas semanas antes de que fuera extraditado a Estados Unidos Alfredo Beltrán Leyva, detenido en 2008, buscó hablar con su hermano recientemente capturado, pero el general Cienfuegos se lo impidió.
Si el infarto de Beltrán Leyva no fue tal, sino un asesinato, como siembra la duda DuCharme, los problemas para el general Cienfuegos con el narcotráfico tomarían otra dimensión –al considerarlo un traidor– tras la afirmación contenida también en su carta a la jueza, de que en las conversaciones telefónicas interceptadas al exsecretario de la Defensa con Patrón Sánchez, hablan de la colaboración que había tenido el militar antes con otras organizaciones criminales. En la suma de incidentes, la lógica criminal llevaría mecánicamente a pensar que lejos de ayudar al cártel, lo habría entregado a sus rivales.
Abatido el entonces líder del cártel, a dos semanas de que terminara su gestión, Cienfuegos quedaba sin protección criminal y sin escudo con el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, quien había desoído sus dos recomendaciones para relevarlo al frente de la Secretaría de la Defensa, y se había inclinado por el general Luis Cresencio Sandoval, el vigésimo segundo de los 23 generales de tres estrellas con posibilidades de ser nombrados titulares de la cartera, por ser quien en esos niveles, tenía menos compromisos adquiridos internamente.
Siguiendo esta línea de pensamiento, el general Cienfuegos quedaba desprotegido políticamente, con un secretario de la Defensa que tampoco iba a hacer nada por él si comenzaba a romperse el frágil equilibrio entre su tranquilidad y la posibilidad de ser llevado a juicio en México, lo que comenzó a ventilarse recientemente al anunciar el presidente López Obrador que había militares en retiro que iban a ser procesados por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin sugerir al alto mando, la imputación de López Obrador y el contexto de cómo la Fiscalía General actúa sin filtros, conduciría al exsecretario.
El periodo que señala el Departamento de Justicia de su colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva incluye la noche en que desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, uno de los siete municipios de la Tierra Caliente de Guerrero de donde sale 49 por ciento de la heroína hacia Estados Unidos, y cuyo trasiego es uno de los delitos que le imputan al general. Los normalistas, coinciden los gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador, fueron víctimas de un crimen derivado de la confusión de Guerreros Unidos que pensaron que los estaban atacando sus narcorivales Los Rojos –los dos, escisiones de los Beltrán Leyva.
Analizada la situación política –por la posición de López Obrador– y de seguridad en México –porque de ser cierta la acusación del Departamento de Justicia, sin el poder y debilitado, podría ser objeto de una narcoejecución-, queda la duda de si el general Cienfuegos, de 72 años y con un futuro totalmente incierto, fue detenido en Los Angeles la semana pasada o fue una entrega pactada. No había viajado a Estados Unidos desde marzo del año pasado, y llegó acompañado de su esposa, sus hijas y nietas, que podrían quedarse en ese país, con seguridad y menos intranquilidad política. El proceso apenas comienza y vendrán sorpresas, que es lo único que tenemos de cierto de este nuevo caso.
