Fue un jueves negro el del 17 de octubre de 2019, Ovidio Guzmán, el hijo del capo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, fue capturado por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y dejado en libertad por orden presidencial, bajo el argumento de no poner en riesgo a la población de Culiacán, Sinaloa, ante la amenaza de una reacción violenta del cártel si el detenido no era puesto en libertad.
En aquella ocasión la detención de Ovidio respondía a una petición por parte de Estados Unidos, la agencia antidrogas de aquella nación, la DEA, había proporcionado información con el fin de que las fuerzas mexicanas capturaran al presunto narcotraficante.
El pasado jueves 15 de octubre, nos hacen ver, también fue un jueves negro. La DEA detenía en Los Angeles, California al exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de dinero.
A diferencia del anterior jueves, esta vez la DEA no dijo ni una sola palabra al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Justo un año después del fracaso de Ovidio, la DEA obtiene lo que para ellos significa una detención mayúscula. Hay quienes se preguntan si la agencia antidrogas está vez no compartió la información para evitar una frustración como la que se vivió con Ovidio.
Algunos ven la detención del general como una coincidencia por la cercanía, por horas, con el culiacanazo. Otros ven una venganza puntual de la DEA.
