Nada daña más la relación del presidente López Obrador con muchos sectores de la sociedad que los despropósitos de los miembros más radicales de su entorno, desde los que quieren imponer normas arrendatarias absurdas hasta los que quieren quedarse con los recursos de las afores. Son personajes que, en realidad, trabajan para acumular ellos mismos poder (y parece que también propiedades), quienes no tienen problema alguno en boicotear las decisiones presidenciales, los procesos de selección institucionales, a otros compañeros de partido y de gobierno.
Pocas cosas ejemplifican mejor esa ambición desmedida que lo ocurrido con la selección de los 20 aspirantes a ocupar cuatro posiciones en el consejo general del INE.
Como lo indica la ley, se conformó un comité técnico autónomo aprobado por el Congreso. Ese comité de siete miembros deliberó durante semanas, buscando los mejores perfiles, entre el centenar de personas que se inscribieron para buscar esas posiciones. El comité privilegió la selección de mujeres y hombres con amplio conocimiento, federal y local, de los procedimientos electorales. Se optó por 20 aspirantes (diez mujeres y diez hombres) distribuidos en cuatro quintetas para que los diputados escogieran un consejero de cada una de ellas. La votación se dio casi por unanimidad. El que rompió esa unanimidad fue el consejero más controvertido y quien muchos consideraron no debía ser parte de ese consejo técnico por ser, precisamente, juez y parte del proceso: John Ackerman, esposo de la secretaria Irma Eréndira Sandoval y ferviente partidario del ala más radical de Morena. Lo hizo, además, protestando en forma pública cuando, al final, no salió elegida una colaboradora suya y de su esposa.
El berrinche de Ackerman, al que se sumó el ala dura de Morena y el PT, encabezado por la impoluta Dolores Padierna, se dio porque quieren un Instituto Nacional Electoral a su imagen y semejanza. Argumentan que en los elegidos no hay perfiles “que defiendan a la 4T”, cuando, precisamente, lo que se buscaba es que no hubiera “ni cuates ni cuotas”, como tantas veces se había reclamado. Pero ellos quieren las dos cosas, quieren cuates como Diana Talavera, rechazada por la relación personal y militante con Irma Eréndira Sandoval, con su hermano Pablo, quien busca ser candidato de Morena en Guerrero (al que también, como a su hermana y cuñado, le surgen tantas nuevas propiedades como al nopal) y con Ackerman, y también quieren cuotas: que los cuatro consejeros sean suyos, de Morena, simpatizantes o militantes de la Cuarta Transformación.
El INE es y debe seguir siendo un órgano autónomo. Una de las deficiencias en los últimos procesos de selección era que, elegidos los consejeros en la cámara de diputados por los propios partidos, solía haber mujeres u hombres cercanos o avalados por una fuerza política, distribuidos de acuerdo al peso de cada una de ellas. Con todo, se debe destacar que el Instituto Nacional Electoral, con aciertos y errores, nunca perdió el perfil de una institución ciudadana, seria y respetada por la mayoría de los mexicanos.
La decisión de formar un comité técnico especializado que eligiera, por sus capacidades y experiencia, a los aspirantes a nuevos consejeros nació para subsanar aquello de los cuates y las cuotas. Y lo hicieron en esta primera experiencia bien. Privilegiaron a expertos sin relación directa con opciones partidarias, en muchos casos con fuerte participación en el ámbito local.
También hay perfiles altamente especializados, como el de Carla Humphrey, una de las principales especialistas en temas de lavado de dinero y financiamiento ilegal, sin duda el mayor desafío que enfrentan nuestros procesos electorales.
La pretensión de Ackerman y de los diputados que siguen a Dolores Padierna de reventar el proceso es una demostración de intolerancia y uso faccioso del poder.
Lo que quieren es regresar a 1988, cuando “se cayó el sistema”, con una Comisión Federal Electoral, presidida y dirigida por la secretaría de Gobernación y con partidos que sólo podían tener voz y no voto. Incluso ya tienen allí a quien entonces la encabezaba, Manuel Bartlett.
No creo, sería una descalificación por adelantado de las próximas elecciones que Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, acepte esas presiones totalitarias. Delgado sabe, además, que descalificar el proceso de selección lo único que haría sería llevarlo a la Suprema Corte de Justicia, la cual decidiría al respecto. Sabe, también, que esta rebelión tiene otros objetivos, como tratar, en contra de lo que estipulan las reglas electorales y el propio TRIFE, de quedarse con la dirección de Morena a como dé lugar. Ése es el verdadero objetivo de estos personajes, que saben que cuanto peor se pongan las cosas, mejor será para ellos.
