Un conflicto entre el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, y el periodista Héctor González García, conductor de la televisión local, fue atraído por la Suprema Corte de Justicia y podría convertirse en el factor que establezca los límites de la comunicación institucional de los gobernantes cuando se refieren a la labor periodística.
González García denunció por amenazas a Cabada Alvídrez luego de que ambos se encontraron en el estacionamiento de un restaurante en Chihuahua, ciudad a la que habían acudido para presenciar el informe del gobernador Javier Corral.
De acuerdo con el periodista, el presidente municipal –quien saltó a la política desde los medios de comunicación– trató de golpearlo y lo amenazó, aparentemente molesto por los comentarios de aquél respecto de la manera en que el ayuntamiento ha otorgado contratos de comunicación social al canal 44 de Ciudad Juárez, propiedad de su familia.
“Cometí el error de saludarlo cuando nos cruzamos”, me dijo González García, en conversación telefónica. “Cuando se dio cuenta de que era yo, me empezó a insultar y me amenazó con partirme la madre. Sus guaruras se lo acabaron llevando, pero uno de ellos me puso la cacha de la pistola en el costado y me dijo que me anduviera con cuidado”.
La denuncia interpuesta por González García no prosperó. El juez alegó que era la palabra del alcalde contra la suya y que no había pruebas.
Sin embargo, antes de que saliera el fallo, Cabada convocó a una conferencia de prensa para hablar del caso. Admitió que ambos que se habían encontrado y que él había sido presa de sus emociones.
“Por supuesto que le reclamé”, aceptó. “Le dije que era un mentiroso, un difamador, que se había dedicado a tergiversar la información en relación con su servidor. Claro estoy que no se lo dije en los mejores términos, pero jamás de mi boca salieron amenazas, mucho menos de muerte. Lo único que me motivó fue la emoción de tantos años de estar escuchando a este sujeto”.
Con base en lo dicho en la conferencia, González denunció a Cabada por daño moral. Perdió el caso en dos instancias. “El magistrado estatal que revisó el fallo alegó que yo no había acreditado tener calidad moral”, me relató González.
Sin embargo, en tercera instancia, el caso fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte. Junto con él, la queja presentada por Cabada por la negativa de los jueces de obligar a González a cubrir el costo de sus abogados. Como ponente fungirá el ministro Juan Luis González Alcántara.
La discusión se centrará en “establecer parámetros” que permitan a los juzgadores “resolver asuntos en los que se vean involucradas expresiones o actos de comunicación de personas servidores públicos cuyo objeto sea la labor periodística o la manera en que la desarrollan quienes se dedican a ello”, informó la Corte la semana pasada.
Al justificar la atracción del caso, la Sala dijo que implica “la solución de cuestiones relevantes” que “impactarían directamente en la materia de derechos humanos, pues servirían de parámetro para plasmar doctrina en torno de si las personas servidoras públicas tienen libertad de expresión”.
Asimismo, buscará establecer si una autoridad puede llegar a inhibir la libertad de expresión cuando habla sobre un comunicador y su actividad.
No hace falta pensar mucho para entender la enorme trascendencia de lo que decidirá la Suprema Corte en relación con el trabajo periodístico.
Con mucha frecuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido en tono despectivo a periodistas y medios de comunicación desde sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Al hacerlo, ha argumentado que ejerce su libertad de expresión y su derecho de réplica.
Esto, incluso, ha llevado a varios de sus subalternos, así como a autoridades estatales y municipales, a hacer lo mismo.
Vale la pena que se defina, de una vez por todas, qué puede decir y no decir una autoridad en relación con la labor de los periodistas, cuya revisión de la actuación de las autoridades es fundamental para preservar la democracia y el Estado de derecho.