No, señor Presidente, México no fue un narcoestado como usted lo aseguró ayer en la mañanera, refiriéndose al gobierno de Felipe Calderón. México tampoco es hoy un narcoestado, pese a que durante la actual administración hay tantos muertos y violencia como en los dos sexenios pasados.
¿Qué es un narcoestado? No existe una definición precisa, pero se dice que existe un narcoestado cuando las instituciones políticas de un país se encuentran influenciadas o controladas por el narcotráfico y cuando sus dirigentes desempeñan, simultáneamente, cargos como funcionarios públicos y, al mismo tiempo, son miembros de las redes de tráfico de drogas. En la comunidad internacional se consideran sólo a unos pocos países como narcoestados: Afganistán, Guinea Bisseau, Kosovo y, para el gobierno de Estados Unidos, también Venezuela. En realidad, ni siquiera Colombia en los tiempos de Pablo Escobar fue un narcoestado, aunque estuvo cerca de serlo.
Por supuesto que ha habido, y hay, casos de funcionarios coludidos e integrantes del narcotráfico. También hay regiones del país donde el control del crimen organizado es evidente, pero ni la mayoría de los funcionarios (ni en los pasados sexenios ni en el actual) son parte del narcotráfico ni tampoco las instituciones están tomadas por éste. Es más, en el caso del propio exsecretario de seguridad, Genaro García Luna (el cual citó el Presidente), quien está detenido en Estados Unidos con acusaciones que no son en absoluto claras —su proceso ni siquiera ha iniciado formalmente—, no se le puede considerar ya culpable. Tampoco a sus colaboradores, como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, en una vinculación en la que pareciera que la fiscalía de Nueva York quiere fortalecer el caso incluyendo nuevos personajes para darle cuerpo a una acusación que se ve endeble.
Es lamentable, por cierto, que el gobierno federal decida hacer una limpia de todos los que trabajaron en esas áreas con cierta cercanía con esos funcionarios, primero porque no se respeta siquiera la presunción de inocencia; segundo, porque no existe condena alguna respecto a los acusados; tercero, porque en México no existen averiguaciones previas sobre los despedidos; y cuarto, porque haciendo tabla rasa, se está acabando con toda una generación de funcionarios de seguridad e inteligencia que se formaron durante años, décadas, y que sería injusto y poco serio generalizar calificándolos a todos como corruptos.
Los índices de violencia tampoco ayudan a esa definición. Hoy hay más muertos que durante el gobierno de Calderón o de Peña Nieto, puede haber una estrategia peor o mejor de seguridad, pero eso no convierte a México en un narcoestado. Las instituciones no son parte del narcotráfico, no lo es el Presidente ni sus principales funcionarios ni el congreso ni el poder judicial. Ni los mandos militares. No lo fueron en los pasados sexenios y no lo son ahora. No tenemos, como en Venezuela, al narcotráfico dirigido desde el palacio de Miraflores o desde la cúpula militar.
Decir que México fue un narcoestado puede ser publicitariamente útil, pero las palabras son muy poderosas, hay que tener cuidado en cómo se utilizan. Si el México del pasado inmediato fue un narcoestado, también podría serlo en el presente, porque en el ámbito de la seguridad no han cambiado mucho las cosas, más bien, al contrario. Y los costos de esa definición pueden ser altísimos en el terreno diplomático, económico, comercial y de seguridad. Insisto: no juguemos con las palabras. Un Presidente representa a un país, no es un candidato opositor en campaña.
manifestaciones
Ayer el presidente López Obrador despreció la manifestación de médicos y personal sanitario que pedía la liberación del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca. La comparó con las que él hacía en el Zócalo y sostuvo que estaban sobredimensionadas por los medios, que él los había visto desde la ventana de Palacio Nacional y que no eran más de cien manifestantes.
Muchos o pocos, lo cierto es que esas manifestaciones quieren evitar una injusticia y fueron más generalizadas que lo que vio el Presidente desde su ventana. El domingo, manifestantes marcharon en varias ciudades chiapanecas, así como en la Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Guerrero y otras seis entidades para exigir la liberación del médico Grajales Yuca, exjefe de urgencias y medicina crítica del hospital de especialidades Vida Mejor, de Tuxtla Gutiérrez, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. El médico fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad luego de que Karen Alejandra Ramírez Molina lo acusara de solicitarle medicamentos (que no había en la clínica) para atender por covid-19 a su padre, Miguel Arturo Ramírez López, un exdiputado local y amigo de las actuales autoridades locales, quien falleció de covid.