Emilio Lozoya regresó a México en calidad de “testigo colaborador” (algo así como la figura gringa de testigo protegido), según palabras de López Obrador, pronunciadas ayer en la mañanera. El exdirector de Pemex va a “cantar” lo que sabe sobre los millonarios sobornos de Odebrecht y la estafa que resultó de la venta inflada de Agronitrogenados, a cambio de impunidad.

No sabemos el alcance del acuerdo al que llegó con las autoridades de la 4T. ¿Retiro de los cargos por los que fue extraditado? ¿Rebaja de pena? ¿Exoneración de su familia? No hay información oficial, pero lo veremos.

Los analistas coinciden en señalar que en la mira de Lozoya están diputados de oposición que “vendieron su voto” a favor de la Reforma Energética, en 2013. Otros hablan de Luis Videgaray, secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado, con quien Lozoya tuvo serias diferencias que llevaron a su salida de la dirección de Pemex. El expresidente Peña Nieto aparece en columnas, artículos, charlas de mesa, cuando se aborda el tema de la extradición voluntaria de Lozoya.

Pero a López Obrador, honestamente, no se le ve ganas de procesar a su antecesor. Se lo preguntaron en la mañanera de ayer, celebrada en Manzanillo, Colima.

En su respuesta, el Presidente recordó su compromiso de que, si el pueblo lo pide en consulta popular, enjuiciará a los expresidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón o Peña. Pero aclaró que, de llevarse a cabo esa consulta, él votaría en contra de que se les procesara. “Lo he dicho porque creo que no debemos de anclarnos en el pasado”, señaló.

La postura del Presidente es determinante. Para sus incondicionales, que son muchos, su palabra es ley.

Es decir que, si en la melodía que toque Lozoya sale el nombre de Peña Nieto, muchos seguirían la línea del hombre de Palacio.

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Fueron horas de confusión las que siguieron a la llegada del exdirector de Pemex. Misterio a dónde lo llevaron. Unos lo ubicaban en el Reclusorio Norte, otros en un hospital. Alfonso Durazo aclaró ayer, basado en el reporte de la Fiscalía General, que llegó al Reclusorio Norte, pero que fue trasladado, inmediatamente después, a un hospital.

Le detectaron “anemia desarrollada”, un extraño diagnóstico que llevó a muchos a preguntarse, con ironía, si en España no le daban de comer. Hay reportes, procedentes del país europeo, en el sentido de que Lozoya nunca notificó problemas de salud durante su encierro de más de cinco meses.

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Sara Lovera es una experimentada periodista que formó parte del Comité Técnico de Evaluación que eligió las cuatro quintetas (dos de hombres, dos de mujeres) de aspirantes a consejeros del INE. La buscamos para que nos explicara las razones que llevaron al académico John Ackerman a descalificar el trabajo del Comité.

De acuerdo con su relato, el académico hizo una defensa “irracional” de la aspirante Diana Talavera.

La otrora aspirante al Consejo General del INE no sólo trabaja con Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública y esposa de Ackerman, sino que también hay múltiples pruebas de que pertenece al grupo de René Bejarano.

“En el Comité nos pusimos una regla: conflicto de interés no participa”, sintetizó Lovera.

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Luego de conocerse la licencia de la priista Vanessa Rubio corrieron versiones de que Nancy Sánchez, su suplente, es cercana al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y que se había incorporado a Morena. Miguel Osorio, coordinador de la bancada del PRI en el Senado ya platicó con ella en un par de ocasiones para definir su situación. “Estoy autorizado a decir, en su nombre, que renunció al PRI, pero que no ha manifestado intención de incorporarse a otro partido o fracción parlamentaria”.

Siguen en pláticas para determinar si se incorpora o no a la fracción tricolor.

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De la Ciudad de Chihuahua nos llegó un SOS. Es de Plaza Galerías, un centro comercial concebido como cooperativa. En su interior operan 70 negocios que emplean alrededor de 500 personas. Llevan cuatro meses cerrados. La pasan muy mal. En Chihuahua las autoridades locales han definido un curioso sistema de semáforo autónomo que permite la apertura a algunos comercios, pero a otros no.

La demanda concreta es que se les permita, como ocurre en muchas ciudades del país, un flujo de 25% de clientes para sobrevivir, cuando el semáforo esté en amarillo.