Personeros de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, han asegurado a fiscales mexicanos tener pruebas que exhiben a Enrique Peña Nieto ordenando directa y personalmente, a finales de 2013, la compra de un complejo industrial en ruinas, que encabezaba la compañía “Agronitrogenados”.
Fuentes cercanas a la extradición de Lozoya a México dijeron a este espacio que sus representantes han sugerido que en una grabación recabada el entonces funcionario recoge dicha directriz, la cual habría sido emitida bajo el argumento de que un compromiso del llamado “Pacto por México” obligaba a disminuir la importación de fertilizantes. Ello, sin embargo, han dicho los representantes del entonces funcionario, se basaba realmente en pactos con el consorcio brasileño Odebrecht, establecidos desde tiempos de la campaña electoral peñista.
A través de una filial de PMI Comercio Internacional, a su vez filial de Pemex, Lozoya realizó un pago de 275 millones de dólares por el referido consorcio el 20 de diciembre de 2013. No consultó, sino apenas informó de ello al Consejo de Administración de la petrolera. A casi siete años de distancia, el complejo “Agronitrogenados”, establecido en el sur de Veracruz, no produce un solo gramo de fertilizantes. En consecuencia, la operación efectuada presuntamente por orden presidencial fue un fraude al erario federal.
De confirmarse con pruebas sólidas, tal caso puede ser el único en el que Lozoya pueda implicar directamente a su superior absoluto, el entonces Presidente de la República, y abrir con ello la posibilidad de un proceso judicial insólito en la historia moderna del país. El único antecedente —como bien me aclaró un acucioso lector— es el juicio por la llamada “guerra sucia” contra el expresidente Luis Echeverría, entre 2006 y 2009, que lo llevó a una prisión domiciliaria antes de su exoneración definitiva.
Según juristas consultados, el nuevo sistema penal acusatorio ofrece a imputados como Lozoya el llamado “criterio de oportunidad”, que les permites acusar a otros implicados en sus presuntos delitos, siempre y cuando sean de una jerarquía superior y puedan aportar evidencias concretas. El propio fiscal federal, Alejandro Gertz, ha declarado sobre este caso: “No se trata solo de acusar…hay que probar”.
Rosario Robles, extitular de Desarrollo Social, y de Desarrollo Territorial con Peña Nieto, cumplirá un año encarcelada por el caso de la “Estafa Maestra”. Ella ha fracasado al solicitar recursos de “criterio de oportunidad” porque pretende implicar únicamente a subordinados. Su alternativa sería aportar pruebas contra el entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, o de Peña Nieto mismo.
La verdadera relevancia de la extradición de Lozoya Austin a México deberá estar radicada en la confirmación del flujo de sobornos hacia el primer círculo de Peña Nieto desde su campaña presidencial. Los superiores de Lozoya desde esa época fueron, además de Peña mismo, Luis Videgaray, financiero de la campaña y luego dos veces secretario, de Hacienda y de Relaciones Exteriores.
Un ciclo de señalamientos sobre actores de esa época, entre ellos legisladores, dirigentes de partidos o actuales gobernadores debe ser bienvenido si se sigue el mismo criterio: que a los dichos los sigan pruebas y testimonios irrefutables.
Colombia, Brasil y España han dado ejemplo de cómo los llamados “maxiprocesos” sanean democracias completas. “Lava Jato” (lavado exprés), bautizó al suyo la justicia brasileña. Eso es lo que México necesita. Pero acusaciones sin pruebas, o pruebas sin personajes llevados ante la justicia, trascenderá como un recurso desesperado para restaurar la maltrecha popularidad del gobierno López Obrador de cara a las elecciones del próximo año, o como una cortina de humo frente a las crisis sanitaria y económica. Estaríamos entonces solo ante un circo, una “maxifarsa”.
Apuntes:
Roberto Gil Zuarth, operador político clave durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, ha navegado con bajo perfil, pero sigue activísimo, como lo demuestran no solo sus gestiones ante el caso Lozoya, sino su cabildeo en San Lázaro por la próxima designación de nuevos consejeros electorales en el INE, buscando bloquear a varios aspirantes, en particular a Carla Humphrey, y no solo por resquemores personales. El es socio de un despacho que, entre otros, litiga asuntos electorales.
