La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció que a seis años del desastre ecológico ocasionado por el derrame de desechos tóxicos de la mina Buenavista del Cobre –propiedad de Grupo México–, en los ríos Sonora y Bacanuchi, la empresa no ha resarcido los daños y sigue siendo beneficiaria de proyectos del gobierno.

La agrupación civil acusó que, a pesar del cambio de gobierno y de las expectativas e ilusiones que generó la llamada Cuarta Transformación, la empresa de Germán Larrea Mota Velasco no ha sido emplazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a entregar cuentas y sí, en cambio, se le ha autorizado para construir una nueva presa de jales en Bacanuchi y un acueducto de 11 kilómetros de extensión para llevar agua desde la Caballera hasta las instalaciones de Grupo México.

El 6 de agosto de 2014, precisó, Grupo México derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora, en la región centro-norte del estado de Sonora, causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, la contaminación permanente del río y una incalculable afectación al sector productivo y económico de la región.

De acuerdo con REMA, después del derrame que afectó a más de 24 mil personas que habitan en los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, y quienes utilizaban el agua para beber, así como para la agricultura y ganadería, la empresa prometió la limpieza del agua y el río a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras, además de la formación de un fideicomiso y la construcción de un hospital que atendería a las personas dañadas por el derrame.

Sin embargo, actualmente el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora que deja de funcionar por largos periodos; el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción que involucraron a un primo de Larrea e integrante del consejo de administración de Grupo México, y el hospital quedó inconcluso, por lo que Larrea decidió ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional.

Hasta el momento –abundó– los agricultores y ganaderos de los siete municipios del río Sonora que fueron afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, mientras que las personas dañadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales.

Por otra parte, REMA resaltó que continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi, a pesar de que en 2019 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, mientras que “las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada”.

De igual manera, recordó que en los últimos 20 años Grupo México y sus filiales han provocado por lo menos 22 accidentes ambientales –14 en México–, como la tragedia de Pasta de Conchos y otros más, con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España.

A lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales persisten huelgas de trabajadores debido a las violaciones de derechos laborales que han sufrido a lo largo de los años.

“Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio”, afirmó la REMA, y agregó que el empresario “sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno”.

Ha sido desolador “escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la República ante Larrea y su operador central, el empresario Alfonso Romo”, dijo, y catalogó como desilusionante “la actuación calculada y negociadora del secretario de Medio Ambiente”.

Finalmente, exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dé cárcel al empresario Germán Larrea Mota Velasco, así como a sus cómplices; la incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, y empezar a resarcir los daños ambientales que ha ocasionado.

“Ante la persistencia de impunidad: ¿qué hace diferente a la 4T de los gobiernos anteriores?”, concluyó.